Tras la divulgación de la existencia de una orden de aprehensión en contra del auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, por el presunto delito de violencia familiar, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta garantizó que en Puebla no habrá impunidad para ningún servidor público que rompa la ley.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal consideró que el hecho de que se dio a conocer la orden de aprehensión deriva de una averiguación previa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Me estoy enterando de la orden de aprehensión contra el auditor; si ya hay orden, significa que hubo una averiguación y, significa, que hubo una determinación de autoridad judicial; es lo que desprendo de ello. Aquí no hay impunidad en Puebla”.
Barbosa Huerta reconoció que le preocupa que se den a conocer este tipo de hechos, por lo que llamó a los servidores públicos a que tengan comportamientos ejemplares, cuidadosos, austeros y actuar con respeto frente a todos, pues expresó que los tiempos de las reuniones privadas y lujosas ya no persisten en la 4T.
“Creo que debe haber de parte de los servidores públicos un comportamiento ejemplar; un servidor debe ser cuidadoso en su comportamiento, debe ser austero, actuar con respeto frente a todos. Ya no es el tiempo de las francachelas. Para este gobierno se acabaron las reuniones públicas de servidores públicos con gentes importantes”.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, coincidió en que no se debe permitir dejar en un estado de impunidad a los servidores públicos que cometan actos delictivos, como es el caso de violencia familiar.
Apuntó que es obligación de la fiscalía esclarecer el hecho y, en caso de que sea cierta la orden de aprehensión, se proceda conforme a la ley, aunque evitó señalar si debe separarse del cargo para atender la denuncia.
De acuerdo con información revelada por Periódico Central, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión por parte del Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente en contra del auditor de Puebla por la presunta comisión del delito de violencia familiar en contra de su pareja, su hijo y el ama de llaves.
Los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado 26 de octubre en el domicilio del auditor, en el fraccionamiento de La Vista Country Club, en el municipio de San Andrés Cholula, a donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ante un llamado de emergencia.
En la carpeta de investigación, identificada con el número de expediente FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/009382/2021, se señala que la pareja del auditor acusó que ella, su hijo –que sufre de autismo– y la ama de llaves sufrieron de agresiones físicas y verbales.
En la investigación se incluyeron testimonios de trabajadores de seguridad del fraccionamiento de La Vista, elementos de seguridad privada, y escoltas del auditor.
¿PERSECUCIÓN?
Por su parte, Francisco Romero Serrano acusó una persecución política por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para construir un expediente en su contra que derive en su posible destitución al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sostuvo que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra y procederá de forma legal en contra de quien resulte responsable, pues aseguró que hubo hostigamiento por parte de los elementos de la Fiscalía a su pareja sentimental y a autoridades escolares del plantel de su hijo.
Romero Serrano aseguró que tras conocerse la orden de aprehensión, su pareja sentimental presentó una constancia ante el MP en la que asienta que no ha sufrido de violencia y desmintió los hechos.
Expresó que no descarta que se trate de un procedimiento para separarlo del cargo de auditor tras aprobarse la reforma constitucional que abre la puerta a su remoción por causales graves y la creación de la Unidad de Vigilancia.
“Obviamente este tema es político, así lo veo. Lo único que digo es que con la familia no se deben de meter; ya se metieron con mi familia, y eso no se hace. Al final de cuentas existen instancias, en todos los sentidos, del orden legal y resolveremos el tema como debe de ser”, sostuvo en entrevista telefónica.
El auditor del estado aseveró que procederá de forma legal en contra de quien resulte responsable por daño moral. Y, en caso de que se confirme la orden de aprehensión, presentaría una denuncia en contra del juez de oralidad por hacerlo sin elementos de prueba sólidos, incluso acudiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en caso de ser necesario.
Asimismo, su pareja sentimental aseguró no sufrir violencia familiar por parte del auditor y acusó que el caso es una persecución contra su esposo. Aseveró que no emprendería acciones para perjudicarlo.
Ante la revelación de la orden de aprehensión en su contra, Romero Serrano tramitó un recurso de amparo el mismo 21 de diciembre de este año, el mismo día en el que el juez de control judicial de la región Centro-Poniente la giró.
