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viernes, mayo 3, 2024

Sigue la venta indiscriminada de micheladas en el tianguis Granjas de San Isidro

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A cinco meses desde que un hombre de 35 años de edad fuera acribillado en el tianguis Granjas de San Isidro, ubicado al sur de la ciudad de Puebla, la venta de bebidas alcohólicas sigue operando de manera habitual en este sitio a la vista de la Secretaría de Gobernación municipal. 

A decir del gerente de la Comuna, Adán Domínguez Sánchez, la venta de micheladas y otras bebidas embriagantes sigue vigente, debido a que este sitio se ubicado en un predio irregular, es decir, hay una “laguna jurídica” que les impide hacer operativos para clausurar o decomisar. 

“Este propio tianguis de San Isidro, tiene una situación jurídica en donde el predio es irregular, es un predio en el que hay una laguna jurídica, yo solicito también que es importante coordinarse con los otros niveles de gobierno para regularizar la situación jurídica de este predio y poder solucionar de fondo esta situación”, señaló. 

Por estos hechos, el diputado local, Eduardo Alcántara Montiel, advirtió que a la brevedad presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los funcionarios omisos en regular esta actividad, es decir, a la Secretaría de Gobernación a cargo de Jorge Cruz Lepe. 

En redes sociales, el legislador divulgó un video en el que el negocio La Reina cuenta con más de una decena de mesas en las que se venden bebidas alcohólicas sin ningún tipo de regulación, protocolos o permisos de la autoridad municipal. 

A la par, recordó que, en noviembre de 2022, otro negocio en obra gris también vendía micheladas sin ningún tipo de regulación por parte de la Comuna. 

Al ser consultado sobre el tema, Adán Domínguez reconoció que los lunes, jueves y sábados que se instala el tianguis, las secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana organizan rondines en los que se exhorta a los comerciantes a evitar la venta de bebidas alcohólicas, principalmente del tipo micheladas. 

Expuso que en esos mismos operativos vigilan que no invadan espacios que no les pertenezcan, se cuelguen del mobiliario urbano o roben la electricidad de la vía pública. 

No obstante, el burócrata expresó que es necesaria la coordinación con los otros niveles de gobierno para regularizar el predio y poder solucionar de fondo distintas irregularidades, entre estas la venta de alcohol, principalmente de micheladas. 

 

EN ENERO MUERE UN HOMBRE

La venta de micheladas en el tianguis de Granjas San Isidro continúa a pesar de que el 30 de enero, un hombre de 35 años fue asesinado tras protagonizar una riña con otro sujeto mientras se encontraba en estado de ebriedad. 

Las consecuencias no fueron solo la muerte para el sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en el negocio clandestino, sino que la hija del occiso, de solo cinco años, sufrió lesiones en una pierna a causa de una bala perdida. 

Según la narración de los hechos, el padre de familia comenzó una discusión con otros sujetos que se encontraban en el mismo sitio. Luego de un intercambio de agresiones verbales que posteriormente se convirtieron en golpes, el victimario accionó un arma de fuego hasta en ocho ocasiones contra la víctima en el cuerpo y la cabeza, en tanto que la menor fue trasladada al hospital.   

En ese momento, el legislador panista Eduardo Alcántara, lanzó una dura crítica contra el titular de la Segom y a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, al señalar que, aunque clausuraban de manera temporal los establecimientos, a los pocos días volvían a abrir tras haber pagado una sanción al Ayuntamiento. 

Meses después, Alcántara Montiel también propuso la implementación de la “Ley Lepe” para que se castigue a los funcionarios públicos con penas de 2 a 5 años de prisión en caso de que sean omisos en la regulación de la venta de bebidas alcohólicas sin permisos. 

Según lo declarado por Cruz Lepe en el mes de febrero, la dependencia no había podido intervenir en el tianguis de Granjas San Isidro, supuestamente porque éste se encuentra asentado en un terreno ejidal y no en la vía pública, por lo que no contarían con facultades para clausurar, sino únicamente para hacer exhortos.  

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