El Congreso de Puebla está a un paso de aprobar la “Ley Carpy”, una reforma impulsada por el caso de Felipe Carpy, un activista animalista que quedó en silla de ruedas tras ser víctima de un violento asalto en 2022.
La ley garantizará atención médica y psicológica permanente a todas las víctimas de delitos en el estado, un logro que Felipe celebró al considerar que su sufrimiento ahora servirá para proteger a otras personas en situaciones similares.
El camino hacia la justicia, para Felipe Carpy, ha sido arduo y doloroso. Cada segundo ha significado no solo la lucha por su propia recuperación, sino también por la protección de futuras víctimas.
“Me siento contento, porque de alguna manera estoy prestando mi voz a futuras víctimas que pasen por lo mismo que yo”, expresó con emoción contenida, tras recordar el peso que ha llevado desde aquella fatídica tarde del 1 de junio de 2022.
Ese miércoles, la vida de Felipe cambió para siempre. Después de realizar un retiro bancario de 300 mil pesos en una sucursal de Banorte, ubicada en la colonia Universidades, el joven de 33 años se dirigió a su siguiente destino en su camioneta, pero al llegar a la avenida Las Torres, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, quienes le dispararon en tres ocasiones y lo dejaron con secuelas definitivas: la pérdida de su movilidad en las piernas.
“Me pidieron el dinero, sospecho que sabían que lo llevaba. Me negué y me dispararon tres veces”, señaló Felipe al recordar que las tres balas no solo le robaron su movilidad, sino también la tranquilidad con la que hasta entonces había vivido.
La ambulancia llegó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Felipe fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia donde, tras varias cirugías y un mes de hospitalización, le dieron la noticia que temía: nunca volvería a caminar.
“Es un proceso largo, no solo para mí, sino también para mi familia. Salimos del hospital endeudados, gastamos 100 mil pesos en una cirugía y los medicamentos, pero a raíz de todo eso que denuncié en su momento fue que se tuvo la iniciativa para crear esta ley”, apuntó.
Así nació la “Ley Carpy”, un proyecto que busca garantizar que las víctimas de violencia reciban atención médica y psicológica de manera inmediata y permanente. La ley, que ya fue aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla, está a un paso de ser ratificada en el Pleno.
“Cada cicatriz, cada lágrima, cada dolor que he vivido cobra sentido al saber que servirá para proteger a otras personas”, afirmó Carpy en una entrevista con Hipócrita Lector.
El proceso no fue fácil, pero contó con el apoyo crucial de diputados como Oswaldo Jiménez y Miguel Espinosa de los Monteros, quienes, desde el primer momento y a lo largo de estos dos años dieron acompañamiento e impulsaron la iniciativa.
SECUELAS ECONÓMICAS
Para Felipe Carpy, las secuelas físicas no han sido las únicas que enfrenta, pues describe el devastador impacto económico que ha tenido sobre él y su familia, al punto de gastar actualmente entre 30 y 35 mil pesos al mes solo para mantener su calidad de vida.
Expuso que, al salir del hospital, ha tenido que gastar en algo tan básico como ir al baño, al tener que desembolsar 50 pesos cada vez, además del uso de guantes, sondas, gasas y lubricantes.
Además, requiere tomar cuatro medicamentos diarios, lo que se ha complicado por la falta de un riñón que perdió tras el incidente y cualquier enfermedad supone un nuevo ingreso al hospital, lo que implica más gastos.
A parte de los medicamentos y cuidados rutinarios, Felipe sigue enfrentando un enemigo invisible: las úlceras por presión, una complicación común en personas que deben pasar largas horas sentadas. Al principio, el hospital intentó tratarlas, pero las heridas se hicieron tan graves y costosas que requirieron cirugía particular.
“Son gastos de aproximadamente 30 o 35 mil pesos al mes, entonces sin trabajo, sí está difícil cubrir estos gastos, pero al final de cuentas esta ley es lo que busca: proteger a las víctimas”, expuso.
Aún con el reto mayúsculo, Felipe no se ha quedado con los brazos cruzados, pues ha tratado de salir al paso con la venta de bolsos, aretes, miel y salsas o venta de bazar, mientras que se apoya en la generosidad de amigos y desconocidos que le donan medicamentos o artículos de curación.
BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Aunque los dos responsables del ataque, Alexander N., de 21 años y Alejandro Manuel N., de 35, fueron detenidos poco después del asalto, Felipe aún aguarda el final de un proceso judicial que se ha prolongado por más de un año y medio.
Acusados de homicidio en grado de tentativa, robo agravado y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, su juicio oral está programado para octubre próximo.
“La espera ha sido larga, especialmente para la audiencia intermedia, pero confío en que las autoridades harán su trabajo y que recibirán el castigo que merecen”, comentó Felipe con serenidad.
Felipe agradeció el acompañamiento que le ha brindado el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien conoció su caso y ha estado apoyándolo, además expresó su gratitud a los diputados que impulsaron reformas en la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, otorgando a las víctimas de violencia el derecho a la salud, un paso esencial para aquellas personas que, como él, han quedado en situación de vulnerabilidad extrema.
