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miércoles, julio 24, 2024

Abastos y Distribuciones Institucionales: un imperio bajo la lupa

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Desde su fundación, Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V., conocida comercialmente como Abadi, logró posicionarse como un gigante en el suministro de alimentos y productos de primera necesidad en México, a tal grado que entre los años 2002 y 2021 la empresa acumuló un asombroso ingreso de 5 mil 285.3 millones de pesos con diversas entidades gubernamentales y privadas.

Sin embargo, este meteórico ascenso, ilustrado por la plataforma QuiénEsQuién.wiki, no ha estado exento de polémicas y cuestionamientos éticos. La empresa y sus dueños han sido investigados en múltiples ocasiones por presuntos actos de corrupción como simulación de competencia, intoxicaciones por la mala calidad de sus alimentos e inclusive lavado de dinero internacional.

En Puebla, su escalada ha sido a través de contratos con al menos cuatro gobernadores de distintos partidos, así como recientemente con el Ayuntamiento de Puebla a cargo de Adán Domínguez Sánchez, a quien vendió paquetes alimentarios mediante un contrato abierto de entre 14 y 35 millones de pesos, del que poco se sabe cuál es su avance de entrega hasta el momento.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información sobre los contratos recibidos en gobiernos estatales es inexistente, pero de lo que sí se tiene conocimiento es que en junio de 2023, la Comuna incluyó a la compañía en su padrón de proveedores y 11 meses después, logró de hacerse de un contrato millonario para la venta de despensas que fueron repartidas en plena veda electoral.

La figura del representante legal de Abadi ha visto múltiples cambios. Actualmente, Mauricio Castro Becerril funge como apoderado legal desde el 11 de julio de 2023, registrado ante el notario 24 de la Ciudad de México.

Anteriormente, Andrés Pastor García ocupó este puesto, y durante su relación con el Ayuntamiento de Puebla, Álvaro Santiago Cabrera Pichardo fue quien representó legalmente a la empresa. Pese a estos cambios en la administración, los verdaderos propietarios siempre han sido la familia Landsmanas Dymensztejn, una dinastía que ha sabido mantener un control férreo sobre su emporio.

Los métodos de adjudicación de los contratos nacionales obtenidos por la firma han variado significativamente desde 2002, año en el que se obtienen los registros más antiguos de la empresa sobre sus participaciones con gobiernos estatales y federales.

La plataforma QuiénEsQuién.wiki exhibe que en sus primeros 19 años laborales (2002-2021), la empresa logró hacerse de hasta 847 contratos que le beneficiaron con 5 mil 285.3 millones de pesos, de los cuales, 566 millones de pesos fueron obtenidos mediante licitación pública abierta, 239 millones por adjudicación directa, 30 millones por invitación a cuando menos tres personas, y 9 millones en procesos no definidos.

En su portal, Abadi se presenta como una empresa mexicana especializada en el abastecimiento y distribución de alimentos. Sus servicios abarcan desde el suministro de materias primas y alimentos preparados para comedores institucionales hasta la atención a programas sociales de alimentación mediante el armado y entrega de despensas y desayunos escolares.

Su sede: Calle 4, Manzana 5, Lote 6, Colonia Ejido del Moral, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, desde donde sigue operando y expandiendo su influencia en el mercado de distribución de alimentos, a pesar de los múltiples señalamientos y controversias que la rodean.

La cúspide de estos anomalías podría encontrarse en el contrato abierto por hasta 35 millones de pesos que el Ayuntamiento de Puebla le entregó para la compra de despensas en plena veda electoral, las cuales estuvieron en medio de las críticas políticas por haber sido entregadas para presuntamente incidir en los resultados electorales del pasado 2 de junio a favor de Acción Nacional, cuyos candidatos eran Eduardo Rivera y Mario Riestra Piña.

No obstante, sus antecedentes en Puebla se encuentran años atrás. En junio de 2020, el periodista Rodolfo Ruiz exhibió fotografías y mensajes que denunciaban la baja calidad de los alimentos entregados a los penales de Puebla por la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, parte del Corporativo Kosmos.

Las imágenes mostraban cajas de verduras en estado de descomposición y carne descongelada entregadas al Cereso de Puebla en la colonia Lomas de San Miguel, lo que provocó quejas y protestas tanto de los internos y custodios como de los encargados de preparar los alimentos, debido al temor de intoxicaciones y problemas gastrointestinales graves.

La empresa Abadi fue seleccionada en ese año por la Secretaría de Administración del estado para suministrar siete mil raciones de alimentos a los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal, mediante un contrato de más de 90 millones de pesos.

Esta misma suerte corrieron más de 600 internos en Puente Grande, Jalisco, quienes sufrieron intoxicación por consumir ceviche de soya infectado de salmonela que había sido vendida por otra empresa del mismo consorcio: La Cosmopolitana.

El portal e-consulta precisó además que la compañía Productos Serel, también propiedad de los Landsmanas y filial de Corporativo Kosmos, antes de la llegada de Abadi al estado, era la encargada de surtir alimentos a las administraciones de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad.

En la gestión de Gali Fayad, por ejemplo, un reportaje del medio de comunicación reveló que la firma recibió entre 2017 y 2018 al menos mil 410.4 millones de pesos, con la novedad de que Abadi también compitió en varias de estas convocatorias, siendo una visible simulación de competencia.

El conglomerado de empresas Corporativo Kosmos también ha estado involucrado en varios escándalos nacionales e internacionales: el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF en 2018, acusaciones por presunto lavado de dinero internacional vinculado a ventas a sobreprecio a Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, así como adjudicaciones directas con sospechas de corrupción.

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