La trama del boquete financiero provocado por Banco Accendo en Puebla durante la administración barbosista, tiene diversos hechos en concreto: el gobierno del estado se encuentra en el cuarto bloque de pago ante el cierre de la institución financiera, no hay certeza sobre la liquidación de 604 millones de pesos a las arcas en un plazo de cinco años, ni empresarios encarcelados por este quebranto económico millonario.
La problemática es aún mayor cuando se toma en cuenta que fueron en total nueve gobiernos estatales y cinco Ayuntamientos los afectados por el impago total de un monto de 3 mil 041 millones de pesos por parte de la banca múltiple que dejó de operar desde el mes de septiembre de 2021 por no contar con el índice de capitalización mínimo.
En el reportaje Accendo Banco, un fraude de 3 mil millones de pesos a gobiernos que siguen sin recuperar el dinero, elaborado por el portal Eme Equis, se detalla que la entidad poblana invirtió 604.9 millones de pesos desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, en la empresa propiedad de la familia Reyes de la Campa, pero no hay garantía de que en un plazo fijo el recurso sea reintegrado.
Junto a Puebla, los daños colaterales del cierre de la firma pegaron también a los estados de Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Durango e Hidalgo, así como a los Ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Puerto Morelos, Zapopan y Tijuana; a la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar.
Los que se salvaron de caer en la misma desgracia al retirar a tiempo sus inversiones fueron la Ciudad de México, que retiró 171.4 millones de pesos días antes de que esta fuera revocada, mientras que Chihuahua se anticipó con la recuperación de 700 millones de pesos que habían depositado en su banca.
ACCENDO EN PICADA
La implosión de Banco Accendo tuvo lugar el 9 de septiembre de 2021, fecha en la que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tomó la decisión de revocar los permisos de la firma para operar.
Menos de un mes después, un comunicado del gobierno federal detalló las causales de la baja: niveles de cobertura de liquidez debajo del mínimo regulatorio; la integración de 624.5 millones de pesos como aportaciones para aumentos de capital, sin reunir los requisitos normativos para considerarse así; además de omisiones en la deducción de un monto de 371 millones de pesos del capital fundamental.
Lo anterior puso en un brete no sólo a los dueños de la empresa y socios, sino mayormente a los inversionistas y gobiernos que confiaron en la banca para depositar sus recursos, pensando que de esta manera tendrían las tasas más competitivas del mercado para guardar el dinero, situación que, por el contrario, terminó por desfalcarlos.
De acuerdo con el reportaje elaborado por Eme Equis, ante el cierre de la institución de banca múltiple, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió congelar las cuentas de los hermanos Reyes de la Campa -propietarios de la compañía-, uno de ellos, Javier Reyes de La Campa, incluso fue detenido en junio de 2022, pero salió al cabo de una semana debido al trámite de dos amparos.
Uno de los problemas para los gobiernos que buscan el retorno de sus inversiones son los plazos. Y es que, las administraciones públicas se encuentran en último bloque en cuanto a prioridad para el retorno de sus inversiones.
En total, son 5 mil 840 millones 982 mil pesos los que la compañía debe a sus clientes, pero antes de reintegrar al gobierno de Puebla los 604 millones que se deben, deberá indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos con 30 millones 626 mil pesos, después a créditos laborales por 7 millones 933 mil pesos y posteriormente a los créditos de obligaciones garantizadas por mil 314 millones de pesos.
Será hasta entonces cuando sean pagados los 3 mil 041 millones de pesos que se adeudan a las instituciones de gobierno de nueve estados de la República, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito a la que está obligada apegarse el Instituto para proteger el ahorro bancario (IPAB).
No obstante, existe un dato adicional en los entresijos de esta problemática: el IPAB se habría reservado la información sobre la liquidación de activos durante cinco años, bajo el argumento de “el daño que se causaría a los intereses del IPAB, así como al público ahorrador y al sistema financiero, frente al interés público”.
ANTECENDES TURBULENTOS
La historia de la empresa Banco Accendo que hoy tiene en un apuro a nueve estados, tiene sus antecedentes cuando la compañía operaba bajo el nombre de InverlatBank, pero su principal inversionista, Carlos Dejmal, fue detenido en Estados Unidos y condenado años después a 47 meses de prisión por fraude de más de 20 millones de dólares al gobierno mexicano en devoluciones de impuestos.
