Si ya teníamos a Lalito Bachero, Lalito Naranjita, Lalito podador de árboles y demás sandeces con las que le encanta tomarse la foto al presidente municipal de Puebla -en una extraña maquinación mental de que los ciudadanos así quedarán convencidos de que sí trabaja-, este miércoles asistimos a la presentación de Lalito Encuestador. Cada trimestre, el INEGI presenta su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, conocida como ENSU, que tiene como objetivo “obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. Se busca proporcionar información al público en general y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad”. Como pudo leer, se trata de un instrumento benéfico para la toma de decisiones, no una herramienta para calificar positiva o negativamente a una autoridad. El último resultado en el caso de Puebla capital reveló que 9 de cada 10 habitantes se siente inseguro en su entorno y el 70 por ciento considera al gobierno municipal poco efectivo para resolver las principales problemáticas que los aquejan. Ante esta realidad, Eduardo Rivera Pérez salió muy orondo intentando ponerse el traje de experto en algoritmos y duda metódica para minimizar dicha evaluación. El problema es que solo le alcanzó para Lalito Encuestador. Por ejemplo, criticó la muestra de la metodología utilizada por el organismo e incluso calificó como “curioso” que mientras la Fiscalía reportó una disminución de delitos su gobierno esté tan mal evaluado. Y, luego, soltó la ocurrencia: atribuyó las cifras tan altas al impacto que generaron el asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez y la balacera en un centro de vacunación a manos de grupos narcomenudistas. ¿En qué se basó para afirmar lo anterior? Solo él lo sabe, porque no presentó ni un solo dato duro para explicarlo. Peor aún: el homicidio de la activista ocurrió en San Pedro Cholula y la balacera es producto de una pugna entre grupos rivales de narcomenudista que disputan el control de los mercados La Cuchilla y Unión, los mismos a los que la administración de Lalito Encuestador no ha querido entrar a meter orden.
AUGUSTA Y LA EXPLICACIÓN NECESARIA
Qué buena lectura política dio el gobernador Miguel Barbosa Huerta a las declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien se pronunció por la incorporación de varias empresas en el proceso de licitación para concesionar por 15 años los servicios de recolección y disposición final de los residuos sólidos del municipio. “A mí me parece que cualquier empresa que cumpla con los nuevos requerimientos del manejo de los residuos tendrá derecho a participar, es el gobierno municipal el que tiene que hacer una licitación y la empresa que pueda cumplir esa es la que deberá estar”, fue lo que declaró la panista. ¿Por qué es importante su postura? Porque trae encima la sospecha de que pretende desbarrancar a la empresa RESA, que actualmente detenta el contrato, y abrirle el paso a la empresa española Creating a Better World SL, la cual mantiene vínculos con AIGUA-R, en la que es socia la polémica panista Anahí Romero Alonso. Por el contrario, en el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez existe la intención marcada por repetir con el actual concesionario. Ahora bien, el gobernador, sagaz conocedor de la política y el poder, advirtió que la postura de la lideresa panista llevaría implícita la posibilidad de que haya una componenda para beneficiar a una empresa en particular, por lo que es necesario que presente las pruebas que lo confirmen. En otras palabras, el mandatario tomó la pelota en el aire, mano limpia, y lanzó directo a segunda para realizar doble play. En otras palabras: puso quieta a la lideresa y anteriormente le amarró las manos al alcalde para evitar que haya favoritos en la licitación que se traduzca en un negocio que beneficie a un funcionario en particular.
