El caso de la toallera La Heredera que, por encima del interés público y colectivo, de la salud y de la vida de los poblanos y poblanas, ha buscado con chicanas judiciales seguir con la impune polución del Río Atoyac, en su afluente de la capital poblana, tiene también una galería del horror, por los involucrados en la más reciente y tan sospechosa, por su aroma a ilegalidad, resolución que se dictó a su favor, para levantar una justificada clausura.
La empresa que es propiedad de José González Cobián y que con reincidencia se ha negado a solucionar la contaminación que sus desechos provocan, por no tener adecuada operación de su planta de tratamiento, fue favorecida por el titular de la Sala Cuarta Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en esta última ocasión.
El funcionario se llama Rubén José Huerta Yedra y pertenece a una estirpe relacionada y beneficiada por el minigobernador José Antonio, alias Tony, Gali Fayad, quien de hecho lo colocó en este tan podrido, desde su origen, órgano jurisdiccional.
(Las cosas cambiarán con la Reforma Judicial, pues este tribunal se sumará al Poder Judicial poblano, como ha anunciado el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Hoy, como está, ese órgano es la madriguera morenovallista-galista. Su último reducto).
El panista-perredista Gali, por cierto, también colocó ahí al ex magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer, hoy preso por varios cargos de corrupción, así como a su amigo, compañero y todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el excandidato panista a diputado federal suplente, Héctor Sánchez Sánchez.
El hermano de Rubén José es Gustavo Huerta Yedra es un personaje oscuro, mano ejecutora con huella de profunda impunidad, también del clan de Gali y compadre del político hoy autoexiliado en Estados Unidos.
Gustavo fue fiscal metropolitano y, en su tiempo, dejó libre al presunto capo criminal José Christian N, alias El Grillo, justo en los días en que en 2018 se dispuso a ser, según varias fuentes, mano ejecutora de Eukid Castañón, contra el actual gobernador Miguel Barbosa.
Luego, en 2019, ese mismo grupo de El Grillo, conocimos esta semana la versión, preparó un atentado contra Miguel Barbosa, que afortunadamente no se concretó.
Gustavo, hermano de Rubén —benefactor de La Heredera—, a quien hay fuentes que aseguran que colocó en su lugar como magistrado, obtuvo una notaría al final del mandato de Tony Gali, pero luego tuvo que regresarla por la nube de irregularidades con que le fue conseguida.
A él se le atribuyen además una larga lista de padrinazgos con personajes que están o que buscaron ser parte de la seguridad pública de municipios y se le atribuye un vínculo directo con el exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García. Sobre esa relación se puede redactar incluso una novela negra.
La toallera La Heredera Home Textil, que al menos en los últimos seis años ha sido clausurada tres ocasiones —la más reciente en julio de 2022, por el Soapap— y que no ha completado el pago por 4.5 millones de pesos, por sus excedentes contaminantes, tiene como abogado a un personaje que ha sido, incluso capturado por la Interpol y luego extraditado por las autoridades de España, por malversar más de 900 millones de pesos, después de que fue subprocurador de Chiapas, en la administración del priista Roberto Albores Guillén.
Se trata de Florencio Madariaga, conocido por ser parte de la Mafia Chiapaneca, quien intentó sentar sus reales en Puebla.
Florencio es un notable miembro del Salón de la Fama de la Impunidad y los capítulos más negros están alrededor de su aprehensión y encarcelamiento en España.
Con la habilidad del simulador, intentó sumarse a la actual administración, pero fue detectado a tiempo y despedido.
Reza el principio de resonancia simpática: “los iguales se atraen”.
La historia sigue…
