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domingo, mayo 5, 2024

A 7 meses de la toma de la Udlap por desfalco, emporio Jenkins en picada

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A siete meses desde que despegó el escándalo por el desvío de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins para enviarlo a paraísos fiscales en el extranjero, la familia Jenkins de Landa ha visto cómo sus turbios negocios han ido en picada, empezando con la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) el 29 de junio de 2021, la emisión de órdenes de aprehensión contra sus integrantes, los abogados a su servicio, y el exrector Luis Ernesto Derbez; además de la evidencia de que utilizaron más de una decena de empresas, — algunas catalogadas como factureras —, para triangular recursos. 

Pero el golpe más crudo hacia la familia Jenkins, la rectoría que colocaron para mediar sus intereses, e inclusive a la ultraderecha poblana adherida a El Yunque que se montó en el escándalo con lucro político, fue el exhorto que este martes emitió la jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Magally Escamilla Rodríguez, en el sentido de ordenar la restitución de las clases presenciales a la rectora interina Cecilia Anaya Berrios. 

El discurso del viejo patronato fue doblegado en una audiencia de dos horas, al evidenciarse que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no tenía tomado el campus como se intentó vender mediáticamente y que desde el 31 de octubre de 2021 fue emitido un resolutivo para restituir el control del plantel a la Fundación Mary Street Jenkins, la misma que colocó a la rectora en el cargo. 

Luego de siete meses de protesta, el patronato de la Fundación Udlap que encabeza Margarita Jenkins de Landa se encuentra atado de manos, pues tras las investigaciones por el desvío de fondos millonarios, las cuentas de la academia se encuentran congeladas y Cecilia Anaya se ha negado a arrancar de nueva cuenta las actividades escolares hasta que logren su cometido: que las finanzas de la universidad regresen nuevamente a manos de sus patrones directos, hoy prófugos tras ser acusados por el delito de fraude específico. 

A 7 meses del conflicto 

El 29 de junio sería el inicio de una serie de descalabros contra la familia Jenkins. Elementos del Poder Judicial y Fiscalía, con apoyo de la SSP estatal y la Policía auxiliar, tomaron posesión de la Udlap, luego de la orden del juez 24 de lo Civil de la Ciudad de México, que determinó entregar a un nuevo patronato el control y administración de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap), pues los seis integrantes de la familia Jenkins se encontraban prófugos de la justicia. 

Para entonces, ya se dirimía un largo trecho: un mes antes, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada nombró a cinco miembros provisionales encabezados por Horacio Magaña—, para asumir el control del nuevo patronato de la Fundación Udlap, lo que dejó sin cabida a los hermanos Jenkins para seguir los recursos. 

Tras la toma de la Udlap por el nuevo patronato, ocurrieron las primeras manifestaciones por parte de universitarios, docentes y administrativos de lo que hoy se conoce como el movimiento #UdlapLibre, pero lo que no se sabía en ese momento era que su rector, Luis Ernesto Derbez, así como un grupo de vicerrectores y directivos, con la coparticipación de la familia Jenkins y sus abogados Virgilio Salas Rincón y Alejandro González Martínez, triangularon recursos por más de 200 millones de pesos a través de 16 compañías. 

Esto le valió a Derbez y compañía que el nuevo patronato de la Fudlap presentara seis denuncias, lo que el 18 de agosto desató una orden de aprehensión contra el exsecretario de Relaciones Exteriores y su camaradería por los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, fraude específico, administración fraudulenta, desvío de recursos y delincuencia organizada. 

Durante este periodo, también se dio a conocer que el modus operandi que utilizaron Derbez y sus empleados para desviar recursos de la escuela, al ofrecer servicios de asesoría y consultoría a la propia institución en la que trabajaban. 

Fue a través de la creación de la sociedad Udlap Jenkins Graduate School, cuyos apoderados legales son los mismos abogados que operaron el traslado de 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins a paraísos fiscales de Barbados y Panamá. 

Una vez girada la orden de aprehensión contra Derbez y su camarilla, el 20 de agosto del año pasado, Cecilia Anaya fue designada rectora interina de la Udlap, el Juzgado Tercero de Distrito otorgó la suspensión definitiva a favor de Margarita Jenkins y estableció que la responsable de recibir el campus era la hoy rectora. 

