El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, reafirmó el compromiso institucional de no criminalizar a las mujeres por el “delito” de aborto, pues aseguró que desde hace muchos años no se emiten sentencias por esta causa en contra de ninguna mujer.
“La Fiscalía de Puebla no ha tenido mayor acción contra personas y no lo vamos a seguir haciendo por convicción institucional, pero además, ustedes lo saben, en el Congreso del Estado está por debatirse y tomarse una decisión al respecto y nosotros nos ajustaremos a ello”, expresó.
El encargado de la procuración de justicia señaló que han enfocado sus baterías en atender otro tipo de delitos de mayor gravedad, tomando en cuenta los criterios judiciales federales, además, expuso que la Fiscalía no ha recibido recientemente denuncias sobre casos en donde la mujer por propia voluntad haya tomado la decisión de interrumpir su embarazo.
Explicó que las denuncias relacionadas a este ilícito sugieren otro tipo de tratamiento, como fue el caso de la formulación de imputación en contra de Erick Leonardo N. por feminicidio en grado de tentativa y aborto.
Este hombre, el 27 de mayo de 2024, presuntamente golpeó y lesionó con una navaja a su expareja embarazada en Xicotepec, causando lesiones y ocasionando la muerte del feto.
La información brindada por la Fiscalía este jueves señala que los hechos ocurrieron cuando su pareja llegó al domicilio y la mujer fue agredida con golpes en la cabeza y navajazos en el vientre, teniendo siete meses de embarazo.
De acuerdo con los datos de incidencia delictiva de la Fiscalía, durante 2023 y el primer semestre de 2024 han sido presentadas solo dos denuncias por aborto en la entidad. Desde 2016 a la fecha suman 54 querellas.
La opinión del Fiscal se dio luego de que el Congreso de Puebla abordará el tema de la despenalización del aborto este fin de semana. Las comisiones unidas de Salud y de Procuración y Administración de Justicia analizarán el proyecto de dictamen sobre las iniciativas para reformar el Código Penal del Estado.
Específicamente revisarán las fracciones que contemplan penas de cárcel por la práctica del aborto. Si se aprueba en comisiones, el dictamen se presentará en la última sesión ordinaria del Pleno de la LXI Legislatura.
Las Comisiones Unidas están estudiando la propuesta que sugiere trabajo comunitario y otra que mantiene la penalidad después de las 12 semanas de gestación.
Esto se suma a que en diciembre de 2023 el gobierno del estado instaló siete clínicas especializadas en distintas ubicaciones, ofreciendo a las mujeres la posibilidad de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Este derecho se otorgó luego de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a un amparo relacionado con la autonomía reproductiva y la objeción de conciencia de las mujeres.
