Las licitaciones que tendrían como objetivo facilitar las tareas burocráticas de los empleados del Ayuntamiento de Puebla no fueron la excepción si de irregularidades financieras se habla. En 2022, la Comuna, controlada por el panista Eduardo Rivera Pérez, no pudo comprobar la ejecución de más de 229 millones de pesos por adquisiciones ligadas a actividades de su personal: compra de uniformes, accesorios menores de equipos de cómputo, prendas de seguridad, equipos de papelería y hasta vales de despensa, por mencionar algunos.
Uno de los contratos más relevantes donde la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades fue la adquisición de vales de combustible, lubricantes y aditivos para el parque vehicular del municipio, por un monto de 183.1 millones de pesos otorgado a Sí Vale México SA de CV, una empresa que, aunque conocida en el ramo, fue señalada en el reporte por la falta de garantías en su propuesta económica.
La situación no es diferente en otros contratos. Para la adquisición de materiales, útiles tecnológicos, refacciones y accesorios de equipo de cómputo destinados a diversas áreas de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, la ASE detectó también 1.4 millones de pesos sin aclarar.
Entre los principales hallazgos, se detectó la ausencia de documentación comprobatoria esencial como los contratos firmados, los procesos de adjudicación y los entregables que respaldaran el cumplimiento del acuerdo, además, la Auditoría encontró que no se proporcionaron pólizas de registro contables ni presupuestarias.
Lo más preocupante es que el proceso de adjudicación se llevó a cabo a través de un concurso por invitación, donde las empresas Crisgrein SA de CV, Grupo Gudman e Innovanet participaron como licitantes. Sin embargo, las tres compañías presentaron las mismas fotos de los productos ofertados, lo que sugirió una posible colusión entre ellas.
Además, Grupo Gudman y Crisgrein se constituyeron apenas en abril de 2021, lo que levantó sospechas sobre su capacidad y experiencia en el sector pues fueron contratadas sólo un año después.
Por otro lado, la auditoría reveló irregularidades en el contrato destinado a la adquisición de vestuario y uniformes para los trabajadores del municipio, adjudicado a Tecnoacabadora Zaldo SA de CV por un monto de 12.1 millones de pesos.
El proveedor no entregó documentos que acreditaran la transparencia del proceso, tales como acta de apertura de propuestas económicas, comprobante de domicilio, el currículum empresarial y las declaraciones fiscales provisionales de 2022 y anuales de 2021.
La auditoría señaló además que se presentó un cheque como garantía de seriedad de la propuesta económica, pero no se incluyeron las cotizaciones que respalden el valor total del contrato, es decir, sin una referencia clara de costos, fue imposible determinar si el proveedor ofreció precios competitivos o si el proceso de licitación se vio comprometido.
Por otro lado, la administración municipal fue cuestionada por la detección de irregularidades en la gestión del contrato destinado a la adquisición de prendas de seguridad y protección personal, donde el proveedor GCS Imagen Empresarial SA de CV no presentó la garantía de
seriedad de la propuesta económica.
Aunque la firma presentó un acta que certificaba la entrega de las prendas de seguridad, faltó la evidencia documentada de los entregables, asimismo, no se localizaron las actas de entrega y recepción de bienes o servicios.
El gobierno de Adán Domínguez Sánchez también tendrá que explicar por qué, en la gestión de su antecesor, hubo anomalías en la adquisición de herramientas menores para los inmuebles del Ayuntamiento.
El contrato, formalizado mediante una licitación pública con el proveedor Infraestructura en Desarrollo IFAB SA de CV, cubría un monto de hasta 2.4 millones de pesos, pero la Comuna incurrió en los mismos yerros: no presentó la garantía de seriedad de la propuesta económica del proveedor, no se incluyeron las actas de entrega y recepción de bienes o servicios y por tanto, el contrato careció de evidencia adecuada sobre los entregables.
Por otro lado, tampoco hay explicación clara sobre el contrato con Ventuel Mágica Solución SA de CV, para la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina para dependencias, por un monto de hasta 1.5 millones de pesos.
La ASE apuntó que el dictamen de excepción a la licitación pública, que permitió la adjudicación directa del contrato, no estuvo debidamente justificado, el dictamen careció del comprobante de domicilio del proveedor, constancia de no inhabilitación, currículum empresarial, garantía de seriedad de la propuesta económica, cotizaciones, y una vez más, el acta de entrega recepción de bienes o servicios.
Otros contratos donde se encontraron irregularidades fueron la adquisición de uniformes para el personal administrativo, insumos de papelería y papel bond ecológico, muebles de oficina y estanterías, así como material de limpieza: pañuelos desechables, papel higiénico, rollo de papel para manos, toallas, entre otros artículos que, destinados para el personal administrativo, generaron anomalías.
