La entrega de un contrato abierto hasta por 35 millones de pesos a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV —empresa que forma parte del Corporativo Kosmos— para la compra de despensas repartidas en plena veda electoral, es algo que “huele muy mal” para el regidor por Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, considerando las múltiples investigaciones que anteceden al corporativo, que van desde venta de alimentos en estado de descomposición hasta presunta simulación de competencia y lavado de dinero.
A decir del coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo de Puebla, el contrato que otorgó el DIF municipal, debió pasar por un proceso de escrutinio puntual, en el que la Contraloría municipal debió revisar meticulosamente los antecedentes de la compañía antes de incluirla en el padrón de proveedores.
“Vamos a formalizarlo para que se nos acompañen los documentos en los cuales la empresa presentó que no tenía ningún problema legal ni hacendario o financiero y que contara con la capacidad legal para poder competir y que eso les permitió en todo caso al DIF entregarle el contrato”, sentenció.
El morenista advirtió que de no contar con la información que ratifique la legalidad de la empresa, sería “gravísima” la entrega de recursos millonarios, dado que desde 2006, la firma con sede en Iztapalapa, Ciudad de México, incluso recibió una inhabilitación de dos años por vender alimentos descompuestos.
Indicó que desde que inició el proceso de contratación, el Comité de Adjudicaciones debió revisar que la compañía no tuviera registros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa con operaciones ilícitas.
Rodríguez Juárez exhibió además otra realidad: La entrega de 5 millones de pesos como parte de un convenio con el Banco de Alimentos, solo fue para que el Ayuntamiento de Adán Domínguez Sánchez se “lavara la cara”.
Lo anterior lo explica al precisar que de los 40 millones de pesos que la Tesorería avaló como ampliación presupuestal, el donativo de 5 millones tuvo como intención justificar que se trató de una labor altruista, cuando el objetivo de fondo era erogar los otros 35 millones de pesos en despensas para repartirlas durante la campaña en la que competían Eduardo Rivera y Mario Riestra Piña por la gubernatura y alcaldía de Puebla, respectivamente.
Por otro lado, dijo, las sospechas acerca de que esta adquisición tuviera como único objetivo incidir directamente en la pasada elección, se hacen evidentes en la temporalidad en que se repartieron las despensas, toda vez que a la fecha se desconoce si después de los comicios el programa continuó o fue suspendido, mientras que, en días previos al 2 de junio, la operación de reparto fue acelerada.
Lo anterior, externó, también se confirma al tomar en cuenta que la Comuna entregó un contrato abierto con una gran diferencia entre dos cifras, que fue por un monto mínimo de 14 millones y máximo de 35 millones de pesos en favor de la compañía.
Expuso que, si el gobierno municipal tuviera una meta clara de entrega de despensas, esta brecha de montos se hubiera visto reducida, pues el DIF municipal tendría claramente trazado el número de beneficiarios y, por tanto, una cifra de despensas específica para adquirir con la firma.
“El tema del contrato abierto habla de una clara y franca falta de planeación. Si tú haces un contrato abierto de entre 14 millones y 35 millones, quiere decir que tus metas no están claras, es lo que dijimos desde el principio; era un programa que querían aplicar en tiempos electorales y no tienen claro a cuántos beneficiarios iban a atender, su población objetivo ni qué iban a hacer, porque les dan un margen muy amplio, esto habla de que no lo tenían planeado, es un contrato que huele muy mal”, afirmó.
El también extesorero municipal en la pasada administración sostuvo que, considerando los señalamientos turbios contra la empresa, aunado a las características con las que se desarrolló la convocatoria del Ayuntamiento y cómo se ejecutó, todo apunta a que habría posibles actos de corrupción en este contrato, por lo que sostuvo que será trabajo de la siguiente administración seguir las pistas: “No podemos apostarle a la desmemoria”, señaló el regidor.
Durante la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda municipal de este lunes, el regidor Ernesto Aguilar Coronado solicitó a la presidenta Ana María Jiménez Ortiz y al Tesorero municipal, Omar Coyopol, conocer cuántas despensas habían sido entregadas al corte de junio, al tener conocimiento de que una gran parte de estos paquetes alimentarios fueron entregados previo a la jornada electoral del 2 de junio.
No obstante, la regidora omitió dar respuesta a los cuestionamientos. Después de contestar dudas sobre otros temas de sus homólogos de oposición, dio paso a la votación del punto de acuerdo de los Estados Financieros sin hacer un solo pronunciamiento sobre el tema.
Incluso, al ser consultada por sobre si el Comité de Adjudicaciones conocía sobre los turbios antecedentes de la compañía, Jiménez Ortiz “echó la bolita” al Sistema municipal DIF, al asegurar que esta dependencia revisa los detalles de las contrataciones y la Tesorería municipal sólo autoriza los pagos.
“Quien opera todo es el DIF municipal, te pido que te dirijas a la directora para que ella te dé el detalle. Nosotros contamos con todos los elementos para hacer el pago. Las cuestiones operativas las hace Tesorería, pero en este caso quien entrega toda la información es el DIF, te pido que te dirijas con ella”, dijo en una atropellada declaración.
Visiblemente nerviosa, la regidora había sido consultada sobre la compañía Abastos y Distribuciones Institucionales, filial del Consorcio Kosmos, ligada a la familia Landsmanas Dymensztejn, de origen lituano, que ha sido favorecida en el pasado con contratos multimillonarios en gestiones como las de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad, a pesar de haber sido previamente inhabilitada por la entrega de alimentos en estado de descomposición que causaron intoxicaciones masivas.
Abadi es parte de Consorcio Kosmos que fue investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por corrupción y simulación de competencia en procesos de adjudicación , según se desprende de varias investigaciones periodísticas.
Kosmos también ha sido protagonista de numerosos escándalos como ocurrió en 2018, cuando la UIF congeló sus cuentas por presunto lavado de dinero internacional relacionado con ventas a sobrecosto a Venezuela, durante la gestión de Nicolás Maduro.
Otras empresas del mismo consorcio, como La Cosmopolitana, también han incurrido en prácticas similares, provocando intoxicaciones masivas en prisiones mexicanas y presuntamente participando en las mismas estrategias de simulación de competencia.
Además, la ASF reveló que Corporativo Kosmos y otras 11 empresas incumplieron contratos para la distribución de alimentos a hospitales del IMSS en 2022, recibiendo 397 millones de pesos sin entregar bienes a satisfacción, mientras que la empresa y sus dueños también obtuvieron ganancias millonarias en Oaxaca durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa.