El 31 de octubre fue un día decisivo en la solución del conflicto. Tras meses de incertidumbre por pleitos jurídicos, una Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla ordenó abrir las instalaciones de la universidad, pero no se determinó que estas regresaran al control de Cecilia Anaya o la familia Jenkins, sino a favor del nuevo patronato. 

El 25 de noviembre, la cúpula empresarial intentó desairar al gobernador Miguel Barbosa durante la presentación del nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al gritarle al titular del Ejecutivo que debía liberar la Udlap. 

Ante la emboscada, el mandatario aclaró que el gobierno del estado no tenía injerencia en el conflicto que se dirime y advirtió que su gobierno no permite presiones de la “derecha sindical”. 

El 30 de enero de 2022, la revista Proceso publicó con datos falsos, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta intentaba apoderarse de los 720 millones de dólares robados por los Jenkins. Sin embargo, tan pronto fue publicada, la noticia cayó pues el mismo director del periódico, Jorge Carrasco, ofreció disculpas y reconoció el error del texto que no eran más que imprecisiones. 

Aun así, el grupo político de El Yunque intentó colgarse del tema políticamente y desde la dirigencia estatal del PAN que preside Augusta Díaz de Rivera, solicitaron una explicación al poder ejecutivo estatal sobre lo que se mencionó en ese texto. 

El 1 de febrero fue un día clave en la pugna. Ante la omisión de Cecilia Anaya Berrios de restituir las clases presenciales, la a jueza de oralidad de Puebla, Magally Escamilla Rodríguez, emitió un exhorto para que la rectora iniciara de inmediato todas las actividades 

La respuesta de los Jenkins y los directivos de la institución fue azuzar a los alumnos para realizar bloqueos en Periférico Ecológico, la Recta a Cholula, quienes agredieron a conductores que circulaban sin avistar lo que sucedía. 

Al momento, los directivos de la institución se han enfrascado en una discusión en la que acusan, la entrega de las instalaciones debe hacerse mediante la presencia de un juez federal, pues de otro modo legitimarían al patronato hoy encabezado por Horacio Magaña. 

 RECURSOS 

Línea del tiempo 

24 de mayo 2021: Excluyen del Patronato de la Fundación Udlap a la familia Jenkins y nombran a cinco nuevos integrantes 

29 de junio 2021: Policía auxiliar y estatal toman las instalaciones de la Udlap 

12 de julio 2021: Tras denuncias contra Luis Ernesto Derbez, lo releva Armando Ríos Piter en la rectoría 

18 de agosto de 2021: Un juez gira orden de aprehensión contra Derbez por desfalco de al menos 100 millones a la universidad 

20 de agosto 2021: Por la orden de aprehensión, Luis Ernesto Derbez y los académicos Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo, y Jesús Salvador Mijangos solicitan licencia 

20 de agosto 2021: Cecilia Anaya es la nueva rectora interina de la Udlap, colocada por Margarita Jenkins 

31 de octubre de 2021: Juzgado Tercero de Distrito concede suspensión definitiva a favor de Margarita Jenkins y se establece que Anaya recibiría el campus 

9 de diciembre de 2021: Auspiciados por los Jenkins, estudiantes de la Udlap intentan manifestarse frente a Casa Aguayo 

9 de diciembre de 2021: Una comitiva entabla diálogo con SEP y Gobernación estatal. Anuncian reapertura por primera ocasión con Cecilia Anaya 

7 de diciembre de 2021: Cecilia Anaya asegura que el juez 24 de lo Civil eliminó medidas cautelares contra el viejo patronato y le permitían retomar el control de las instalaciones 

25 de noviembre: Empresarios intentan desairar al gobernador por tema Udlap. Él responde “esas prácticas no funcionan en mi gobierno” 

10 de diciembre de 2021: Cecilia Anaya insiste que no tienen posesión física del campus, pese a resolutivo 

31 de enero: Jueza de Oralidad Penal exhorta a Cecilia Anaya a retomar clases presenciales 

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