Las torpezas de una opositora

Hay quienes en el mundo de la política prefieren vivir con rencor y resentimiento. Ese es el motor que los impulsa a seguir. Los adversarios son los mejores blancos para recordarles esas emociones. En la actual gestión de la BUAP, a cargo de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, es difícil encontrar sorpresas que lleven a denuncias por corrupción, excesos, mal uso de recursos, ineficiencia y mucho menos de cerrazón o poca apertura. Tener a la investigadora en biología molecular como jefa del gobierno universitario hace que la oposición no tenga muchos caminos por dónde transitar. Es ahí donde aparece María del Socorro Guadalupe Alicia de la Inmaculada Concepción Grajales y Porras, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidad “Alfonso Vélez Pliego” y antigua contrincante de Lilia Cedillo en la lucha por la rectoría. Un vistazo rápido al pasado reciente nos recuerda que la primera no logró siquiera aglutinar el voto de su propia unidad, mientras que la segunda obtuvo una votación casi unánime para que llegara a tomar las riendas de una casa de estudios que se encontraba sumida en una sus peores crisis. Mientras Lilia Cedillo representaba para la comunidad universitaria un cambio ordenado, conciliador e inteligente, doña Guadalupe no pudo nunca quitarse el tufillo de su familia postiza y caciques del instituto ponchito: Los Vélez Pliego. Ahora que la rectora no sólo logró que, junto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se inicie la construcción de la Ciudad Universitaria 2 —un proyecto con un costo de mil 200 millones de pesos—, sino también impulsar la ambiciosa y necesaria reforma a la Ley Orgánica de la BUAP, cuando aparecen los fantasmas del pasado. En la Comisión Permanente del Congreso del Estado fue leído un documento enviado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que daba cuenta que decidió interponer una acción de inconstitucionalidad debido a que uno de los requisitos para acceder al cargo de rector es no contar con antecedentes penales. Para el organismo —que desde hace varios años se ha convertido en el circo de los odios y rencores, así como en el aparato faccioso que responde a esa carpa— el hecho de alguien haya compurgado la pena que se le imputaba es razón suficiente para saber que su deuda con la sociedad ha sido pagada, por lo que establecer ese requisito es violatorio de sus derechos humanos. Al conocerse el recurso, todos los ojos voltearon hacia la oficina de la candidata perdedora a la rectoría, a quien le achacan ser la mano que mece la cuna en la trama. ¿Hasta dónde llegará esta intentona de risa? A muy poco. Pero demuestra que en estos tiempos es difícil ser oposición ante una rectora cuyo estilo no estaban acostumbrados.