Luego de que el Ayuntamiento de Puebla demostró total desprecio hacia los derechos de las mujeres y libertad de prensa durante la marcha del 8M, la fracción de Morena en el Cabildo de Puebla solicitará la revocación del mandato del presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, así como de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo.

A través de un comunicado, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, de Morena, adelantó que solicitarán dicha revocación en razón de que fueron violadas las garantías individuales y sociales de las personas que participaron en la marcha de este viernes con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La solicitud estará respaldada por el artículo 59, fracción I de la Ley Orgánica Municipal, para solicitar al Congreso del estado la revocación del presidente municipal Adán Domínguez Sánchez, impuesto en el cargo por el actual candidato de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

El morenista, además de señalar la brutalidad de la policía municipal, recordó que esta no es la primera ocasión que el gobierno municipal intenta disuadir una protesta legítima, toda vez que el año pasado, la SSC también amedrentó a pobladores de la junta auxiliar de La Resurrección y tomaron preso al entonces edil subalterno, Adolfo Pérez.

Esta solicitud será presentada por los regidores Carmen María Palma Benítez, Elisa Molina Rivera, Araceli Caselin Espinoza, Ángel Rivera Ortega, Ernesto Aguilar Cabrera y Leobardo Rodríguez Juárez.

Durante la protesta, el Ayuntamiento de Puebla reprimió y detuvo a dos mujeres. Una de ellas fue Michel Romero Sánchez, joven que  fue rodeada por alrededor de 20 elementos de la corporación sobre la calle 3 Oriente del Centro Histórico sin explicarle el motivo de la detención. Momentos después fue liberada, aunque adelantó que por los hechos presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

En videos también fueron documentadas agresiones a reporteras, tal es el caso de Fernanda Escobedo de e-consulta, Anahí Valdez de Reto Diario, y Bibiana Díaz de El Sol de Puebla quienes fueron agredidas, recibiendo gas de extintor en los ojos y agua mientras cumplían con su labor informativa.

En tanto, también se reportaron agresiones a el reportero de Ángulo 7, Edgar Guzmán, que fue rodeado por policías y aventado hacia una cortina de metal, mientras que el fotógrafo Jafet sufrió jaloneos y manotazos mientras grababa la detención de una mujer.

En la protesta, el Ayuntamiento de Puebla emitió la orden de utilizar polvo de extintor contra las mujeres que protestaban en Palacio Municipal luego de que intentarán derribar una valla.

La confrontación entre policías municipales y colectivos feministas en el Zócalo dejó como saldo una niña lesionada que sufrió una caída cuando las manifestantes, en respuesta a las agresiones de los uniformados, tiraron parte de la estructura metálica que resguardaba el Palacio Municipal.

Ante estos hechos, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina condenó cualquier forma de violencia e intimidación y expuso que se debe salvaguardar el derecho a la libre manifestación.

Por tanto, manifestó que desde la Secretaría de Igualdad darán seguimiento a todos los casos de agresiones cometidas tanto a contingentes como a medios de comunicación y público en general que fueron afectados por los hechos violentos dirigidos por la SSC.

Comuna se deslinda

El comunicado del Ayuntamiento de Puebla respecto a los incidentes durante la marcha del 8 de Marzo presentó una narrativa que buscó deslindar la responsabilidad municipal de la violencia, al señalar a “personas ajenas” como los causantes.

Según el Ayuntamiento de Adán Domínguez, la problemática fue reducida a un presunto grupo infiltrado que provocó desmanes y vandalismo a la infraestructura municipal, dejando dos personas detenidas.

“Reprobamos que personas ajenas a este movimiento se hayan infiltrado, con el único propósito de generar una situación de tensión. Los actos vandálicos no representan de ninguna manera a las miles de participantes que marcharon de manera pacífica, y este grupo de desestabilizadores no representan el movimiento”, señalaron en la misiva.

El escrito expone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo supuestamente para “resguardar a las participantes de los diversos contingentes”, no obstante, no hubo ningún señalamiento sobre las agresiones y represión generalizada a mujeres y los medios de comunicación.

Por el contrario, alegaron que “en todo momento se aplicaron los protocolos de actuación correspondientes”, además de que los visitadores de Derechos Humanos podrán constatar los hechos.