Ignacio Juárez/
Mario Alberto Mejía
(Primera de tres partes)
Virgilio Rincón Salas, a través de su despacho Rincón, Mayorga, Román, Illades, Soto SC, cobró la cantidad de 2 mil 266.5 millones de pesos, el 15 por ciento del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a cambio de “diseñar e implementar los mecanismos legales necesarios” que permitieran a la familia Jenkins de Landa quedarse con los activos de la institución, estimado casi 730 millones de dólares, y mantenerlo bajo resguardo en paraísos fiscales.
De acuerdo con el contrato signado por Rincón Salas y Guillermo Jenkins Anstead (EPD), en ese entonces presidente del patronato de la Fundación Jenkins, los trabajos también incluyeron “implementar acciones legales de defensa” para impedir que “por cuestiones fiscales, administrativas, civiles, mercantiles” que alguna autoridad o persona física pretendiera intervenir en el manejo de la institución.
El documento, cuya copia está en poder de este medio, es prolijo en explicaciones sobre los riesgos que existen contra el clan Jenkins de Landa a raíz de una serie de modificaciones a los estatutos de la Fundación Jenkins y el embate jurídico iniciado por Guillermo Jenkins de Landa que derivó en auditorías fiscales a esa institución y otras empresas ligadas.
La preocupación de la familia por perder la riqueza acumulada queda asentada en el contrato y fue una de las justificaciones para la contratación del despacho encabezado por Virgilio Rincón.
Sabedores de que la Fundación incluye un complejo entramado financiero, los Jenkins de Landa solicitaron ampliar los servicios para la empresa Reforma Bicentenario, Proyectos Nuevo Siglo, la Fundación de las Américas Puebla, Fundación Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha y otras entidades.
A pesar de que en el discurso la rectora interina, Ana Cecilia Anaya Berríos, la ultraderecha poblana y los voceros de la institución se niegan a reconocer que el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla es producto del desfalco de la Fundación Jenkins, el propio contrato advierte ese escenario.
La cláusula uno, numeral siete, establece sin ninguna duda la participación del despacho contratado: “Defender a la fundación, a los patronos y los representantes legales de cualquiera de las entidades legales señaladas en el numeral anterior (entre ellas la Fundación Udlap), contra los embates y acciones legales que puedan recibir o propiciarse, de forma directa o indirecta del contexto legal referido por la Fundación en sus declaraciones o de las consecuencias del mismo contexto”.
PAPELITO HABLA
El contrato firmado por Virgilio Rincón Salas consta de 18 páginas, pero es a partir de la definición de las cláusulas (página 6) donde quedan al descubierto las acciones que se emprenderán para transferir el dinero a otra fundación y, posteriormente, a paraísos fiscales para que pudiera ser utilizado para un fin privado.
El desglose comienza con la cláusula uno, en su numeral dos, en el que se asienta que uno de los servicios profesiones a otorgar es: “Diseñar e implementar los mecanismos legales necesarios para proteger el patrimonio de la Fundación, creando vehículos legales que, apegados a derecho, permitan dar continuidad a la labor de la Fundación, con una estructura que permita desarrollar los negocios que generen riqueza y que la autoridad pudiera tratar de impedir y sancionar mediante la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos”.
El numeral tres va en el mismo sentido: “Implementar acciones legales de defensa y de prevención para combatir cualquier decisión que le sea adversa a la Fundación o que tenga como consecuencia directa o indirecta la intervención o aun la pretensión de intervención en la administración de la Fundación, ya sea por cuestiones fiscales, administrativas, civiles, mercantiles y cualquiera otras previstas en la legislación aplicable, especialmente, pero sin limitarse a la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada o la actual Ley de Instituciones de Asistencia Privada o en cualquiera normatividad que resulte aplicable”.
