Pese a sus turbios antecedentes a cuestas por despojos, presiones políticas y paracaidismo, integrantes de la agrupación Antorcha Campesina negaron las acusaciones de vecinos, transportistas y el propio gobierno del estado, sobre haber evitado colaborar para regularizar sus unidades de transporte público en colonias del sur de la ciudad.
A pesar de las acusaciones y la evidencia presentada en su contra, los representantes de Antorcha Campesina sostuvieron que son víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por la Secretaría de Movilidad y Transporte que, según ellos, es el verdadero obstáculo para la regularización de sus unidades.
Ovidio Celis, uno de los líderes del transporte afiliado a Antorcha Campesina, reapareció junto a un grupo de seguidores para negar las acusaciones de la dependencia, al señalar que supuestamente, es ésta la que se ha negado a regularizar las rutas 54, 22, 25, 20 y 25.
Pese a sus defensas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. Las acciones de Antorcha Campesina en el sur de Puebla, donde han impedido la entrada de otras rutas de transporte, han sido calificadas por vecinos como una estrategia para mantener un control monopólico sobre ciertas áreas.
La tensión ha sido particularmente palpable en el sur de Puebla, en colonias como Valle del Paraíso, donde Antorcha Campesina tiene una fuerte presencia. Aquí, la ruta 77 A y Nueva Generación Angelópolis han sido puntos críticos de conflicto, pues los choferes de unidades han recibido amenazas y bloqueos.
Esto, en cascada, ha generado el enojo de los vecinos de la colonia Valle del Paraíso, quienes han expresado su molestia porque las unidades asociadas con Antorcha Campesina no ingresan a su colonia y tampoco permiten que otras rutas lo hagan, exacerbando las tensiones y llevando a manifestaciones y bloqueos de vías importantes como la 11 Sur.
El clímax de estos conflictos ocurrió en los días pasados de julio, cuando integrantes de la ruta 77A denunciaron que transportistas afiliados a Antorcha Campesina retuvieron a una decena de operadores para evitar que circularan, alegando una invasión de su derrotero.
Los transportistas de rutas como Movilomas y Nueva Visión, también vinculados con Antorcha Campesina, impidieron el paso de los choferes de la ruta 77A en la colonia Valle del Paraíso desde primeras horas del día.
En enero de este año, se suscitó otro conflicto del transporte público en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, que escaló a niveles de violencia cuando hombres armados, presuntamente vinculados a Antorcha Campesina, atacaron una unidad de la ruta Galgos.
De acuerdo con Ambas Manos, los agresores bajaron a los pasajeros, golpearon al operador y amenazaron con prenderle fuego a él y a la unidad, un hecho de violencia que surgió en medio de una disputa entre los transportistas de Antorcha Campesina y la Cooperativa que maneja la línea S5-Azumiatla, conocida como “verdes”.
Conductores de las rutas Movilomas y Nueva Visión, también afiliadas a Antorcha Campesina, dejaron de ofrecer servicio en protesta por la falta de permisos para ingresar a colonias cercanas, en un intento por hacerse del control de todos los derroteros.
Pero los abusos de Antorcha Campesina se remontan desde hace años. En 2019, otras versiones periodísticas apuntan que Soraya Córdova Morán y Lluvia Sánchez Hernández, integrantes de Antorcha Campesina, enfrentaron denuncias penales por parte de concesionarios del transporte público, quienes las acusaron de amenazas.
En agosto de 2022, se difundió una nota en Diario Cambio, que acusaba a miembros del Movimiento Antorchista de amenazar con linchar a permisionarios de la Ruta Angelópolis en la 11 Sur, cerca de la Cuarta Sección de San Ramón.
La situación llevó a la intervención de la Guardia Nacional, policías municipales y estatales, así como de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que ya había sido contactada para evitar que la Ruta Angelópolis invadiera áreas asignadas a la Ruta 25.
La agrupación comercial ha estado en la mira de los gobiernos estatales.
En la administración de Miguel Barbosa Huerta, el exmandatario anunció que eliminaría las concesiones “pirata” otorgadas por el morenovallismo, específicamente aquellas vinculadas con Antorcha Campesina.
Su declaración surgió a propósito de un conflicto entre taxistas en la Vía Atlixcáyotl que alertó al gobierno estatal sobre la proliferación de unidades y rutas no autorizadas, por lo que en su momento dijo que se había iniciado una investigación para identificar y sancionar a las unidades con placas falsas o documentos no válidos.
La evasión ha sido una constante para la agrupación. En febrero de 2023, miembros de Antorcha Campesina se manifestaron frente al Congreso local, exigiendo la condonación de los costos asociados con la verificación vehicular y los trámites previos, como multas y cambio de placas.
Los inconformes pidieron una mesa de diálogo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina antes de la comparecencia de la entonces secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte.
Sin embargo, la petición ocurrió en medio de la consigna del mandatario “No nos prueben ni nos reten”, luego de que la organización amagó con desquiciar avenidas al cerrarlas para hacerse escuchar.
