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viernes, junio 14, 2024

Seguridad Pública y ligas con la delincuencia, el principal lastre de la campaña de Eduardo Rivera

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En el penúltimo día de campaña, el candidato del PRIAN, Eduardo Rivera Pérez, retomó la bandera de la seguridad pública en un intento de remontar en las encuestas que cada vez más lo separan del puntero; este tema fue un lastre durante los 59 días de su campaña pues el municipio de Puebla que gobernó se ubicó como uno de los más inseguros, además de que durante las semanas de campaña brotaron casos de personajes ligados a su proyecto con oscuro pasado y con antecedentes delictivos, como el caso de Tania N.

Este martes, el abanderado de PAN, PRI, PRD y PSI se comprometió a reforzar la seguridad en el estado, para ello ofreció a los elementos de seguridad pública homologar prestaciones laborales en los 217 municipios.

Sin embargo, el tema de seguridad pública fue un lastre durante su campaña, pues sus contrincantes de Morena criticaron una y otra vez los índices de inseguridad en los que dejó sumida a la capital del estado, además de sus vínculos con presuntos delincuentes.

Para evadir su responsabilidad en el tema de la inseguridad cuando fue alcalde, Eduardo Rivera Pérez, comparó su gestión con la de su antecesora, Claudia Rivera Vivanco, sin embargo, no pudo explicar el crecimiento de los delitos que se dio entre 2022 y 2023 cuando fue presidente municipal.

A su llegada al ayuntamiento de Puebla en 2021, Eduardo Rivera recibió la ciudad con un índice en promedio de mil 403 delitos mensuales; en el primer año de su gobierno dicha cantidad aumentó a 2 mil 639.92, en 2022, y para 2023, antes de dejar el gobierno municipal, se registraban 2 mil 692 delitos de manera mensual.

Lo anterior de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) entre los años 2022 y 2023.

Si se comparan 2022 y 2023, los dos años que gobernó la capital, la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes incrementó, por ejemplo, el delito de robo aumentó 9 por ciento, pues hace dos años se tenían 14 mil 223 denuncias.

En un año se incrementó el robo de vehículos al llegar a 3 mil 190, mientras que el robo a negocio aumentó por arriba de 17 por ciento entre 2021 y 2022, el de lesiones dolosas de mil 822 a mil 922; el de robo a casa habitación pasó de 896, en 2021, a mil 79 en 2022.

Otro de los lastres que cargó Eduardo Rivera fueron sus operadores, entre los que se encuentran exfuncionarios del Ayuntamiento de Puebla, familias caciquiles, docentes que no se sabe si han solicitado permiso para separarse de su cargo y parientes de políticos con un oscuro pasado, con fuerte olor a huachicol.

Los operadores políticos trabajaban en la administración que encabezaba Eduardo Rivera Pérez, hoy encargada a Adán Domínguez Sánchez, según se informó, sin embargo, no se tiene certeza de que esos espacios hayan sido ocupados por familiares. Tenían sueldos de entre 73 mil y los 15 mil pesos mensuales.

La mayoría de estas personas, cerca de 35, estuvieron en nómina del ayuntamiento y a su vez se alistaban para conformar la estructura electoral del panista hoy abanderado a la gubernatura por los partidos PAN, PRI, PRD y PSI.

Otra de los personajes que tienen sobre sus hombros los vínculos familiares oscuros es el operador de Eduardo Rivera en el distrito de Tecamachalco, en donde fue asignado Isaac López Ponce, hermano del exalcalde Inés Saturnino, quien fue detenido por obstruir la detención del presunto capo del huachicol en Quecholac, Antonio Martínez Fuentes.

EL PSI SU PEOR LASTRE POR SUS VINCULOS CON EL HUACHICOL

A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre algunos de sus candidatos, Eduardo Rivera nunca se desmarcó del partido Pacto Social de Integración (PSI), cuyos dirigentes Carlos Navarro y Nadia Navarro presentaron a sus candidatos al inicio de la campaña con autoritarismo, intolerancia y amenazas contra los medios de comunicación.

Para la elección, el PSI —partido que prácticamente se ha aliado con todas las fuerzas políticas en su corta historia, convirtiéndose en un partido satélite— lleva como candidatos a personajes vinculados con actividades ilícitas como huachicol, enriquecimiento ilícito, desobediencia, resistencia de particulares a la autoridad, y cometieron violencia política contra las mujeres en razón de género.

En el pasado, tres de los ediles emanados de sus filas han sido detenidos: Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo; José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de El Toñín —presunto capo del huachicol—, de Quecholac; e Inés Saturnino, expresidente de Tecamachalco por el PAN, postulado por el PSI para competir por la alcaldía en 2021 y nuevamente para este 2024.

Entre los aspirantes se encuentran Inés Saturnino López Ponce, el excalde de Tecamachalco acusado por ejercer violencia política contra la exregidora Ruth Zárate; Guadalupe Martínez, hija de Antonio Martínez, el presunto jefe huachicolero de la zona del Triángulo Rojo, así como Juan Carlos Valderrábano, exalcalde de Xicotepec, acusado de enriquecimiento ilícito en 2018.

La polémica se centró en la postulación de Guadalupe Martínez, hija de El Toñín, como candidata a la presidencia municipal de Tecamachalco, quien incluso amenazó a los medios de comunicación por criticar su nexo familiar.

EL CASO TANIA, LA MAYOR EVIDENCIA DE LOS VINCULOS CON LA DELINCUENCIA

El caso de la captura de Tania N., la entonces candidata a diputada local suplente del PRI, fue uno de los puntos que vino a minar la alicaída campaña del candidato del PRIAN, luego de que el escándalo alcanzó a la dirigente estatal del PRI y al candidato a regidor Juan de Dios Bravo, propietario de la casa donde fue detenida la priista por efectivos de la Marina.

El arresto de Tania N. estuvo precedido por su participación en actividades ilícitas relacionadas con posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada. Su hermano, Alfredo N., fue arrestado en 2021 en la capital poblana cuando intentaba trasladar 19 armas a la Ciudad de México.

Aunque en un principio las dirigencias y el propio candidato a la gubernatura defendieron la presunción de inocencia de Tania N., tras su vinculación a proceso por seis delitos graves, terminaron por dejarla sola y desligarse de ella.

El caso tomó un nuevo giro, pues se sabe que el operativo que la Marina desplegó en la colonia Tres Cruces, en la capital poblana, tenía como objetivo la captura de El Apá o El Moreno, presunto líder de una célula del grupo criminal identificado como Operativa Barredora o La Barredora en el estado y pareja sentimental de Tania N.

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