Las comisiones unidas de Transportes y de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobaron el proyecto de dictamen con el que facultan a la Secretaría de Medio Ambiente suspender y restringir la circulación vehicular en casos extraordinarios de contingencias ambientales.
En sesión de las comisiones unidas, los diputados aprobaron por unanimidad de votos las reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta a las leyes de para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; la Ley de Vialidad para el Estado; y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
El proyecto de dictamen señala que los propietarios de los vehículos automotores serán solidariamente responsables del cumplimiento de las medidas de verificación vehicular, para disminuir las emisiones de contaminantes.
Los vehículos automotores registrados o que circulen en el Estado, destinados al transporte privado y al servicio público, deberán ser sometidos a verificación conforme a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y los programas que al efecto formule la Secretaría.
Sin embargo, los Certificados y Hologramas emitidos por otras Entidades Federativas, cuando existan convenios de coordinación, podrán ser reconocidos por el estado de Puebla, en términos de las disposiciones que para tal efecto se emitan.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir o controlar una situación de contingencia ambiental, podrán restringir o suspender la circulación de vehículos automotores, en términos del Programa de Contingencia o de la declaratoria respectiva para reducir las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles.
Esta facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial también quedará plasmada en la Ley de la Administración Pública Estatal.
También se reforma la Ley de Vialidad para el Estado para establecer que los ciudadanos puedan presentar un recurso de inconformidad en contra del acto administrativo de infracción en un plazo en 30 días, por arriba de los 15 días que actualmente establece la legislación.
Para los casos donde se presenten los recursos de inconformidad, el pago de la infracción quedará suspendido hasta que la autoridad competente resuelva lo concerniente.
