Se trata de un grupo de sujetos que haciendo uso de la red social Telegram, se encargan de filtrar contenido sexual de mujeres, adolescentes y hasta menores de edad. Su modus operandi es colocar cámaras en espacios públicos como vestidores de gimnasios o el transporte público, para difundir contenido íntimo de todo tipo.
El Colectivo Contingente Universitario fue el encargado de develar esta trama de violencia digital que, según el Código Penal, puede ser castigado con prisión de 3 a 6 años y con multas de 500 a mil Unidades de Medidas y Actualización (UMAS), es decir, de 51 mil 870 a 103 mil 740 pesos, de acuerdo con la Ley Olimpia.
Aprovechando que la red social de Telegram no cuenta con protocolos suficientes para evitar la divulgación de contenido sexual, este grupo de hombres ha creado una red de pornografía cuyas víctimas son principalmente mujeres de los municipios de Puebla, Amozoc y Cholula, pero también del interior del estado.
“Ya no solo son fotos íntimas que puede que por desgracia se compartieran con parejas que no saben respetar, ahora también te pueden grabar en los baños, vestidores de plazas, tiendas, gimnasios”, compartió su experiencia una cibernauta a través de Twitter.
Según las afectadas, estos depredadores sexuales incluso solicitan en dichos grupos información personal sobre mujeres de las que comparten sus fotografías, pidiendo datos como los sitios que visitan frecuentemente y hasta sus domicilios. En la red social también se colocan subcategorías como ‘Forzadas’, ‘Morboseando novias’ o ‘Pack de adolescentes’, según el método por el que se obtuvo la información sensible de las afectadas.
Aunque grupos feministas ya han denunciado a los victimarios en redes sociales e inclusive han compartido sus fotografías para alertar a otras mujeres sobre sus actos, capturas de pantalla comprueban que ellos han solicitado crear otros grupos mediante invitación privada para no levantar más sospechas.
Las afectadas solicitaron tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como a la Policía Cibernética investigar y sancionar estos actos de violencia digital contra mujeres, toda vez que acusan, debido a que solicitan información personal sobre las personas, temen que alguna de ellas desaparezca o sean víctimas de feminicidio.
Los hechos denunciados son castigados, pues según la Ley Olimpia, merece una sanción de hasta 6 años de prisión toda acción en la que se expone, difunde o reproduce alguna imagen, audio o video de contenido sexual íntimo de una persona, de cualquier género, sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos.
