La tranquilidad del Ayuntamiento de Puebla presidido por Adán Domínguez Sánchez podría venirse abajo luego de que el regidor Leobardo Rodríguez soltó la bomba: 110 plazas de base asignadas a familiares, amigos y recomendados de la esfera yunquista en el municipio de Puebla, estarían a punto de desmoronarse ante la posible denuncia que presenten trabajadores afectados por el proceso de asignación.
Rodríguez Juárez desveló el sucio entramado: primero, aprobaron las basificaciones sin seguir el procedimiento legal, y luego, en un intento desesperado por cubrir sus huellas, las presentaron en el Cabildo.
Con la derrota electoral a cuestas, eso no detuvo a los regidores de Acción Nacional de llevar a cabo uno de los movimientos más turbios y apresurados que se recuerdan en la administración pública.
El torcimiento de la ley, según explicó el regidor morenista, ocurrió cuando el Ayuntamiento de Puebla aprobó la propuesta de 79 bases sindicales para familiares y allegados al líder del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, Gonzalo Juárez Méndez.
Estas bases, entregadas desde el primer trimestre del año, carecían de un aval del Cabildo, por lo que ante la posterior integración de otros 31 nombramientos, a la Comuna no le quedó mayor opción que presentar un dictamen conjunto de basificaciones.
La diferencia fue que, en un hecho nunca antes visto, fue implementado un curso de capacitación de tres meses, suficiente para ganar tiempo y justificar que los burócratas beneficiados tendrían más de 3 años laborando en la administración municipal, dado que una buena parte de perfiles que iniciaron su carrera laboral en el Ayuntamiento de Puebla, lo hicieron desde el arranque de la administración de Eduardo Rivera Pérez.
Juárez retrató un asunto mayor: la entrega de estas bases sindicales se dio en medio de un evidente conflicto de interés, en el que habrían incurrido los regidores Ana María Jiménez Ortiz y Carlos Montiel Solana.
Expuso que el simple hecho de haberse abstenido de la votación en Cabildo cuando se presentó la propuesta de las bases, ya enciende las alarmas, pues sería la confirmación de que en la lista de beneficiados existen personas con un parentesco familiar o relación basada en un conflicto de interés.
“El haberse excusado no termina de resolver el conflicto de intereses, que se hayan excusado implica que alguien esté directamente relacionado filial, familiar o políticamente hasta el tercer grado de cercanía. Sería una conducta reprochable a los involucrados si hubiera una denuncia u observación de por medio”, expuso.
Por otro lado, apuntó que el mismo presunto conflicto de interés es visible en las 79 bases sindicales propuestas por el líder del gremio, Gonzalo Juárez Méndez, toda vez que se incluyeron familiares de éste y de sus colaboradores más cercanos, colocándolos en las plazas de mayor remuneración económica.
Agregó que la aprobación total de las 110 bases sindicales, aunque de momento no podrían echarse abajo al ser un acuerdo de Cabildo, sí podrían revisarse casos particulares en caso de que otros empleados decidan presentar quejas por una convocatoria inequitativa.
“La ilegalidad primera en la que habían caído era otorgar las posiciones de bases sin haberlas pasado por Cabildo, lo que hacen ahora es presentar un procedimiento para corregir la ilegalidad de no haberlo pasado; hoy ya tienen el paso que les faltaba, pero estos casos particulares donde podría haber conflicto de intereses, no tienen prescripción inmediata, lo que significa que si, por ejemplo, en seis meses se determina que alguien incurrió en este delito, podría haber sanciones”, apuntó.
Al respecto, el diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, expuso que para nadie es sorpresa este tipo de prácticas por parte del Yunque, pues recordó el caso de Marcos Castro, actual secretario general del PAN, quien anteriormente como regidor influyó en la asignación de bases sindicales a conveniencia.
“No me sorprende porque es parte de un acuerdo político, pero se ven mal porque se les concedió la base sin cumplir con la ley de trabajadores, pero vemos que la gran mayoría de los que se les dan las bases son gente de esta administración, cuando hay gente con más antigüedad y más experiencia”, manifestó.
El legislador de Acción Nacional expuso que, dadas las circunstancias, los regidores que avalaron las bases podrían incurrir en responsabilidades administrativas al no haber cumplido con los requisitos de ley en la asignación de las plazas.
Añadió que la revisión de los casos podrían hacerse durante la administración actual, de lo contrario, sería responsabilidad de la siguiente gestión revisar el cumplimiento del procedimiento de basificación conforme a la ley.
Es de señalar que entre la lista de basificados se encuentra María Teresa Jiménez Ortiz, hermana de la regidora Ana María Jiménez Ortiz, así como otros dos recomendados de Carlos Montiel Solama, coordinador de regidores del PAN: Eduardo Flores Candia y Karla Ahuatzin.
Resalta el nombre de Enrique Goiry Montiel, primo del secretario particular de Presidencia, Enrique Guevara Montiel –allegado al presidente Eduardo Rivera-, lo mismo que la cuñada de Gonzalo Juárez, Fabiola Osorio Muñóz.
