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viernes, abril 26, 2024

Carmen Sánchez, el primer caso de violencia ácida que logra sentencia contra agresor

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Tuvo que esperar nueve años, someterse a un sistema de salud que desconocía cómo atenderla, la colusión de los jueces y autoridades judiciales para evitar que su agresor recibiera sentencia, pero la poblana Carmen Sánchez al fin obtuvo una sentencia de 46 años y 8 meses de cárcel en contra de su expareja Efrén García por el delito de tentativa de feminicidio. 

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió la sentencia en contra de Efrén García, en la que también impuso una multa de 212 mil 545 pesos y la cantidad de 3 millones 987 mil 208 pesos, con lo que se hizo historia al ser la primera pena impuesta por este delito cometido con una sustancia química corrosiva. 

“Esta es la primera sentencia en México y América Latina, creo que abrimos las puertas para que las juezas y jueces que vayan a castigar este tipo de violencia tan extrema pueden seguir pues viendo esta sentencia y de ahí se sigan basando”, dijo Carmen Sánchez tras salir de los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco. 

La sentencia en contra del agresor de Carmen Sánchez fue emitida seis días después de la audiencia previa que se llevó a cabo en el Estado de México, pero trae una historia mayor de fondo en ella. 

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2014, sin embargo, las señales de alerta estuvieron ahí presentes mucho tiempo antes. Previo a este ataque, Carmen Sánchez interpuso tres denuncias en contra de su agresor por violencia familiar, sustracción de menores y violación, sin embargo, las autoridades no hicieron caso de ellas hasta que su expareja la ataque con una sustancia ácida. 

Todo se intensificó cuando el 20 de febrero de ese año Efrén y Carmen tuvieron una discusión porque él pretendía llevarse a la hija de ambos; él llegó a casa de la madre de Carmen Sánchez –ya que ella había decidido dejar a su pareja por temor a perder la vida–, a él no le importó que ella se encontrara con sus tres hijos temiendo por su vida y decidió arrojarle una botella con ácido en la cara y el cuerpo. 

El momento del ataque fue algo que nunca olvidará, un ardor en su rostro y cuerpo que la marcó de por vida, pasó ocho meses internada en un hospital recuperándose de las heridas que le ocasionó Efrén y los médicos que la atendieron ya que desconocían como tratar estos ataques, las secuelas del ataque dejaron en su cuerpo la forzaron a someterse a cirugía tras cirugía desde ese momento, sumando 64 procesos hasta el momento. 

Mientras Carmen se recuperaba del ataque y se sometía a cirugías cada vez más invalidas y costosas, su agresor permanecía libre y se sentía con la libertad de amenazarla a ella y su familia para que desistiera de la demanda en su contra por el intento de feminicidio. 

Pero lejos de detenerse, Carmen emprendió una lucha social para visibilizar los ataques con sustancias ácidas y ayudar a las mujeres que se encuentren en su posición de no saber cómo atenderse y creó la fundación “Carmen Sánchez”, la cual daba apoyo y atención a las víctimas de estos ataques y que no se sabían atender. 

Este activismo le hizo ver que había un vacío legal que no sancionaba los ataques con ácidos en el país, con lo que se inició una lucha jurídica para que estos ataques fueran tipificados como violencia ácida y se les considerara como una tentativa de feminicidio y no simplemente como lesiones, para que las penas fueran mayores y graves. 

En Puebla, el año pasado diversas activistas –incluida la fundación de Carmen Sánchez– empujaron iniciativas para que la violencia con sustancias ácidas fuera tipificada como tentativa de feminicidio, con lo que el 2 de marzo de 2023 se logró reforma el código penal para que la Ley Ácida sea una realidad. 

La Fundación Carmen Sánchez tiene contabilizados ocho casos de mujeres víctimas de violencia ácida desde 2014 a la fecha, y se espera que el tras la aprobación de estas reformas y con la primera sentencia por este delito se incremente el número de víctimas que denuncian. 

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