La pesadilla de la activista Violeta Lagunes, así como dos de sus acompañantes que fueron detenidas por repartir propaganda electoral en contra de Eduardo Rivera y Mario Riestra, candidatos de Mejor Rumbo para Puebla, tuvo complicaciones trágicas: durante horas fueron maniatadas, golpeadas e incomunicadas por parte de la policía municipal tras ser remitidas a un Juzgado Calificador.
Pero las vejaciones tienen nombre y apellido, toda vez que Lagunes presentó pruebas fotográficas en las que se comprueba que quienes estuvieron detrás de las agresiones fueron operadores de Mario Riestra Piña y Eduardo Rivera: se trata de Juan Carlos Torres Villegas y Rafael Guzmán.
A decir de Lagunes, estos personajes se metieron a revisar los resultados de análisis médicos tomados luego de su detención y habrían sido los autores intelectuales de la captura luego de que señalaron las malas prácticas cometidas desde el Ayuntamiento de Puebla.
En el caso de Juan Carlos Torres Villegas, durante la administración de Tony Gali -cuando Mario Riestra fungió como secretario del Ayuntamiento-, trabajó como Jefe del departamento de Oficialía y también como director de Juzgados Cívicos.
A la vez, Rafael Guzmán fue director jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento y director Consultivo en la Sindicatura municipal. También laboró en el Comité Directivo municipal del PAN como tesorero y fue abogado de la campaña de Eduardo Rivera.
LOS HECHOS
Violeta Lagunes junto con su hermana y una activista fueron detenidas ilegalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Este acto, según la denunciante, fue orquestado por Adán Domínguez, en nombre de Mario Riestra y Eduardo Rivera, de quienes, dijo, ejercen un influjo desmedido sobre el gobierno municipal.
Las tres mujeres, Violeta, Xóchitl y Maribel, sufrieron más de cinco horas de privación de libertad, maltrato físico, intimidación y violencia psicológica. Todo esto, luego de que alzaron la voz contra las imposiciones dentro del PAN y expresaron su inconformidad con las candidaturas impuestas.
En los folletos que Lagunes repartía con algunos brigadistas mostraban “los grandes logros de Eduardo Rivera en la capital”: un 99 por ciento de personas que se quejan de los baches, el sistema de recolección de basura se encuentra colapsado y 9 de cada 10 poblanos se siente inseguro en su entorno.
Lagunes explicó que el detonante de este pleito fue la presunta actuación de Juan Carlos Torres Villegas, exfuncionario de alto nivel bajo las órdenes de Mario Riestra y Eduardo Rivera, quienes han sido señalados como responsables de abuso de autoridad, intimidación y manipulación de la justicia para reprimir la libre expresión.
El abogado de las víctimas, Arturo Espinoza, quien en el pasado representaba legalmente a Mario Riestra, señaló que durante más de cinco horas las mantuvieron escondidas en las instalaciones de la SSC en Rancho Colorado, sin poder hablar con sus abogados, con sus familiares o con cualquier persona.
“Fueron víctimas de maltrato físico, de vejaciones en contra de su persona, así como de maltrato psicológico. Y todo esto, solamente porque dos personas que se creen dueñas de esta ciudad se sintieron amenazadas por tres mujeres que han alzado la voz en contra de las imposiciones de su partido, el PAN”, externó.
El abogado manifestó que estos actos dejaron como consecuencia tres diversos delitos, como lo son abuso de autoridad, intimidación y delitos en contra de la procuración y administración de justicia, por lo que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la rueda de prensa, las víctimas mostraron moretones en brazos, cadera y piernas que sufrieron durante el ataque policial, en el que acusaron que fueron sometidas por un grupo de hasta 20 uniformados.
AUTORES INTELECTUALES, OPERADORES DEL PAN
Violeta Lagunes señaló que quien denunció la repartición de propaganda y provocó la detención fue Juan Carlos Torres, representante suplente del PAN ante el consejo municipal electoral en Puebla, mientras que Rafael Guzmán Hernández, quien ha sido jefe directo de Torres, es el abogado de la campaña política de Eduardo Rivera Pérez.
Estas conexiones, a su parecer, revelan una trama de montajes violentos orquestados desde el gobierno municipal con fines partidistas.
En el caso de Rafael Guzmán, denunciaron que se trata del jefe del “provocador”, Juan Carlos Torres. Entre sus antecedentes, trabajó con Mario Riestra en la administración 2014-2018, en tanto que en la gestión de Eduardo Rivera fue director consultivo en la Sindicatura municipal.
Los vínculos son notorios también en Juan Carlos Torres, quien habría incitado a la detención de las activistas. Se señaló como exempleado de Mario Riestra en la Secretaría del Ayuntamiento de 2014 a 2018, director de Juzgados Cívicos en la gestión de Lalo Rivera desde la Sindicatura y representante suplente del PAN ante el Consejo Municipal Electoral.
