El movimiento #UdlapLibre, auspiciado por la familia Jenkins de Landa, sus voceros y la ultraderecha poblana, reconocieron que la decisión del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil por sobreseer el juicio 1029/20221, les quitó el único recurso jurídico del que se encontraban asidos para negarse a la reapertura de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), y presionar para el reconocimiento de Margarita Jenkins de Landa como presidenta del patronato de la Fundación Udlap.
Ante esa situación, anunciaron que presentarán una queja en contra del juez Tomás Zurita García que, en unos días, pasó de ser un ícono de justicia en la narrativa de los voceros de los Jenkins de Landa, a un “juez espurio” por echar abajo el amparo y calificaron la acción como “un robo” y “una chicanada”.
Sin embargo, más allá del proceso que los abogados de la familia seguirán contra el Juzgado Tercero de Distrito, la resolución confirmó que todos los expedientes abiertos por el caso de la universidad cholulteca (ventilados en los Juzgados 24 y 60 de lo Civil, ambos de la Ciudad de México) serán fusionados en el juicio 519/2021 del Juzgado 60 de la Civil, en donde se deberá analizar si es válida la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, de remover al patronato de la Fundación Udlap y designar uno nuevo.
De acuerdo con los estatutos de la Fundación Udlap, el patronato de ésta debe estar integrada por los mismos patronos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) que, antes de la intervención de la Junta para el Cuidado, era los seis integrantes de la familia Jenkins de Landa, quienes se encuentran prófugos de la justicia tras perder un amparo contra las órdenes de aprehensión que obsequió un tribunal a la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado dinero, fraude y uso de recursos de procedencia ilícita.
Así pues, el Juez 60 de lo Civil analizará si los Jenkins de Landa cuentan con los atributos e idoneidad de encabezar y administrar una fundación de la que se les señala de haber desfalcado por casi 730 millones de dólares y que fueron enviados a paraísos fiscales, a través de una intrincada estrategia jurídica realizada por el abogado Virgilio Rincón Salas que, a cambio, recibió el 15 por ciento de los activos de la Fundación Jenkins, es decir, un poco más de 2 mil 200 millones de pesos.
El sujeto, al igual que sus contratantes, está prófugo de la justicia.
De igual forma, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas, al menos, cuatro carpetas de investigación por el saqueo detectado a la universidad cholulteca durante la gestión del rector Luis Ernesto Derbez Bautista y que asciende a unos 200 millones de pesos. En esa acción también se encontrarían vinculadas empresas de la familia Jenkins de Landa.
Golpe mortal
El pasado 16 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito publicó oficialmente la resolución en la que sobreseyó el amparo 1029/2021, iniciado por los abogados de la familia Jenkins ante la decisión de la Junta para el Cuidado de nombrar a un nuevo patronato. Esa decisión fue confirmada por el Juzgado 29 de lo Civil en la Ciudad de México, que ordenó la intervención del campus y les entregó la administración y operación del campus, así como el uso de las cuentas bancarias de la institución.
El 29 de junio de 2021, en una sorpresiva acción judicial, el campus de la Udlap quedó a manos del nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña, y se designó a Armando Ríos Píter como el nuevo rector de la institución. Eso permitió llevar a cabo una auditoría que sacó a la luz la trama financiera utilizada por Luis Ernesto Derbez, sus vicerrectores Mónica Silva Huerta y Mario Vallejo, el representante jurídico Jesús Mijangos Patiño; los abogados Virgilio Rincón y Alejandro Hernández Muñoz para hacerse de 200 millones de pesos.
La estrategia era utilizar una docena de empresas factureras o cuyos socios estaban ligados con ellos para simular pagos. Eso derivó en varias denuncias penales por delincuencia organizada y fraude. A la par, Rincón Salas y Hernández Múñoz son los autores materiales de fraguar el saqueo de los casi 730 millones de dólares de la Fundación Jenkins y por eso también están denunciados.
Ante la intervención del campus, Félix Edmundo Bautista Salazar, abogado de Margarita Jenkins de Landa, presidenta hasta entonces de la Fundación Udlap, presentó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en contra de la Junta para el Cuidado. En un inicio, el abogado -que perdió el juicio de amparo contra la familia Jenkins- logró una suspensión provisional mediante un proceso salpicado de sospechas, pues la resolución la dictó el secretario de Juzgado en circunstancias poco claras.
Poco después, el juez Tomás Zurita confirmó la suspensión definitiva que permitió a Margarita Jenkins de Landa seguir al frente del patronato y reconocía a Cecilia Anaya Berríos como rectora de la Udlap. La llegada de ésta última se debió a que las pruebas contra Derbez Bautista eran tan graves que sólo complicarían la ruta jurídica para la defensa de los Jenkins.
A la par, la nueva rectora formaba parte de un grupo opositor al exsecretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, un segmento de la comunidad universitaria que aplaudiría la unción y se sumarían a la defensa.
