Dos juezas fueron exhibidas a nivel nacional por permitir la liberación de Mario Marín, exgobernador de Puebla, que enfrenta acusaciones relacionadas con la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien denunció en su libro Los demonios del Edén una red de trata de menores y pedofilia dirigida por el empresario libanés Jean Succar Kuri, fallecido en junio pasado.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, explicó que, en 2023, un juez en Quintana Roo había rechazado la solicitud de modificar o sustituir la medida de prisión preventiva impuesta a Mario Marín, considerando que había transcurrido el plazo constitucional de dos años.
Sin embargo, los problemas comenzaron el 5 de agosto de este año, cuando la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas emitió un amparo en favor de Marín, anulando una resolución previa de dicho juez que había desestimado la solicitud de liberar al exmandatario.
Posteriormente, el 9 de agosto de 2023, otro juez en Quintana Roo decidió que Mario Marín debía seguir en prisión preventiva, al considerar que, aunque habían pasado dos años, no había razones suficientes para cambiar esa medida.
Sin embargo, la jueza Espinoza Salas revisó el caso y determinó que esa decisión no estaba bien fundamentada. Por lo tanto, ordenó que se hiciera una nueva audiencia, donde se tomara otra decisión, que podría ser la misma o diferente.
Luego, el 10 de agosto, en respuesta a esta orden, la jueza Carmen Ortuño Suárez decidió que Mario Marín debía ser liberado de inmediato, pero bajo ciertas condiciones, que incluían llevar un brazalete electrónico, quedarse en su casa en Puebla, pagar una fianza de 100 mil pesos y no salir del país.
La jueza Ortuño Suárez tomó esta decisión porque el exgobernador demostró que tenía un domicilio fijo en Puebla y que había otras formas de asegurarse de que se presentara ante la justicia, sin necesidad de mantenerlo en prisión.
Finalmente, se ordenó a la Guardia Nacional que lo escoltara desde la prisión en el Altiplano hasta su casa en Puebla, para asegurarse de que cumpliera con las condiciones impuestas.
Recientemente, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo con la decisión de trasladar al exgobernador de Puebla de la prisión federal “El Altiplano” a su domicilio en Xilotzingo, Puebla, para continuar su proceso judicial relacionado con la tortura de la periodista Lydia Cacho.
López Obrador expuso que, aunque es necesario cumplir con la ley, la Guardia Nacional tuvo que destinar recursos para custodiar a Marín en su casa, en lugar de enfocarse en otras necesidades más urgentes.
El mandatario también informó que el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a arresto domiciliario, se debió ocurrir el pasado 10 de agosto, pero se retrasó durante tres días porque era necesario verificar si Marín tenía otros procesos legales pendientes.
Además, mencionó que los elementos de la Guardia Nacional recibieron una multa por no cumplir a tiempo con el traslado de Marín a su domicilio. Según el presidente, fue imposible cumplir con el mandato en el plazo de tres horas debido a la necesidad de revisar si Marín tenía alguna otra orden de aprehensión vigente en otro estado.
En tanto, la Fiscalía General del Estado aclaró que no tiene órdenes de aprehensión pendientes contra el exgobernador, pues el caso de Marín es de competencia federal, y la medida cautelar fue autorizada por una jueza federal.
En la conferencia, se sugirió que las juezas actuaron de manera parcial, favoreciendo al exmandatario, quien ha sido señalado por la opinión pública como responsable de graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
