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jueves, febrero 22, 2024

Somos incapaces de atender el crimen en La Cuchilla: Adán Domínguez

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El escándalo internacional que se estrelló en la cara del Ayuntamiento de Puebla por la inclusión del mercado de La Cuchilla en la lista de principales centros de piratería en el país —a la par de Tepito—, llevó al edil suplente, Adán Domínguez Sánchez, a reconocer la incapacidad de la gestión panista para hacer frente al problema y le echó la bolita a “otro orden de gobierno”.

“El Ayuntamiento de Puebla no tiene facultades para revisar si la mercancía de cualquier negocio: bar, tienda, centro comercial o lo que sea, si la mercancía es robada o no es robada o si es pirata o no es pirata, esa facultad es de otro orden de gobierno”, apuntó. 

Pese a que la Ley Orgánica Municipal y el Código Reglamentario Municipal (Coremun) obliga y faculta al Ayuntamiento de Puebla a la administración de los mercados municipales, para el también socio comercial de Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, la Comuna no puede realizar operativos al interior de La Cuchilla ya que “es imposible” revisar si la mercancía que se distribuye allí es legal. 

Sánchez también señaló que La Cuchilla se ubica dentro de un predio privado, por lo que el único compromiso posible para el gobierno municipal es colaborar con el gobierno estatal para atender la problemática de actividades ilícitas que allí se cometen. 

“No es un mercado municipal, esto no quiere decir que no colaboremos con el gobierno del estado. Desde hace ya varios años cuando el exgobernador Barbosa señaló que el gobierno del estado iba a iniciar un proceso de expropiación, el Ayuntamiento de Puebla ha estado pendiente y dispuesto para colaborar con esta estrategia”, dijo.  

QUÉ DICE LA LEY

De acuerdo con el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal, los municipios en la entidad poblana, tienen la obligación de encargarse de diferentes actividades; una de ellas es, según el inciso IV, de los mercados y centros de abasto. 

Además, según capítulo VI “De las atribuciones de los Ayuntamientos”, en su inciso XXII de la misma ley, se establece que los municipios tienen facultades para “declarar, conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y decretar su expropiación”.  

Lo anterior coincide con la propuesta del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien había puesto sobre la mesa la creación de una reserva territorial como causa de utilidad pública para poder expropiar este espacio, tras identificarse que La Cuchilla fungía principalmente como centro para el trasiego de drogas. 

Por otro lado, el artículo 1429 del Coremun, en su inciso IV, establece que la Comuna es competente para vigilar la operación de los mercados: 

“IV. Vigilar que, en los Mercados del Municipio, prive la sana convivencia y la libre concurrencia para el desarrollo de la actividad comercial y beneficio de la ciudadanía en general; y en su caso remitir el informe correspondiente al Departamento de Mercados y Central de Abastos para ser turnado a través de éste o la Dirección de Abasto y Comercio Interior a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial”.  

GOBIERNO ESTATAL REPRENDE AL EDIL

La declaración del edil surgió luego de que, en medio de la polémica desencadenada por ser señalada La Cuchilla como uno de los principales mercados de piratería en el sureste, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes reprendió a Domínguez Sánchez por desentenderse del problema. 

Céspedes Peregrina exhortó a “no cerrar los ojos” ante esta realidad, criticando la postura del alcalde, quien previamente argumentó que el mercado es privado y no está bajo la jurisdicción del Ayuntamiento. 

El gobernador recordó la responsabilidad de todos en mantener seguras las zonas bajo su jurisdicción y llamó a esfuerzos coordinados con el Ayuntamiento para abordar el problema de piratería, narcomenudeo y otras actividades ilícitas que se cometen 

El informe resaltó la magnitud del problema: aproximadamente 120 depósitos y 150 establecimientos dedicados a la venta de productos falsificados, comparándose solo con mercados negros como Tepito, en Ciudad de México.  

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