La presidenta de la agrupación “Unidos por Puebla”, Paola Migoya, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Eduardo Rivera, exalcalde de Puebla, por presuntos desvíos de fondos públicos durante su gestión en el Ayuntamiento de Puebla.
Según la denuncia, se señala un desvío de 106 millones de pesos, de los cuales, 19 millones fueron destinados al pago a la encuestadora Massive Caller para un careo supuestamente destinado a evaluar el desempeño del Ayuntamiento.
Sin embargo, a decir de Migoya, este recurso en realidad fue utilizado para promover la imagen de Eduardo Rivera Pérez, actual candidato por la coalición Mejor Rumbo para Puebla al gobierno de Puebla.
La denuncia también incluye a Adán Domínguez, exgerente municipal, y a Bernardo Arrubarrena, exsecretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, como supuestos partícipes en estas acciones irregulares.
ANOMALÍAS EN LAS ADQUISICIONES
La denuncia se basa en la presunta violación flagrante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, derivada de la autorización de varios contratos y adjudicaciones directas de arrendamientos o servicios con diversas empresas, que en conjunto suman más de 106 millones de pesos.
Uno de los aspectos que resalta de la denuncia es la utilización de una encuesta de Massive Caller por parte de Eduardo Rivera durante la intercampaña, lo que supondría como acto anticipado de promoción electoral.
Este hecho, además causar suspicacias, especialmente considerando que en la encuesta Massive Caller, presentada por el panista durante una reunión con medios de comunicación, la diferencia era de apenas dos puntos entre ambos contendientes, mientras que el común denominador de los estudios demoscópicos lanzados en los últimos días muestra una amplia ventaja del candidato morenista sobre Rivera.
Migoya señaló que estos contratos fueron otorgados directamente a dos empresas, sin una justificación clara sobre los estudios a desarrollar y el alcance de los servicios.
“Eduardo Rivera ha hecho mal uso del recurso público de los poblanos, aquí lo hemos probado una y otra vez, nos tomó un tiempo recabar las pruebas porque nosotros denunciamos con pruebas”, externó.
En la denuncia se incluyen otras prácticas ilícitas, como la contratación irregular de un helicóptero denominado Arcángel por 34 millones de pesos, así como una adjudicación directa de 12.6 millones de pesos por contratos para la compra de pavos y piernas.
Señaló que la denuncia que contempla la entrega de pavos y piernas, así como una cena navideña, fue a través de contratos entregados entre el 1 y el 16 de diciembre de 2023, con las empresas RYC Alimentos SA de CV y Magrett La Cocina del Chef SA de CV, respectivamente.
Estos contratos fueron adjudicados de manera directa, sin una justificación legal adecuada según lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Mencionó también la contratación, a través de adjudicación directa, de un helicóptero denominado “Arcángel”, modelo Rolls-Royce 250, por un periodo de 10 meses y un monto de 34 millones de pesos donde se carece de transparencia y de fundamentos legales claros, lo que sugiere una irregularidad en la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Puebla.
Las organizaciones civiles han solicitado la documentación correspondiente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como se evidencia en los acuses de registro de solicitud de información adjuntos.
Sin embargo, los denunciados han negado el acceso a esta información pública, obstaculizando la consulta a través del portal oficial del Ayuntamiento de Puebla y negando la expedición certificada de la documentación solicitada. Además, se ha reservado información después de las solicitudes ciudadanas, según lo demuestran los folios proporcionados.
Israel Coloeti Mora, presidente del Consorcio 4T, exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a requerir y someter la documentación solicitada a un análisis profundo para determinar la legalidad de los procesos de adjudicación directa y constatar posibles violaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Paola Migoya también pidió transparencia en otros escándalos de la gestión de Eduardo Rivera como la desaparición de 5 mil 600 vehículos, declarados en abandono en el corralón, donde no hay claridad sobre 18 millones de pesos de su venta y la contratación de la compañía Remedios Producciones y Asociados, la cual tenía la tarea de organizar un informe de actividades, pero que en los hechos llevó a cabo el destape del hoy candidato, lo que sugiere desvío de recursos con fines de promoción personalizada.
