Antes de irse en medio del desprestigio y una masacre electoral, la gestión municipal panista, encabezada por Eduardo Rivera Pérez y su socio comercial Adán Domínguez Sánchez, no perdió la oportunidad de favorecer a la UPAEP, el semillero de la ultraderecha, con la privatización de la calle 21 Sur al convertirla en peatonal sin el consentimiento ni conocimiento de los vecinos.
La decisión de privilegiar el alma mater de Eduardo Rivera provocó la ira de los colonos del Barrio de Santiago, quienes acusaron a la gestión panista de mentir y actuar con total falta de transparencia en las recientes obras de peatonalización de la zona, pues acusaron que el cierre definitivo de la calle no estaba incluido entre los trabajos.
El foco del conflicto fueron las calles 21 Sur entre 9 y 13 Poniente, donde los vecinos denunciaron que los trabajos ejecutados fueron de mala calidad y que los 50 millones de pesos invertidos solo beneficiaron a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Pero el lunes negro de la administración municipal apenas comenzaba.
Simultáneamente, en el primer cuadro de la ciudad, los comerciantes establecidos protagonizaron una manifestación desde la calle 11 Sur, a la altura del Paseo Bravo, exigiendo la reapertura de calles cerradas por el Ayuntamiento que eran parte de una estrategia contra los vendedores ambulantes.
La situación, inicialmente pacífica, se volvió caótica cuando granaderos de la policía municipal irrumpieron en la protesta y arrestaron mediante el uso de la fuerza al comerciante Pavel Tobón, mientras protestaba con sus compañeros.
Los empujones y la tensión marcaron el tono de la protesta, mientras los manifestantes clamaron por la apertura de sus negocios y el fin de lo que consideraron un atropello a sus derechos.
“FUIMOS VILMENTE ENGAÑADOS”: VECINOS DE SANTIAGO
El primer conflicto ocurrió en el Barrio de Santiago, donde vecinos se apostaron frente a la UPAEP desde las primeras horas del día a manifestar su indignación por las recientes obras del Ayuntamiento, que, según ellos, se llevaron a cabo sin su consentimiento y bajo falsos pretextos.
Susana, una vecina que lleva más de 40 años viviendo en la colonia, expresó su indignación en una reunión con otros residentes, pues explicó que, a lo largo de varios meses, participaron en reuniones organizadas por las autoridades, donde se les aseguraba que las modificaciones en la zona respetarían los acuerdos alcanzados.
Sin embargo, de manera sorpresiva y sin previo aviso, fueron impuestos cambios significativos, como la instalación de bolardos en altas horas de la madrugada, lejos de los ojos de los afectados.
“Nos entregaron documentos oficiales que decían que estas calles no se peatonalizarían, pero esta madrugada, a las 2:00 de la mañana, como si fueran rateros, colocaron bolardos sin nuestra aprobación,” explicó Susana, al señalar que el proyecto contemplaba un carril y medio para el tránsito vehicular, situación que no ocurrió finalmente.
A su vez, Juan Pérez, quien lleva más de 25 años viviendo en Santiago, expresó no solo la falta de comunicación de la Comuna, sino las serias implicaciones de las obras en su vida diaria.
El inconforme explicó que se encontró con un obstáculo inesperado cuando, sin previo aviso, las obras del Ayuntamiento bloquearon el acceso a su hogar, por lo que decidió promover un amparo para proteger sus derechos, ya que, según él, las autoridades no solo actuaron sin consultar a los residentes, sino que también faltaron a la verdad al asegurar que las calles no serían peatonalizadas.
Indicó que el proceso legal que inició no ha sido sencillo, pues a pesar de contar con pruebas documentales que demuestran las contradicciones y falsedades en las declaraciones de las autoridades, el gobierno municipal cerró completamente la vialidad.
Además, las modificaciones urbanas, que supuestamente estaban diseñadas para mejorar la seguridad de la zona, han dejado, por el contrario, falta de banquetas para el tránsito peatonal, bancas con pésimos materiales y un severo tráfico vial.
En el marco de la entrega de esta obra, un vecino del Barrio de Santiago fue atropellado mientras protestaba contra la peatonalización. Un video muestra cómo una mujer intenta impedir que el conductor huya, mientras otro transeúnte lo fuerza a salir del auto tras ignorar los reclamos. El incidente ocurrió en el cruce de la 23 Sur y 13 Poniente, donde el conductor arrolló al manifestante al intentar pasar por la zona debido a la protesta.
SE HUNDE LA COMUNA
La ola de reclamos al gobierno municipal también fue visible horas más tarde, cuando un grupo de comerciantes del Centro Histórico se manifestó bloqueando las calles de Avenida Reforma y 11 Sur, en las inmediaciones de El Gallito, para protestar contra el cierre de las calles 6 y 8 Oriente-Poniente.
Este cierre fue parte de un operativo del Ayuntamiento de Puebla para combatir el ambulantaje en la zona, pero tuvo un impacto negativo en los ingresos de los comerciantes establecidos, quienes reportan una disminución de hasta 60 por ciento en sus ventas desde el 9 de agosto.
La protesta se intensificó cuando Tobón fue detenido por la policía municipal durante un enfrentamiento con los manifestantes. En respuesta, los comerciantes trasladaron su protesta al Palacio Municipal, exigiendo la liberación de su líder y la reapertura de las calles.
Luego de varias horas de negociación, los manifestantes lograron un acuerdo con las autoridades y el retiro de los comerciantes de la entrada del Palacio Municipal.
No obstante, Domínguez Sánchez, minimizó las quejas de los vecinos del Barrio de Santiago y los comerciantes del Centro Histórico al atribuir sus protestas a intereses políticos y económicos, insinuando que están manipulados por actores con agendas ocultas.
Domínguez sugirió que las manifestaciones contra el cierre de calles, implementado como parte de un operativo para combatir el ambulantaje, podrían estar influenciadas por los mismos expendedores callejeros, a pesar de las evidentes afectaciones económicas que estos cierres han provocado en los comercios establecidos.
