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jueves, noviembre 21, 2024

Construcciones irregulares en Estrellas del Sur apuntan hacia Felipe Velázquez

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La gestión de Felipe Velázquez a su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal no hizo más que agravar las problemáticas que aquejan a vecinos de distintas colonias en la ciudad de Puebla, especialmente a los de Estrellas del Sur, quienes fueron víctimas de la falta de escucha a sus peticiones y posibles actos de corrupción en la entrega de licencias de funcionamientos para construcciones irregulares.

Así lo expuso María del Refugio Ortega, una de las vecinas de este fraccionamiento, quien se ha mantenido en pie de lucha junto a un grupo de colonos para exigir detener un proyecto inmobiliario llamado Torre Capella, que amenaza con acabar con su tranquilidad al poner en riesgo el suministro de agua y generar mayor congestionamiento vehicular para los más de mil vecinos que allí habitan.

La afectada revivió la problemática, al señalar que, aunque la obra había iniciado sin contar con permisos de construcción, durante la administración de Eduardo Rivera y Adán Domínguez Sánchez estas licencias fueron facilitadas a la constructora para continuar con los trabajos.

Hasta finales de 2022, cuando Hipócrita Lector evidenció las peripecias detrás de la construcción, no se habían otorgado los permisos ni licencias necesarias, por lo que Refugio Ortega atribuyó la posterior entrega de dichos documentos a acuerdos “por debajo del agua”.

En esta treta acusó a dos personajes en particular: Juan Carlos Olmedo Molina, exdirector de Desarrollo Urbano municipal, así como Felipe Velázquez, extitular de la dependencia y hoy aspirante a la dirigencia estatal del PAN, quien es uno de los aliados del exalcalde Eduardo Rivera.

María del Refugio sostuvo que ambos funcionarios, evitaron tomar en cuenta las opiniones del grupo de vecinos afectados de Estrellas del Sur, y pese a haberse reunido en tres ocasiones bajo la promesa de atender sus demandas, terminaron por dar la razón a la constructora encargada del edificio Capella, que actualmente sigue los trabajos para erguir 32 departamentos valuados cada uno en 1.5 millones de pesos, con roof garden, área de asadores y hasta una alberca.

“Nosotros ya habíamos expuesto las problemáticas a las autoridades correspondientes en varias reuniones, explicándoles los riesgos para el suministro de agua, el tráfico y el impacto ambiental. Nos escucharon, pero no hicieron nada; parece que solo fue para tomarse la foto y decir que estaban apoyando”, relató María del Refugio Ortega.

Durante varias reuniones con el entonces secretario de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez, y con Juan Carlos Olmedo Molina, otrora director de la misma dependencia, María relató que los vecinos manifestaron su preocupación, pero sus voces fueron ignoradas.

“Olmedo nos aseguró que iba a solucionar, que iba a atender nuestras preocupaciones. Sin embargo, el proyecto sigue adelante como si nada hubiera pasado. Nos sentimos engañados”, agregó Ortega.

El problema de desabasto de agua es uno de los temas más críticos, ya que la instalación de una alberca en la Torre Capella amenaza con un consumo adicional de agua en una zona que ya padece escasez.

A esta problemática se suman las acusaciones de corrupción. Según Ortega, vecinos han reconocido que Juan Carlos Olmedo habría participado en una presunta red de corrupción junto a Felipe Velázquez, que permitió a la constructora operar, a pesar de las afectaciones evidentes y la falta de consensos.

El conflicto, dijo, ha llevado a algunos vecinos a vender sus propiedades para escapar de las molestias, mientras que un residente intentó frenar el avance de la construcción de la Torre Capella a través de un recurso de amparo, pero su esfuerzo resultó infructuoso y las obras continúan sin impedimentos.

A este conflicto se suma otro caso que ha aumentado la frustración entre los vecinos de Estrellas del Sur: una vecina, identificada como Martha Rivera, quien ha reclamado áreas públicas como calles argumentando que son de su propiedad.

