En diciembre de 2005, los medios nacionales dieron a conocer la detención de la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro a manos de la entonces Procuraduría General del Estado de Puebla, cuya titular era Blanca Laura Villeda Martínez y el director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán. Todos formaban parte del gobierno de Mario Marín Torres, quien había asumido el poder 10 meses atrás. Dos meses y medio después, el 14 de febrero de 2006, La Jornada y Carmen Aristegui revelaron varios audios en los que se escucha a Mario Marín Torres y al empresario Kamel Nacif Borge festejar una presunta conspiración para detener a la autora de Los Demonios del Edén, en el que se revela una red de pederastas en la que supuestamente participaban el textilero y su socio Jean Succar Kuri. Ese día, todos escuchamos por primera vez la frase que se convertiría en el eterno mote del oriundo de Nativitas: Góber Precioso. En el programa de radio Sencillamente Hipócrita, que se transmite por La Tropical Caliente, el periodista Mario Alberto Mejía reflexionaba sobre la trascendencia del caso Cacho y atinadamente advirtió que fue justo en esa fecha en que “Puebla se jodió”. ¿Lo duda? Bueno, pues solo basta recordar que tras el escándalo internacional —al que medios parisinos y agencias mundiales calificaron como el guión de una película hecho realidad— la entidad poblana fue en caída libre. Para sobrevivir, el marinismo abrió la chequera y salió a comprar a todos los que se dejaran: medios de comunicación, la ultraderecha (a la que le dio el manejo de más de mil millones de pesos del Impuesto sobre Nómina), organizaciones, partidos políticos, ministros, jueces. La mano corruptora del marinismo llegó a todos los rincones. Tan sólo en medios de comunicación se estima que se gastaron más de 800 millones de pesos en publicidad gubernamental. Todo eso le sirvió para que se construyera una corriente que pugnaba por su exoneración del delito de tortura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que terminó por ocurrir. El sexenio trascurrió en medio de excesos de los funcionarios del gabinete, principalmente Javier López Zavala, el delfín del exgobernador. Cuatro años después de la detención de la periodista, Rafael Moreno Valle Rosas terminó con más de 80 años de gobiernos priistas en Puebla, pero a diferencia de su eslogan de campaña: lo mejor no vino para Puebla. Durante seis años, los morenovallistas nos sumieron en un espejismo: una falsa modernidad que escondía brutales casos de corrupción. El proyecto presidencial, se montó en el presupuesto y las políticas del estado, salió muy caro. Tiempo después se sabría que el exgobernador aliancista hipotecó las finanzas públicas por 30 años y la suma ascendía a casi 12 mil millones de pesos. Adicional, se puso en marcha un modelo de negocios al amparo del poder y un ejercicio basado en el autoritarismo y el despotismo ilustrado. José Antonio Gali Fayad llegó a la gubernatura por 18 meses, lo que suponía un cambio en el modelo que prevalecía en la entidad, pero ocurrió lo contrario, con una diferencia: eliminó las tensiones políticas que heredó. La elección de 2018 fue un parteaguas en la entidad. Un fraude electoral llevó a Martha Erika Alonso Hidalgo a la gubernatura de Puebla, pero Puebla se sumió en el encono y la incertidumbre. El 24 de diciembre de ese año, 10 días después de asumir el poder, la gobernadora falleció en un trágico accidente aéreo en el que también se vio involucrado su esposo Rafael Moreno Valle y otras tres personas. Con la nave también murió el morenovallismo. Ante esa situación, se designó un gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido que terminó por arrebatar todo a los herederos de Moreno Valle. Miguel Barbosa Huerta fue nuevamente a una elección y ganó, pero como todos sabemos, falleció el 13 de diciembre de 2022. Fue gracias a Sergio Salomón Céspedes Peregrina que el estado transitó los días aciagos y nunca perdió su gobernabilidad, estabilidad y mucho menos su rumbo. El oriundo de Tepeaca comenzó, entonces, la titánica tarea de construir la unidad, la concordia y distender el clima político que se vivió los años recientes. Los resultados están a la vista: los aspirantes a la gubernatura y a la Presidencia de la República tienen piso parejo y la mano del mandatario está extendida para quienes la quieren estrechar. Sin embargo, un caso sigue vivo por más que pasen los años: El Lydiagate. Tras el fallo de la Corte, Lydia Cacho no cejó en su búsqueda de justicia. Recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encontró una rendija para que el caso fuera reabierto en otra instancia. Luego vino la revelación sobre la existencia de órdenes de aprehensión contra Kamel Nacif y policías judiciales que participaron en la detención. Poco después, se supo que Mario Marín Torres también se encontraba en la lista, lo mismo que Adolfo Karam Beltrán. El primero fue detenido en febrero de 2021 cuando se encontraba en Acapulco, Guerrero. De ahí lo trasladaron al penal de Cancún, Quintana Roo y después al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en donde se encuentra actualmente. Ayer se supo que el exdirector de la Policía Judicial también fue capturado por estar involucrado en la presunta tortura cometida en contra de la periodista. ¿Quién sigue en la trama?
viernes, mayo 17, 2024
