Porque “es un robo a la vista de todos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Puebla renegociar o cancelar el contrato con la empresa que construyó el Museo Internacional del Barroco (MIB) y que representa una deuda de 8 mil millones de pesos para el estado.
Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente se refirió a los contratos leoninos que en su momento firmó la administración de Rafael Moreno Valle para la construcción de sus principales obras como el MIB, el Centro Integral de Servicios (CIS) y la plataforma de Audi.
Estas obras consideradas faraónicas por la oposición se construyeron a través de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que representó al estado adquirir compromisos monetarios -hoy considerados deuda- pagaderos a 15, 23 y 25 años.
El presidente recriminó que se mantenga este “añejo problema” cuando las cosas en el país han cambiado, por lo que dijo que los empresarios deben entender que esta situación no debe seguir, sobre todo cuando se afecta el dinero que es del pueblo, dijo.
Desde el año 2012, el gobierno estatal destina más de mil millones de pesos al pago de esos compromisos que también son legales. En el presupuesto de Egresos para 2024, que Sergio Salomón Céspedes envió al Congreso local, se etiquetó un monto de 1 mil 483 millones 437 mil 015 pesos para cubrir dichos compromisos.
Por ello el presidente López Obrador ha pedido al gobierno de Puebla llevar a cabo una revisión y plantear una reestructuración de los contratos o, proceder a su cancelación.
“Si no aceptan pues que se les cancele el contrato” porque “cuando ellos recibieron esos contratos había una política distinta, que buscaba que les fuera bien a minorías y mal al pueblo, pero ahora ya cambió”, sentenció el mandatario federal.
Un reportero en la mañanera exhibió que tan solo por el Museo Internacional del Barroco -obra del reconocido arquitecto Toyoo Ito- el gobierno tiene una deuda de 8 mil millones de pesos por lo que mensualmente se destinan entre 30 y 35 millones de pesos para pagarla.
Criticó que los empresarios encontraron las arcas abiertas en la administración del fallecido exgobernador panista y “que les fueron facilidades, incluso fueron operaciones legales, pero no morales ni legítimas”, condenó.
“Ahora como ya cambió, no se pueden tener contratos así porque es un robo a la vista de todos”, reprochó tras mencionar que en el caso de Puebla tiene conocimiento que hubo dos contratos que siguen afectando a las finanzas.
Uno de ellos es el realizado con la empresa que construyó el segundo piso de la autopista México-Puebla durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el segundo corresponde al MIB.