La resolución federal dejó firme que tanto Margarita Jenkins como Cecilia Anaya podían reiniciar las actividades en la casa de estudios cholulteca, una vez que el inmueble les fuera entregado por los representantes de la Fundación Jenkins.
No obstante, esa institución también es encabezada por el nuevo patronato de Horacio Magaña, de ahí que la negativa en reiteradas ocasiones de aceptar las instalaciones no estaba relacionada con el cumplimiento del ordenamiento del Juzgado Tercero sino que en el hecho de que tener en posesión la universidad, podría ser un reconocimiento a la legitimidad del nuevo patronato en detrimento a los Jenkins que siguen peleando la titularidad de la FMSJ.
Esto fue revelado por Cecilia Anaya, quien el 11 de febrero pasado, compareció por escrito ante el Juzgado Segundo de lo Civil del estado de Puebla que le ordenó recibir el campus. Allí, la rectora expuso que había una suspensión definitiva del Juzgado Tercero a su favor; que la personalidad de la representante legal de la Fundación Jenkins, Cecilia Lira Maldonado, estaba siendo combatida jurídicamente en tribunales; y, como cereza del pastel, que Juan Carlos Jenkins de Landa cuenta con una suspensión provisional para seguir al frente de la Fundación Jenkins, otorgado por el Juzgado Noveno en Material de Amparo Civil, de Jalisco.
Allí quedó al descubierto que la negativa para aceptar el campus estaba orientada para defender a los Jenkins de Landa en perjuicio de la comunidad universitaria que demanda el regreso a las clases presenciales. Los mismo voceros de la familia, a través de las redes sociales oficiales de la Udlap y sus grupos satélites, como @PadresUdlap, hicieron un llamado a los estudiantes y académicos a no ingresar, bajo el argumento que podrían incurrir en un delito, aunque en realidad era para no avalar una acción contraria a la familia.
Bajo ese contexto -al que se le agregó la crispación de ánimos por parte del movimiento #UdlapLibre y la diputada local del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia, para derivar en un conflicto social- el Juzgado Tercero de Distrito resolvió sobreseer el amparo 1029/2021 del que estaba prendidos los Jenkins. La acción fue producto del desistimiento del patronato encabezado por Horacio Magaña, considerados los terceros interesados.
El juez Zurita asentó que el amparo quedaba sin efecto porque al fusionarse todos los expedientes del conflicto de la Udlap en el Juzgado 60 de lo Civil, debería haber una nueva resolución por parte de este último tribunal.
La medida provocó la ira de los voceros de la familia Jenkins de Landa, que emitieron un comunicado, el cual comenzó a circular apenas el viernes 17 de febrero, en el que primero asentaron que el juez Tomás Zurita “es una persona inteligente y con mucha capacidad excepcional”, pero líneas más adelante lo cuestionaban duramente de “en qué momento perdió la brújula jurídica” y le achacan una presunta confabulación bajo la pregunta: “¿Qué le habrán ofrecido para volverse espurio?”.
Y, agregaron: “De un plumazo participó en una chicanada jurídica clásica de los espurios y de la Junta para el Cuidado de las Instituciones… utilizando un desistimiento espurio en un proceso que no es materia de este amparo”.
Un poco después de la difusión del comunicado por parte de la organización satélite de los Jenkins, @PadresUdlap, Miguel Ángel Méndez Rojas, uno de los más entusiastas defensores de la familia Jenkins e investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela de Ciencias de la Udlap, publicó en su cuenta de Twitter @nanoprofe, un revelador tuit cuyo meollo fue reconocer que la última palabra la tiene el Juzgado 60 de lo Civil.
“Lo que queda ahora pendiente es que el Juez 60 de lo Civil de la Ciudad de México de a conocer su dictamen sobre la legalidad del patronato espurio nombrado por la Junta (JCIAP), la cual aún no ha mostrado la validez de sus credenciales. No tiene personalidad jurídica”, asienta el primer tuit.
Y es justo ahí donde ahora está centrada la estrategia de los abogados de la familia Jenkins: intentar desacreditar la personalidad del nuevo patronato bajo el argumento de que fue constituido, el pasado 24 de mayo de 2021, por el notario público 4 de Zacatelco, Tlaxcala, y que desde su punto de vista viola la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de la entidad poblana.
Es por eso que el abogado de Margarita Jenkins, Edmundo Bautista, ha insistido ante juzgados federales que se compruebe la legalidad de los representantes legales de la Fundación Udlap y la Fundación Jenkins. La medida está orientada a echar abajo el nombramiento y regresar el control de ambas instituciones a la familia Jenkins.
Más adelante, el académico Miguel Ángel Méndez, sostuvo en su mismo hilo de Twitter: “Lo que queda pendiente, además, de que se establezca el procedimiento jurídico legal para recuperar el campus, que ahora ha quedado a consignación del Poder Judicial del Estado de Puebla, es que el Juez 60 se pronuncie y dé el resolutivo final”.
