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domingo, abril 28, 2024

Descarta Miguel Barbosa elección de un Consejo conformado por juristas “de horca y cuchillo”

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El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso a la jueza María Teresa Josefina Osorio Cuéllar para integrar el nuevo Consejo de la Judicatura, y destacó que las propuestas para conformar el órgano de reciente creación han surgido del propio Poder Judicial, contrario a quienes pensaban que se tendría que integrar con adversarios y juristas de horca y cuchillo, dijo.

El mandatario resaltó que el Consejo de la Judicatura es el órgano que se encargará de implementar la reforma constitucional, por lo que su integración es apremiante, pues también tendrán que elaborar la propuesta de presupuesto con el que se echará a andar la reforma judicial.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política anunció este miércoles que propondrá al Pleno del Congreso del Estado el nombramiento del magistrado Joel Sánchez Roldán y la secretaria Vania Giovana Peñasco Sosa para ser integrantes del Consejo de la Judicatura por un periodo de seis y cuatro años, respectivamente.

“Celebro que sean dos personas del propio Poder Judicial, para quien pensaba que el Consejo de la Judicatura se tenía que integrar con adversarios del Poder Judicial, no, no es así, tiene que haber un Consejo de la Judicatura fuerte que conozca al Poder Judicial”, apuntó Miguel Barbosa.

Añadió que los funcionarios del Poder Judicial que ya fueron propuestos por el Congreso del Estado y la jueza que propuso el Ejecutivo, desempeñarán sus funciones apegadas al funcionamiento de dicho poder.

“La ruta es designar a puros integrantes del Poder Judicial como parte del Consejo de la Judicatura, porque quienes pensaban que iban a venir juristas de horca y cuchillo, no, no, no es así. Hay que fortalecer todo, es lo que yo estoy viendo va a ocurrir”, expresó.

Barbosa destacó la importancia de integrar ya el Consejo, debido a que es el órgano implementador de la reforma constitucional, el cual tiene que crear las condiciones, los acuerdos y propuestas para las leyes secundarias de la misma.

Estas son cinco: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley de la Defensoría Pública, Ley de los Medios Alternos de Solución de Controversias, y dos más que serán necesarias para poner en marcha el nuevo andamiaje judicial en el estado.

“Y también una cosa muy urgente del Consejo de la Judicatura es ya elaborar una propuesta de presupuesto, que va a ser un presupuesto enorme, enorme, por todos los brazos que se crean y todas las instituciones que se crean, entonces hay que tener un Poder Judicial vivo, bueno, muy útil para que la administración de justicia sea una administración en donde la única fuente sea el derecho y la justicia”, acotó.

El mandatario se dijo contento porque existe un ánimo colaborativo de todos los involucrados en velar porque la puesta en marcha de la Reforma Judicial llegue a buen puerto. “Hay un ánimo de colaboración muy unánime”, remató.

En el caso de Sánchez Roldán y Peñasco Sosa, los integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política determinaron que cumplieron con los requisitos de ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; tener 35 años cumplidos el día de su designación; poseer el título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con al menos 10 años de antigüedad, este jueves el pleno votó ambas propuestas.

El pasado jueves 6 de octubre, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta de decreto de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, que contenía la Reforma Judicial.

Dicho dictamen recibió la votación unánime a favor de los 41 diputados locales que conforman el pleno, incluida la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), de la cual dos de sus integrantes se abstuvieron de votar en comisiones previas.

Entre las propuestas de modificación que aprobaron incluir destaca la eliminación del comité de evaluación del cumplimiento de la reforma judicial, que a propuesta del gobernador emitiría un informe en un plazo de 120 días.

Esta responsabilidad recaerá ahora en los órganos que integrarán el Poder Judicial: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE), la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura estatal, cuyo informe será remitido por el Consejo de la Judicatura al Congreso del Estado.

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