Una empresa con antecedentes por presunto lavado de dinero, previamente inhabilitada por surtir alimentos en estado de descomposición y contaminados con salmonelosis que provocaron la intoxicación de cientos de personas, además de un escándalo internacional a cuestas por la mala calidad de sus productos y ligada a la familia Landsmanas Dymensztejn, que en el pasado se favoreció con contratos multimillonarios ocultos en las gestiones de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad, fue la responsable de vender las despensas que el Ayuntamiento de Puebla distribuyó en plena veda electoral.
Se trata de la compañía Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV, misma que firmó un contrato abierto de entre 14 millones y hasta por 35 millones de pesos para la venta de estos paquetes alimentarios que fueron repartidos en plena veda electoral en el municipio de Puebla, con acusaciones por intento de coaccionar el voto a favor de los excandidatos panistas Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña.
La empresa, también conocida como Abadi, ya había sido investigada por presuntos actos de corrupción por corporaciones tanto nacionales como internacionales, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además de que sus operaciones han sido investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso por el Departamento del Tesoro y Justicia de Estados Unidos, la firma ha sido señalada por haber sido utilizada para simular competencia en procesos de adjudicación, a través del consorcio Corporativo Kosmos del que forma parte, de acuerdo con una serie de reportajes de diferentes medios de infotmación nacionales e internacionales.
Sin embargo, los turbios antecedentes no fueron impedimento para que el Ayuntamiento de Puebla contratara a la compañía en el mes de mayo para lanzar la tercera etapa de un programa impartido exclusivamente en línea, denominado “Nutrición de 10”, del que los regidores del Cabildo de Puebla no tenían ninguna información oficial.
CONTRATO OCULTA INFORMACIÓN
La contratación de la compañía Abastos y Distribuciones Institucionales, además de las múltiples observaciones previas por presuntos actos de corrupción en diferentes gobiernos, ocurrió en medio del ocultamiento sobre la cifra exacta de cuántas despensas fueron vendidas al gobierno municipal.
De acuerdo con el fallo de la licitación, el Sistema Municipal DIF del Ayuntamiento de Puebla, únicamente detalló acerca de la adquisición de paquetes alimentarios que incluían artículos como detergentes para ropa y trastes, toallas femeninas, papel higiénico o pasta dental, los cuales distan de tener relación con hábitos alimenticios.
El documento también deja dudas sobre el periodo de prestación de servicios, toda vez que únicamente se expresa que la compañía vendería los artículos “desde la firma del contrato” hasta el 31 de agosto de 2024, sin aclarar las fechas en que serían entregadas las despensas al gobierno municipal y mucho menos la convocatoria utilizada para identificar a los beneficiarios.
A lo sumo, lo que se especifica es que el costo unitario de cada despensa sería de 197 pesos para la muestra 1 (productos de limpieza personal), y de 799 pesos para la muestra 2 (productos de la canasta básica). Por las dos muestras, el gobierno capitalino gastó en promedio mil 031 pesos con IVA incluido por cada despensa, aunque sin especificar el número total de paquetes adquiridos.
El escrito menciona que estas despensas cabrían en un almacén de mil 500 metros cuadrados de superficie; además, se solicitó a la compañía contar con cinco vehículos con capacidad para 3.5 toneladas para trasladarlas a diferentes colonias del municipio de Puebla.
COMPAÑÍA OSCURA
Detrás de la contratación del Ayuntamiento de Puebla a la compañía para la compra de despensas en plena veda electoral se esconden una serie de acusaciones en su contra, que van desde simulación de competencia hasta presunto lavado de dinero.
En 2006, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por dos años y cuatro meses y le impuso una multa mayor a medio millón de pesos, debido a la entrega de alimentos en descomposición y de baja calidad en artículos pactados en contratos gubernamentales.
Solo por un juicio de nulidad en el que se determinó que hubo violaciones en el procedimiento de sanción, fue que la empresa pudo librarse; no obstante, en ningún momento presentó pruebas para desvirtuar las acusaciones en su contra.
Otras empresas hermanas a Abadi han incurrido en las mismas prácticas. La Cosmopolitana, que forma parte del mismo consorcio empresarial, en 2014 provocó que más de 600 reos en Puente Grande, Jalisco, sufrieran intoxicación por consumir ceviche de soya infectado de salmonela.
Este fue un problema añejo, de por lo menos 2011, cuando la CNDH recibió las primeras denuncias de familiares de presos en El Altiplano, que denunciaron la entrega de alimentos de mala calidad.
De hecho, esta misma empresa, en 2019, fue evidenciada en un reportaje de Televisa, por haber sido beneficiada junto a Productos Serel con información precisa para hacerse de licitaciones en colusión con el entonces director de Adquisiciones del IMSS.
No obstante, los problemas para Abastos y Distribuciones Institucionales no terminaron ahí. En 2018, la FGR anunció investigaciones a 23 empresas que vendieron productos alimenticios a Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, con un evidente sobrecosto de más de 120 por ciento.
Lo anterior derivó en la intervención de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, que entre el 3 y 8 de octubre de ese año ordenó el congelamiento de tres empresas pertenecientes a Kosmos (La Cosmopolitana, Productos Serel y Abastos y Distribuciones Institucionales), de acuerdo con el portal de noticias Lalalá news.
En este caso, la UIF investigó presunto lavado de dinero internacional, pues las mercancías fueron vendidas con sobrecosto y habrían tenido como objetivo la triangulación de recursos entre ambos países.
A nivel operativo, Corporativo Kosmos, matriz de Abastos y Distribuciones Institucionales, ha utilizado una estrategia de rotación entre sus empresas subsidiarias como La Cosmopolitana y Productos Serel para participar en licitaciones, lo que ha sido merecedor de críticas una visible simulación de competencia.
Animal Político reveló también otra de las irregularidades: Abastos y Distribuciones Institucionales fue una de las 12 empresas que incumplió con contratos para la distribución de alimentos a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por revisiones a la Cuenta Pública 2022.
En conjunto, estas 12 compañías recibieron 397 millones de pesos durante ese año, pero la ASF determinó que hubo “probable daño al erario”, luego de que ninguna emitió facturas ni entregó documentos que acreditaran la entrega a satisfacción de los bienes.
La compañía y sus dueños también obtuvieron ganancias millonarias a través del gobierno de Oaxaca durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, cuando se habrían embolsado la friolera de mil 968 millones de pesos a lo largo de la gestión en contratos para diferentes servicios, según la agrupación oaxaqueños contra la corrupción.
