El fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, informó que las llamadas de extorsión que han estado acosando a comerciantes y funcionarios municipales en San Miguel Xoxtla, Puebla, tienen su origen en penales de diferentes estados de México.
Higuera Bernal informó que las autoridades del municipio de Xoxtla alertaron sobre la ola de extorsiones y presentaron denuncias en nombre de los habitantes del municipio, por lo que tras una investigación preliminar, se logró rastrear el origen de las llamadas a penales ubicados en Puente Grande, Jalisco; Altamira, Tamaulipas, y Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.
“Este tipo de hechos los tenemos que investigar, por eso recibimos las denuncias, nos proporcionaron números telefónicos, de los cuales provinieron las llamadas y pudimos hacer este trabajo”, comentó el fiscal.
Además, Higuera Bernal anunció que este jueves sostendría una reunión con los habitantes de San Miguel Xoxtla para abordar tanto las llamadas de extorsión como otros delitos que puedan estar afectando a la comunidad.
Lo anterior ocurre luego de que la alcaldesa de Xoxtla, Guadalupe Peregrina Díaz, reveló que habitantes del municipio y funcionarios recibieron hasta 50 llamadas de extorsión a partir del 29 de agosto, en el que un policía estatal murió durante una persecución a presuntos miembros de un grupo delictivo que, para evitar ser detenidos, agredieron a las autoridades.
Peregrina Díaz denunció recientemente que, aunque han experimentado un aumento en las llamadas de extorsión, San Miguel Xoxtla no es un asentamiento de cárteles del crimen organizado.
Explicó que la violencia que afectó a la localidad fue el resultado de un incidente aislado en el que delincuentes en tránsito se enfrentaron con la policía local al estar de paso.
“No es un foco rojo, quisiera comentar que lamentablemente, fuimos un municipio de paso para las personas que iban en esa situación de persecución, pero no es nada que esté establecido en el municipio como tal, ni nada por el estilo”, declaró el pasado 19 de septiembre.
La Fiscalía de Puebla ya había detallado anteriormente que a los ocho involucrados en la balacera del pasado 29 de agosto, buscan imputarles los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, así como portación de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La instancia de procuración de justicia detalló también la identidad de los ocho involucrados en la refriega: Roberto N. de 51 años, Sergio Antonio N. de 38, Alonso N. de 53, Ángel N. de 18, Joel Fernando N. de 28, Christopher N de 18, José Luis N. de 47 y Carolina N. de 30 años.
A ellos, se les confiscaron seis armas de fuego largas, seis chalecos balísticos con las siglas “CJNG”, 11 cargadores abastecidos, 270 cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como cinco teléfonos celulares y dos vehículos sin placas de circulación que fueron utilizados durante el ataque.
