Despenalización de la interrupción del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación, y pena de hasta un año de cárcel para quienes practiquen este procedimiento después de dicho periodo, es la propuesta de dictamen que discutirá la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla.
En medio de presiones de grupos antiaborto que acusaron falta de inclusión en la discusión previa a la revisión del proyecto del dictamen, los diputados sesionarán este día la reforma a los artículos 339, 340, 341 Y 342 del Código Penal de Puebla.
Tras un análisis de los integrantes de la comisión que dictaminará la propuesta, se decidió crear un proyecto entre las propuestas presentadas por diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde destaca el planteamiento de no incluir el trabajo comunitario como una forma de sanción para quienes decidan interrumpir su embarazo después de las 12 semanas de gestación.
El proyecto de dictamen plantea establecer en el artículo 339 que el aborto “es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
En el artículo 340 se propone que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo”.
Al que hiciere abortar a una mujer o persona gestante con consentimiento de ella, después de la décima segunda semana de gestación, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare.
Por otra parte, en el artículo 341 se busca que el aborto forzado sea considerado como la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, y al que haga abortar a una mujer o persona gestante por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrán de ocho a diez años de prisión.
Asimismo, en el artículo 342 se plantea que si el aborto forzado lo causare un médico, cirujano, enfermero, practicante de medicina o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo 341, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Asimismo, en el artículo 343, referente a las causales donde no es sancionable este delito, se establecerá en la fracción IV que “cuando a juicio de un médico especialista exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales en el mismo, siempre que se determine mediante dictamen médico y se tenga el consentimiento de la mujer o persona gestante”.
La diputada Mónica Silva Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), refirió que el proyecto ya fue circulado a los diputados locales y se analizará en sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La legisladora local refirió que se eliminó de las propuestas sustituir las sanciones de cárcel por trabajo comunitario.
“Hoy con la modificación al Código Penal el sector salud ya no considera que existe un delito si llega una mujer a solicitar la interrupción del embarazo porque ya no se encontrará tipificado”, manifestó.
En cuanto a las instituciones de salud, la diputada del PT externó que tendrán la obligación de atender las solicitudes de interrupción del embarazo.
Durante la sesión ordinaria del pleno, organizaciones en contra del aborto en Puebla se manifestaron afuera del Congreso local para exigir a los diputados no despenalizar la interrupción del embarazo en el estado.
Los grupos antiderechos realizaron una protesta en la sede del Poder Legislativo con cánticos como “Hoy estás aquí porque mamá dijo sí”, pañuelos y banderas azul celeste donde expresan su postura en defensa de la vida.
Janeth Reyes, representante del Frente Nacional por la Familia, acusó que no han sido tomados en cuenta para la discusión de la despenalización del aborto en Puebla que se analizará en comisión de Procuración y Administración de Justicia.
“Tenemos una campaña donde los poblanos estamos exigiendo que se nos abra un espacio de diálogo, una legislación debe de estar abierta a la escucha, a nosotros no nos han escuchado, pedimos al presidente del Congreso que nos dé una oportunidad para hablar”.
