Fue un cónclave que reunió a los principales representantes de la procuración de justicia en el país y cuyos acuerdos impactarán en la entidad poblana, desde brindar capacitaciones periódicas a todos los policías y peritos, la elaboración de un lineamiento para las cédulas de Alerta Amber y Protocolo Alba, hasta la homologación en todo el país del tipo penal de feminicidio.
El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, con el respaldo del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fueron los representantes de la Primera sesión ordinaria 2023 de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
La intención fue tomar acuerdos para fortalecer las capacidades de investigación y persecución de los delitos de los organismos en el país y para ello, Puebla fue elegida sede.
El problema es tal que, de acuerdo con el Fiscal Especializado de Control Regional, Germán Adolfo Castillo —quien acudió en representación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero—, la zona centro compuesta por seis estados concentra 37 por ciento de la incidencia delictiva del fuero común en México.
De ahí partieron para declarar diversos acuerdos en materia de justicia penal. Por ejemplo, respecto a la prisión preventiva oficiosa se acordó una moción respetuosa a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para que el Ministerio Público tenga la obligación de aplicar esta medida cautelar en tanto no se declare inconstitucional.
Al igual, coincidieron en impulsar la homologación nacional del tipo penal de feminicidio y que sea a través de la Secretaría Técnica que se comparta dicha propuesta a todas las instituciones de procuración de justicia del país.
En tanto, en materia de suspensión condicional del proceso, Leticia Catalina Soto Acosta, secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, precisó que se desarrollará e impulsará una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales tras una serie de problemáticas detectadas por la Fiscalía en Puebla.
Otros acuerdos fueron promover la capacitación periódica de todas las policías y peritos del país para que se mantengan en vanguardia en la técnica de investigación y en el manejo de evidencias digitales, en tanto que entregarán información en materia de servicios periciales y servicios médicos forenses al INEGI con corte al 31 de diciembre del 2022 a fin de que sea publicada este año.
Por otro lado, determinaron elaborar un lineamiento para homologar las cédulas de Alerta Amber y Protocolo Alba, para su aprobación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia.
Las propuestas para fortalecer a las instituciones de seguridad fueron posibles con la apertura del gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien además de calificar a Higuera Bernal como un hombre profesional, acotó que la fiscalía del estado desarrolla su trabajo con autonomía.
“Cada uno de los poderes realiza su papel sin trastocar la autonomía e independencia, siempre en un clima de cordialidad y de coordinación efectiva. La justicia en este tenor ha encontrado una visión humanista y transparente, de tal suerte que los organismos encargados de impartirla, ofrecen respuesta adecuada a las legítimas exigencias de la legalidad”, aseveró.
Céspedes Peregrina recordó que en Puebla el nuevo sistema de Justicia Penal se encuentra vigente y en constante funcionamiento, además de que sostuvo, en la entidad se garantiza el acceso a la justicia equitativa, pronta y expedita.
Gilberto Higuera Bernal expuso que con los sistemas estatal y nacional de seguridad pública han impulsado diversos acuerdos como los procedimientos de homologación de los sistemas de control de confianza de los integrantes de las instituciones.
A la par, explicó que también han formulado estrategias de combate a la corrupción, protección de personas y atención a víctimas, así como la homologación de criterios de cadena de custodia y huellas o vestigios del delito.
La fijación de criterios de cooperación y procedimientos para la entrega de personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, además del aseguramiento de bienes que hayan sido utilizados en los delitos, fueron otros de los acuerdos que se han pactado con los sistemas de seguridad pública.
“Existe coordinación operacional, cotidiana y efectiva en el ejercicio de nuestras funciones. En suma, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, es una instancia colegiada, creada para estudiar y crear mecanismos de coordinación, pero también de evaluación, para enfocarnos hacia los resultados favorables al servicio y a la sociedad”, expuso Higuera Bernal.
