La Secretaría de la Función Pública del estado (SFP) halló como presuntos responsables a dos exfuncionarios de primer nivel de la administración de Miguel Barbosa por la fallida inversión de 606 millones de pesos en Accendo Banco, a quienes se les iniciarán procedimientos administrativos por desvío de recursos y encubrimiento, consideradas faltas graves.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que la investigación iniciada el año pasado concluyó con la entrega del dictamen de los peritos especializados que fueron contratados para coadyuvar en las indagatorias.
A partir de ello, se integró un Informe sobre Presunta Responsabilidad Administrativa en el que se calificaron dos faltas administrativas como graves: desvío de recursos y encubrimiento, detalló Moreno Valle Abdala.
Lo anterior, derivado de la decisión del gobierno barbosista de invertir en dicha institución bancaria días antes de que esta se declarara en quiebra en 2021.
De acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, el informe sobre las responsabilidades será remitido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP) para que finque las sanciones que correspondan al tratarse de faltas graves.
Será los magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas —creada en 2022 a propuesta del extinto Miguel Barbosa— quienes resuelvan sobre las sanciones que deberá imponerse a ambos funcionarios de primer nivel.
La sanción que determinen será votada por el pleno de dicho tribunal, cuya sentencia podrá ser atacada por los señalados, entre quienes estarían la propia extitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
“Estamos hablando de dos exfuncionarios. No puedo (revelar los nombres), tengo que salvaguardar los derechos de todas las personas, entonces, no puedo entrar a detalles, pero son dos exfuncionarios de primer nivel. Son faltas graves”, indicó en entrevista Juan Carlos Moreno Valle.
El funcionario estatal refirió que las denuncias penales corrieron a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, pues como se sabe, a principios de este año, Josefina Morales, actual titular de la dependencia, explicó que, tras hacer una revisión del caso, el cual fue destapado en abril del año pasado cuando aún estaba al frente de la dependencia María Teresa Castro Corro, se determinó presentar las denuncias correspondientes ante autoridades federales y estatales como la FGR, la FGE y la Función Pública contra exfuncionarios estatales.
La dependencia a su cargo inició una revisión “minuciosa” de riesgos en la custodia y administración de fondos líquidos, con la finalidad de mitigar con diligencia los riesgos existentes en sistema financiero ya garantizar la integridad del erario estatal.
CUENTAS PENDIENTES
El pasado 13 de junio el gobernador Sergio Salomón Céspedes advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de la inversión fallida que hizo la anterior administración por 606 millones de pesos en Accendo Banco.
La inversión de 606 millones de pesos se hizo en marzo de 2021, cuando era gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que de acuerdo con la exsecretaria de Planeación y Finanzas ofrecía mejores rendimientos a diferencia de otras instituciones bancarias.
Sin embargo, en septiembre de 2021 declararon a Accendo Banco en bancarrota, quedándose con el dinero de sus inversionistas, entre ellos la del gobierno de Puebla, y que hasta el momento no hay certeza de que lo recuperen a pesar de que se encuentra en proceso de liquidación.
Por esta situación, el año pasado la extitular de la dependencia compareció ante el Congreso local para explicar el estatus de la situación en que se encontraba la inversión.
En junio de 2023, la funcionaria dejó su cargo, por lo que en su lugar fue nombrada Josefina Morales Guerrero, quien le ha dado seguimiento a la recuperación del dinero y las denuncias penales que se presentaron.
