Una mentira más salió a flote en la fosa séptica que se ha convertido el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap). Resulta que siempre sí, que una solución al problema tiene como objetivo final beneficiar a los Jenkins de Landa y avalar el desfalco de casi 730 millones de pesos a la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ). El fondo de la discusión no es si quiera el campus, los estudiantes, los académicos, los padres de familia. Para el clan, sus voceros y la ultraderecha poblana todo tiene sentido si los hoy prófugos de la justicia salen airosos. Vea usted hipócrita lector: Los integrantes del movimiento #UdlapLibre, que iniciaron un golpeteo contra el gobierno del estado por perseguir un delito del que tuvo conocimiento -¡Háganos usted favor!-, tienen como argumento principal que el conflicto entre los integrantes de esa familia debe dirimirse en tribunales y no perjudicar a la comunidad universitaria, pero la estrategia jurídica que emprendieron los asesores legales es precisamente lo contrario. La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia en el Estado de Puebla, en abril de 2021, llevó a cabo un par de asambleas en las que designó un nuevo patronato para las fundaciones Jenkins y Udlap. La cabeza más visible es Horacio Magaña. Ese procedimiento no fue una ocurrencia. Desde 2015, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de la familia Jenkins por sacar del país el patrimonio de la FMSJ -denuncia presentada por uno de los suyos: Guillermo Jenkins de Landa– y curiosamente en 2018, unos meses antes de que Enrique Peña Nieto dejara la presidencia, se dictó un Ejercicio de No Acción Penal en contra de los patronos. El problema es que la 4T llegó al poder y se hallaron irregularidades en esa decisión. Así pues, la Fiscalía General de la República reactivó, a principios de 2020, la carpeta de investigación y, obviamente, se dio parte de la Fiscalía General del Estado para que coadyuvara en las pesquisas. El 8 marzo de 2021, un juzgado de Control, con sede en Almoloya de Juárez, libró una orden de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados por el delito de lavado de dinero. Cuatro días después, la Junta para el Cuidado se sumó con la presentación una denuncia por desfalco. ¿Se trató de un embate? Por supuesto que no, simplemente el tiempo alcanzó a los Jenkins y a sus abogados. La mejor muestra es que a finales de marzo de 2021, la justicia federal se negó a amparar a los imputados contra las órdenes de captura y eso los llevó a huir del país. Esta cascada de fallos son los que terminaron por llevar a la autoridad a establecer nuevos patronatos. El razonamiento jurídico es sencillo: ¿Puede un/unos prófugo/s de la justicia tener la idoneidad jurídica para encabezar los patronatos de instituciones de asistencia? Ante esa situación la familia Jenkins de Landa inició varios juicios de amparo para mantenerse al frente de las fundaciones. Es verdad que hay suspensiones dictadas por los tribunales, pero el fondo del asunto -como dicen los abogados- sigue intocado, es decir, los Jenkins no han ganado nada. Otro punto que tampoco se ha dicho es que a pesar de que el clan llegara a ser restituido en los patronatos eso no deja sin efecto las órdenes de aprehensión que existen en su contra. Tampoco agota la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales. Conclusión: Nadie ha ganado nada. Lo que sí es un hecho evidente, a la luz de las nuevas revelaciones hechas por la rectora interina Cecilia Anaya Berríos, es que la defensa del movimiento #UdlapLibre está ligada a salvar el pellejo de los Jenkins de Landa o, mínimo, dejarles seguir con el negocio de las fundaciones. Ese es el fondo de la discusión, aunque la ultraderecha se rasgue sus hábitos monacales y diga que primero es la comunidad universitaria. Por eso la pregunta: ¿Ahora, con que nueva mentira saldrán?
jueves, mayo 2, 2024
