Con el amago de instalar un plantón definitivo, un grupo de trabajadores y abogados que se mantiene en protesta por el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje recabaron firmas para acudir ante el Congreso de la Unión y la CNDH para evitar su cierre, a la par, anunciaron que presentarán amparos de manera individual.
Desde temprano, los inconformes cerraron nuevamente la avenida 31 Poniente frente a la sede de la llamada Junta Especial 33, quienes fueron respaldados por Leobardo Soto Martínez, líder de la CTM en el estado.
Los manifestantes señalaron que hasta ahora no han tenido acercamiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y confiaron en que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina tenga un acuerdo con el titular de la dependencia federal, Marath Baruch Bolaños López.
Señalaron que al enviar los más de 10 mil expedientes de trabajadores poblanos a otras entidades como Oaxaca y Tlaxcala retrasará los juicios laborales y afectará la economía de las personas que laboran en la junta, incluso personas cuya movilidad se les dificulta.
En algunos casos los litigantes tendrán que desembolsar cerca de 4 mil pesos para trasladarse a otros estados para dar seguimiento a sus asuntos, la mayoría de los cuales están relacionados con pensiones o jubilaciones.
Así lo señaló el abogado Francisco Aburto, quien dijo que el cierre de la Junta violaría el Decreto del 1 de mayo de 2019, en el que se estableció el cierre gradual de las juntas ya que estas deberían desahogar todos los asuntos en trámite previamente.
Contrario al cierre, consideró necesario la contratación de más personal en la Junta Especial 33 para agilizar la resolución de los laudos, a fin de desahogar la carga de trabajo para los empleados federales.
Por ello dijo que se promoverán juicios de amparo de manera individual para exigir que se restituyan las funciones de la junta y que los expedientes se terminen de resolver en Puebla por la competencia y territorio en el que se presentaron.
El dirigente de la CTM, Leobardo Soto, advirtió que de no reanudarse las actividades en la Junta los trabajadores y abogados podrían iniciar un plantón indefinido.
“Gracias al esfuerzo, al estudio de los abogados, han ganado esos juicios, no es justo lo que nos están haciendo, sobre todo con (asuntos como) incapacidades, con riesgos de trabajo, con accidentes de trabajo que llevan muchos años aquí (resolviéndose)”, comentó.
La abogada Concepción Rodríguez indicó que también presentarán quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso de la Unión e incluso comentó que éste lunes una comisión entregaría en Palacio Nacional un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer de su conocimiento lo que ocurre en contra de trabajadores poblanos.
Además, señalaron que continuarán en el plantón y cierre de circulación en la 31 Poniente para manifestar sus reclamos, así como para evitar la salida de expedientes, aunque dijeron temer la intervención de la Guardia Nacional para dicha labor.
CIERRE ANUNCIADO
El pasado lunes 17 de junio, el presidente de la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA 33) con sede en Puebla, Ricardo Paz Ugalde, colocó un “Boletín” en la reja de protección de acceso a las instalaciones de las oficinas del referido tribunal laboral, con el cual informaba que dicho tribunal se suprimía, y los procedimientos ventilados en JFCA 33 pasarían al estado de Tlaxcala y Oaxaca (dependiente el estado procesal), por lo que 18 de junio las oficinas ya no prestaron sus servicios.
Lo cual consideraron como una decisión “arbitraria, ilegal, inconstitucional e inconvencional” pues acusaron que violenta los derechos humanos de las y los actores, principalmente el de acceder a la justicia de manera pronta, expedita y próxima geográficamente.
