Aunque el alcalde Eduardo Rivera Pérez y su secretaria de Seguridad, María del Consuelo Cruz Galindo, han afirmado que la ciudad de Puebla no vive condiciones críticas de violencia, el Cabildo de Puebla avaló brindar el servicio de escoltas a funcionarios de alto rango en la administración municipal.
Esta nueva función de seguridad personal estará a cargo de la policía municipal y entrará en vigor a partir del 1 de febrero del próximo año. Sin embargo, la falta de especificación sobre los criterios para otorgar esta protección personal levantó críticas, especialmente por parte de la fracción morenista.
Leobardo Rodríguez Juárez, por ejemplo, denunció que, a pesar de la aprobación de este servicio, no se detallaron los criterios que se utilizarán para determinar qué burócratas necesitarán escoltas.
En sesión de Cabildo de este viernes, el morenista solicitó un informe detallado sobre el diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y criticó la falta de información sobre cuántos funcionarios ya cuentan con protección personal, cuántos la necesitarán y cuáles son los criterios para determinar el riesgo asociado con sus cargos.
“No se detalla cuáles serán los criterios para determinar quién de las personas servidoras públicas de las dependencias o entidades corren peligro y necesitan un escolta que los cuide porque la seguridad en el municipio no ha podido ser cubierta por este gobierno municipal”, sentenció.
Expresó que la incorporación de escoltas se colocó en el mismo punto de acuerdo destinado a la creación de un área operativa auxiliar para la localización de desaparecidos, un tema completamente ajeno a la cuestión que estaba siendo aprobada.
Además, el morenista destacó la omisión durante dos años en atender a las víctimas y la desaparición de la célula de búsqueda de personas, por lo que propuso soluciones integradas en el dictamen, como la creación del Departamento de Atención a Víctimas y la Unidad de Vinculación y Apoyo en la Búsqueda de Personas.
La propuesta fue aprobada por mayoría de votos, luego de que el regidor Marvin Fernando Sarur Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil, defendió la iniciativa al asegurar que la medida buscaba proteger a quienes, por la naturaleza de sus funciones, ven amenazada su vida o integridad física.
Contra la propuesta, la regidora de Morena, Araceli Caselín Espinoza, argumentó que el dictamen careció de un análisis en comisiones de la Comuna y se integró —de forma mañosa y abrupta—, al punto de acuerdo que establecía la creación de un área operativa auxiliar para la localización de desaparecidos.
Añadió que brindar protección a los funcionarios públicos podría propiciar posibles abusos de poder de los burócratas, generando así una inequidad frente a la ley al cuestionar si era justo que disfrutaran de privilegios superiores a los de cualquier ciudadano. Asimismo, destacó que esta medida de seguridad resultaba desigual incluso dentro de la administración municipal, al limitarse a Coordinadores y Subsecretarios, excluyendo a aquellos con menor jerarquía.
“El tema de agregar protección a servidores públicos, ese no se tocó, yo no tuve conocimiento de todo esto, también están pidiendo que se cambie una coordinación a su subsecretaría, tampoco fue tocado; si bien, el dictamen lo mandó el viernes, el lunes en la mañana lo mandaron diciendo que era el final revisado: célula de búsqueda de personas fue lo que se tocó y fue lo que yo voté”, apuntó.
En respuesta, el alcalde Eduardo Rivera Pérez justificó que la propuesta de la Comisión era la homologación a una normatividad federal, por lo cual hizo uso de su mayoría para avalar el dictamen con la mayoría de regidores de la fracción panista.
