En el centro de un escándalo por corrupción y contratos simulados, el excorredor público número 9 de Puebla, Manuel Enrique Díaz y Pérez, ha sido señalado por haber constituido empresas que habrían competido de manera ficticia para hacerse de contratos gubernamentales.
Entre estas empresas figuran Crisgrein y Grupo Gudman S.A. de C.V., las cuales, según revelaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), podrían haber simulado competencia para que la primera, obtuviera un contrato con el Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Eduardo Rivera Pérez, por 1.4 millones de pesos, en 2022.
La ASE descubrió que estas dos compañías, junto con una tercera, Innovanet, presentaron exactamente las mismas fotografías de los productos que ofertaron, lo que puso en evidencia que no existía una competencia real entre ellas en el proceso de licitación por invitación para la adquisición de materiales tecnológicos, útiles, refacciones y accesorios de cómputo.
Manuel Enrique Díaz y Pérez, quien falleció en agosto de 2023, dejó además un historial de polémicas relacionadas con la constitución de otras empresas utilizadas durante el periodo del morenovallismo.
En su momento, diversas compañías se habrían empleado para simular obras dentro del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), una entidad encargada de la construcción de infraestructuras educativas en Puebla.
Uno de los antecedentes más sonados del notario ocurrió en 2020, cuando la ASE detectó la participación de Díaz y Pérez en la creación de empresas fantasma como Proyectos Vianya SA de CV, Dalelu SA de CV y Corporativo Fronta SA de CV, que constituidas bajo su dirección, fueron señaladas por simulación de operaciones para acceder a contratos millonarios del gobierno.
Además de las mencionadas, otra empresa vinculada a Manuel Enrique Díaz y Pérez salió a la luz en 2023: Servicios Profesionales Casimlo, firma que, de ser originalmente un bufete jurídico, se transformó en una empresa dedicada a la obra pública en menos de un año.
Y aunque no tenía relación directa con el negocio de las redes sociales ni la publicidad, logró además obtener un contrato por adjudicación directa con el Ayuntamiento de Puebla, en 2022, para manejar la “publicación y difusión del quehacer gubernamental a través de redes sociales”, de acuerdo con Lado B.
Casimlo también fue mencionada en el más reciente informe de la ASE, que destacó la falta de documentación clave en la adjudicación de un contrato por 497 mil 210 pesos para la implementación de una estrategia de economía social y solidaria en Puebla, en 2022.
La firma no presentó documentos indispensables como el oficio de autorización de la partida presupuestaria, acta constitutiva, comprobante de domicilio, constancia de no inhabilitado y pruebas de capacidad técnica y económica, entre otros.
EL VÍNCULO
El excorredor Público número 9, Manuel Enrique Díaz y Pérez, se encuentra en medio de la polémica, luego de que la ASE mencionó su nombre en torno a un contrato relacionado con la adquisición de equipos de cómputo por un monto de un millón 474 mil 550 pesos. Dos de las empresas licitantes, Crisgrein y Grupo Gudman, fueron constituidas el mismo día, el 6 de abril de 2021, y protocolizadas ante dicho corredor, conexión que levantó sospechas sobre una posible simulación de competencia.
La ASE detectó que estas empresas, con menos de cuatro meses de experiencia en el rubro de “Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo”, presentaron las mismas fotos de los productos ofertados, junto con Innovanet, constituida en el Estado de México por otro corredor, el número 31 de Tlalnepantla, René Gámez.
En una revisión a las actas constitutivas de las empresas Crisgrein y Grupo Gudman, se corroboró que ambas comparten características similares. Por ejemplo, además de haber sido creadas el mismo día con el mismo notario, sus socios comparten apellidos: Marlene Fuentes Ramírez en el caso de Crisgrein y, Verónica Ramírez Rosete, por parte de Grupo Gudman.
Periódico Central, medio de información poblano, dio a conocer además en 2020 que, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, se desviaron alrededor de mil 600 millones de pesos mediante la constitución de 28 empresas fantasma, avaladas por un grupo de notarios y un corredor público en Puebla.
Entre estos fedatarios destaca el corredor público número 9, Manuel Enrique Díaz y Pérez, quien fue responsable de registrar la creación de tres de estas empresas fraudulentas: Proyectos Vianya, Dalelu y Corporativo Fronta.
La creación de estas compañías fue parte de un esquema de corrupción en el que se habrían utilizado recursos públicos destinados al CAPCEE, desviando el dinero hacia entidades que simulaban operaciones.
El caso de Manuel Enrique Díaz y Pérez no es aislado, ya que otros notarios y fedatarios también estuvieron implicados en este esquema de corrupción, constituyendo empresas que posteriormente se identificarían como factureras o fantasmas, en un intento de saquear las arcas estatales.
El otrora Notario 9 también fue señalado por su presunta implicación en la constitución de la empresa Servicios Profesionales Casimlo, involucrada en contratos públicos adjudicados de manera directa, algunos de ellos bajo sospecha de irregularidades.
De acuerdo con Lado B, la empresa fue constituida en diciembre de 2020 por Grisel Galeote Simbro y Gustavo Rodríguez Vera en la oficina del notario Díaz y Pérez, quien certificó el acta constitutiva de la sociedad.
A pesar de ser una empresa de reciente creación, Casimlo logró obtener contratos con entidades gubernamentales apenas seis meses después de su fundación, incluyendo un contrato de 2 millones de pesos con el Ayuntamiento de Puebla a cargo de Eduardo Rivera, para la difusión de actividades gubernamentales en redes sociales, adjudicado sin concurso de por medio.
Entre las actividades registradas en el acta constitutiva, Casimlo incluyó 37 rubros que abarcan desde asesoría jurídica, fiscal y financiera, hasta la administración de obras públicas, un campo en el que no tenía experiencia previa. Este amplio espectro de actividades generó dudas sobre la verdadera capacidad operativa de la empresa, especialmente considerando que, en su primer año de operaciones, facturó más de 4 millones de pesos provenientes de contratos con la Comuna y otras entidades.