Pero, el quid de las acciones que se pretenden realizar se encuentra en el numeral cinco. Allí, Virgilio Rincón se compromete a “lograr la liquidación o en su caso la reversión del patrimonio de la fundación y el reparto del capital de la misma entre los patronos, en caso de que exista la pretendida intervención en la administración de la Fundación por cualquier autoridad… y/o trasferir legalmente el patrimonio de la Fundación hacia otros vehículos que den continuidad a su labor, buscando jurisdicciones que tengan beneficios fiscales y corporativos que a la vez, eviten amenazas de autoridades locales y federales referidas en el contexto señalado en este documento”.
LA OPERACIÓN
Lo establecido en el contrato se cumplió a cabalidad: Virgilio Rincón, con el apoyo de sus socios Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, cambiaron la sede de la Fundación Jenkins a Guadalajara, Jalisco, lo que contravino los deseos del patriarca William O. Jenkins.
Además, dieron a luz la Fundación Bienestar de Filantropía, en Aguascalientes, a la que se enviaría todo el dinero.
Los abogados y la familia Jenkins dilataron cinco años para conseguir que los casi 730 millones de dólares del patrimonio de la Fundación Jenkins terminaran en manos de otra institución.
Entre 2012 y 2014, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado de Puebla –bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas− autorizó una serie de cambios a los estatutos de la Fundación Jenkins que permitieron, entre otras cosas, que se considerara como patrimonio base 90 millones de dólares, el mismo monto que se utilizó para crearla el 24 de octubre de 1958.
Los restantes 640 millones de dólares en activos de la Fundación quedaron a libre disposición por considerarse susceptibles para usarse en beneficencia y fines comerciales y financieros. Justo esa cantidad es la que se transfirió a la Fundación Bienestar de Filantropía.
Los representantes legales de la Fundación Jenkins fueron Virgilio Rincón y Alejandro González, mientras que de la recién creada el apoderado era Carlos Román. Los patronos de ambas fundaciones era los seis integrantes de la familia Jenkins de Landa.
A finales de 2014, Bienestar de Filantropía y los 640 millones de dólares que tiene bajo su resguardo son trasladados al paraíso fiscal de Barbados, aunque su objeto de uso seguía siendo la beneficencia.
Un año después Virgilio Rincón, Alejandro González y Carlos Román llevan a cabo la migración a Panamá, otro paraíso fiscal. Los tres aparecieron una vez más como representantes legales, aunque Román era apoderado de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, a la que se transfirieron todos los recursos y fue constituida con “fines privados”.
Ese fue el movimiento que terminó por cuadrar todo el esquema jurídico y de transferencias para que la familia Jenkins de Landa tuviera el acceso directo a los 640 millones de dólares, de cuales el 15 por ciento eran propiedad de Virgilio Rincón Salas.
EL CAMINO DEL DINERO
Por todos los movimientos realizados que permitieron sacar el dinero del país, asesorar legalmente a la familia Jenkins de Landa y defenderlos en cuantos casos jurídicos fuera necesario, el despacho de Virgilio Rincón puso como tarifa por sus honorarios el 15 por ciento de los activos de la Fundación Jenkins, sin incluir el impuesto al valor agregado.
La institución, además, se comprometió a cubrir todos los costes que surgieran por la defensa legal y operaciones para sacar el dinero.
Para 2012, el patrimonio de la Fundación Jenkins ascendía a casi 730 millones de dólares, es decir, unos 15 mil 41.6 millones de pesos. Bajo ese escenario, el monto que le correspondía a Rincón Salas era de 110 millones de dólares, que equivalen a 2 mil 266.6 millones de pesos.
Y para que no hubiera duda de que las cosas iban en serio, Guillermo Jenkins Anstead decidió entregar el 50 por ciento de los honorarios con la firma del contrato, los cuales ascendieron a 55 millones de dólares.
El restante dinero sería dividido en dos partes: el 40 por ciento “al momento que se obtenga el resguardo del patrimonio a través de una tercera institución” y el otro 10 por ciento “cuando el patrimonio se encuentre domiciliado en diversa jurisdicción”.
Bajo esa tesitura, con el patrimonio de la Fundación Jenkins en las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, asentada en Panamá, Virgilio Rincón habría cumplidos con sus objetivos y al pago total de lo pactado.