Según los residentes, Juan Carlos Olmedo y Felipe Velázquez apoyaron las afirmaciones de Rivera, alegando que presentó documentos que acreditan su derecho sobre el terreno. Sin embargo, los vecinos han solicitado a las autoridades una copia de estos documentos mediante un recurso de transparencia, con la intención de verificar la legalidad de las escrituras que presuntamente otorgan a Rivera el control de las áreas en disputa.

Para María del Refugio y otros vecinos, el comportamiento de dicha vecina y sus reclamos sobre terrenos que antes pertenecieron a su abuelo resultan poco convincentes y carecen de una base sólida, considerando que se trata de áreas de derecho de vía, lo que ahondó en las sospechas de posibles acuerdos económicos de la dependencia que estaba a cargo de Felipe Velázquez.

“De comprobarse las acusaciones iríamos a presentar una denuncia en la Fiscalía contra los burócratas corruptos. A pesar de que siguen construyendo los edificios no nos hemos dado por vencidos y vamos a buscar a Pepe Chedraui para que nos apoye porque no es posible que sigan haciendo este tipo de edificaciones”, advirtió.

 PASADO OSCURO

Estas no son las únicas acusaciones contra Felipe Velázquez, quien ha sido asociado en múltiples ocasiones con presuntos actos de corrupción que datan de su gestión como presidente municipal de Atlixco y en otras funciones de gobierno.

Durante su periodo en Atlixco entre 2002 y 2005, por ejemplo, Velázquez fue denunciado por haber promovido la especulación inmobiliaria en complicidad con su entonces esposa, Alba María Rangel Martínez.

Según reportes, Velázquez habría utilizado información privilegiada para adquirir terrenos a bajo costo antes de implementar un ordenamiento urbano que disparó su valor. Esta práctica, denunciada por el periodista Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, de La Jornada de Oriente, involucró a la inmobiliaria Pisa, una compañía presuntamente vinculada a su esposa y a redes panistas.

En su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula, Velázquez también fue señalado por modificar el uso de suelo en el Ejido de la Revolución para la construcción de una cadena comercial, supuestamente a cambio de financiamiento político.

Dicha obra fue asignada a la inmobiliaria Pisa, fortaleciendo las sospechas de tráfico de influencias y corrupción en el otorgamiento de licencias de construcción y permisos de desarrollo urbano.

Estas prácticas le valieron a Velázquez una inhabilitación de 12 años en 2014 y una multa de 4 millones 45 mil pesos tras ser acusado por presuntas irregularidades en la expedición de permisos de construcción en San Andrés Cholula.

Sin embargo, Velázquez apeló la sanción argumentando falta de debido proceso y errores en la acusación, lo que le permitió reintegrarse a la administración pública en años posteriores, especialmente bajo el gobierno de Eduardo Rivera.

A lo largo de los años, Velázquez ha ocupado varios cargos estratégicos dentro de la gestión urbana, una posición que genera millones de pesos en permisos y licencias y donde las cámaras empresariales han denunciado sistemáticamente casos de extorsión y presiones en el otorgamiento de estos trámites.

Ejemplo de estas acusaciones ocurrieron en agosto de este año, cuando el Consejo de Organismos Empresariales (COE) denunció actos de extorsión en trámites administrativos bajo su gestión.

Empresarios del ramo constructor e inmobiliario aseguraron que se les pedía hasta 5 mil pesos por cada licencia o permiso necesario para sus proyectos, lo que paralizó el desarrollo inmobiliario y económico en Puebla.

Según César Bonilla Yunes, presidente del COE, estas prácticas se incrementaron en un 50 a 100 por ciento en los últimos seis meses de la administración de Eduardo Rivera Pérez, quien luego fue reemplazado por Adán Domínguez.

Felipe Velázquez es además hermano de Guillermo Velázquez, exalcalde de Atlixco, quien fue acusado de un presunto desfalco de 63 millones de pesos en ese municipio.

Hoy, Felipe Velázquez es la carta fuerte del exalcalde Eduardo Rivera Pérez y la dirigente Augusta Díaz de Rivera para hacerse de la dirigencia estatal del PAN, en un proceso que ha sido criticado por su intento de favorecer al grupo político del panista tras su debacle en las elecciones de junio.

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