La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla buscará compactar la operación del Poder Judicial del Estado, reduciendo la integración de sus órganos y eliminando el carácter de órgano autónomo a la Sala Constitucional.
Los coordinadores y representantes legislativos presentaron una iniciativa de reforma para modificar la Constitución Política del Estado para modificar las Salas Constitucional, la Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa.
En las consideraciones de la iniciativa, los diputados señalaron que uno de los beneficios será el uso eficiente del presupuesto que permitirá mejorar la atención jurisdiccional, acelerar la impartición de justicia de los órganos de segunda instancia y, con ello, beneficiar directamente a los ciudadanos, tal como lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política Mexicana.
“A efecto de optimizar el capital humano y los recursos materiales, es viable el redireccionamiento de los asignados a la Sala Constitucional hacia el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues con ello se obtienen varios efectos deseables como el fortalecimiento de la estructura de los tribunales de segunda instancia, que implica necesariamente contar con mayores recursos para atender el derecho humano de acceso a la justicia”, exponen.
Asimismo, refieren que a consecuencia de la implementación de la reforma del 24 de octubre de 2022 y en la que este Congreso ha tenido participación a través de su representante en la Comisión Implementadora establecida para ello, se considera benéfico reestructurar al Poder Judicial para redirigir el capital humano, los recursos materiales y financieros asignados originalmente a la Sala Constitucional, hacia el Tribunal Superior de Justicia.
“Los integrantes, insumos y presupuesto de aquella pasarán a formar parte de éste, lo que abonará a cumplir con el objetivo de contribuir a las labores jurisdiccionales ordinarias, sin afectación de su jurisdicción extraordinaria en materia constitucional, para cuyo ejercicio, el Pleno del Consejo de la Judicatura, elegirá a tres de los magistrados que actualmente conforman la Sala Constitucional para integrar la Sala Especializada en Materia Constitucional, conservando autonomía de jurisdicción en la resolución de los asuntos de su competencia”, refieren.
Por un lado, se plantea que la Sala Constitucional pasará a llamarse Sala Especializada en Materia Constitucional, y formará parte del Tribunal Superior de Justicia, al igual que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
A partir de esa reforma, los órganos que conforman el Poder Judicial serán el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El Tribunal de Justicia Administrativa se organizará en Pleno y en las salas colegiadas de integración impar que prevea la ley o determine el Pleno y contará con una Sala Especializada con competencia exclusiva en Materia de Responsabilidades Administrativas. Los magistrados de este tribunal durarán en el cargo 15 años.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por tres magistrados y resolverá de manera colegiada y ejercerá la competencia en materia de faltas administrativas graves y de las responsabilidades que se deriven de los daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipales.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se integrará por el número de magistradas y magistrados que establezca la ley y contará con una Sala Especializada en Materia Constitucional, dejando de ser un órgano autónomo en la conformación del Poder Judicial del Estado, además de que la Ley Orgánica distribuirá la competencia entre el Pleno y las salas.
La Sala Especializada en Materia Constitucional tendrá carácter permanente, gozará de autonomía de jurisdicción en la resolución de los asuntos de su competencia, y se integrará por tres magistradas y magistrados.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa elaborarán su respectivo proyecto de presupuesto.
El Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura integrará el proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo del Estado.
Por otro lado, los jueces serán nombrados por concurso de oposición y no podrán ser separados de su encargo, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, eliminando de la actual redacción la obligatoriedad que deban pertenecer a la carrera judicial.
De aprobarse dicha iniciativa, el Congreso del Estado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, tendrá un plazo hasta de 90 días hábiles para armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado y demás leyes secundarias de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento.
