El Congreso de Puebla aprobó reformas para castigar hasta con cuatro años de prisión a las instituciones que operen como anexos y clínicas de salud mental sin contar con los permisos correspondientes.
En sesión de comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, el proyecto de dictamen de la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para adicionar el artículo 258 Bis del Código Penal del Estado fue aprobado por unanimidad de votos.
Sin embargo, la reforma quedó inconclusa debido a que se reservaron las reformas a la Ley Estatal de Salud y Ley Estatal de Salud Mental de Puebla, ya que se requieren consultas a personas con discapacidad y de pueblos indígenas para que estas cuenten con un sustento constitucional.
La propuesta de reforma al Código Penal local plantea que se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien preste servicios de atención a la salud mental y adicciones en un establecimiento, sin cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable.
Asimismo, a propuesta de la presidenta de la Comisión de Salud, Azucena Rosas Tapia, se adicionó un párrafo para castigar con la misma pena “al responsable o encargado del establecimiento en que se presten servicios de salud mental o adicciones sin contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como el registro de instituciones especializadas ante el Comité Nacional Contra las Adicciones”.
La diputada del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, señaló que esta reforma abonará para frenar los abusos que se cometen en los centros de atención a la salud mental que no cumplen con la normatividad respectiva y que incurren en abusos en contra de los jóvenes.
“Se tiene que regular desde la perspectiva clínica y de la psicología, creo que mucho nos puede abonar a la sociedad sobre todo cuando estamos hablando de administración de justicia el hecho de que no se cumpla con los estándares que dicta la ciencia al respecto, justo por ello y en atención a esa prevención de muchas otras situaciones o delitos que se pueden cometer a veces en establecimientos cuando no se cuenta con las normas de los profesionales”.
La diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia cuestionó al área jurídica las razones por las que no se incluyó en el proyecto de dictamen las reformas a la Ley Estatal de Salud y Ley Estatal de Salud Mental de Puebla que incluía la propuesta del gobernador Barbosa Huerta.
Al respecto, el área jurídica aclaró que para reformar dichos ordenamientos se requiere realizar consultas a personas con discapacidad y originarias de pueblos indígenas, por lo que se decidió reservas dichas reformas.
