Secretarios de Seguridad Pública en colusión con presidiarios, financiaron durante años la construcción del llamado “Pueblito” en el penal de San Miguel, el cual contaba con 104 departamentos, dos gimnasios y kioscos, bajo la complicidad de gobiernos anteriores.
El gobernador señaló que hubo una historia de vinculación entre autoridades penitenciarias y de la propia Secretaría de Seguridad Pública que actuaron bajo la permisibilidad de los gobiernos en turno, para levantar las edificaciones en donde se ejercía la prostitución y se permitía la venta de droga.
En estas construcciones se emplearon materiales de alta calidad, según pudieron dar cuenta las autoridades durante el proceso de destrucción, el cual inició hace aproximadamente tres o cuatro meses.
El piso, por ejemplo, estaba acondicionado con cimentaciones y concreto de alta calidad resistentes para soportar ese tipo de construcciones, informó el actual secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna.
El dinero para construir el Pueblito provino de los propios secretarios, aunque no precisó si fueron desviados recursos del presupuesto asignado de la propia Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, ya se investiga.
“Recursos de los encargados de la secretaría, de la SSP, de cada administración a lo largo de muchos años, de los propios delincuentes, los PPL (personas privadas de su libertad) que coludidos con las autoridades de Seguridad Pública y de (la dirección) Reclusorios, ahí fueron haciendo ese tipo de cosas”, señaló Miguel Barbosa.
El mandatario se refirió a dicha zona en el penal de San Miguel como un lugar de solapamiento, de convivencia ilegal, en donde ahora se sabe que se permitía el ingreso de mujeres para ejercer la prostitución y se auspiciaba la venta de droga.
Acusó que durante años existieron estas irregularidades en el reclusorio; sin embargo, los gobiernos anteriores al suyo “hicieron que no lo veían porque recibieron beneficios”, por ello, con el arranque de su gobierno ordenó la destrucción del Pueblito, pero al menos dos de sus exsecretarios de Seguridad Pública lo desobedecieron y lo engañaron.
A principios de este mes, el gobernador se refirió a esta situación, cuando dijo que los extitulares de la dependencia estuvieron vinculados con los beneficios que representaba la existencia del Pueblito en el penal de San Miguel.
“Todos los que han sido mis secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo los instruí a la destrucción, pero me engañaron que ya lo habían hecho”, reveló el mandatario.
Este miércoles reveló que los exsecretarios anteriores al actual fueron quienes no cumplieron su instrucción. Antes de Daniel Iván Cruz estuvieron Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, quien dejó la SSP en medio del escándalo por el hallazgo del cuerpo de un bebé en el penal el pasado 10 de enero.
Hasta hace aproximadamente cuatro meses, se trazó una ruta para destruir de manera definitiva el Pueblito, “hoy lo que queda son algunas varillas que están en los pisos”, las cuales deberán ser sacadas por completo para evitar que sean utilizadas como armas punzocortantes entre los reos, añadió Barbosa Huerta, quien indicó que, de principio a fin, la destrucción se hizo ante presencia de un notario público.
“Por todo lo que hubo y la historia de vinculación y de permisibilidad cómplice de las autoridades de Seguridad Pública y de gobierno, claro que sí, recursos ilícitos, todos ilícitos, se hicieron certificaciones notariales de cómo estaba antes y como está hoy todo”, apuntó.
Indicó que no habrá más reclusorios en el estado con zonas de privilegios, en donde los reclusos gocen de un ambiente de confort y de exclusividad como se tenía en San Miguel.
PENAL FEMENIL DE SERDÁN, CON CAPACIDAD PARA 600 INTERNAS
El secretario de Seguridad Pública en el estado, Daniel Iván Cruz Luna, informó que el penal femenil de Ciudad Serdán tendrá la capacidad para recibir hasta 600 internas aproximadamente.
Detalló que esta acción forma parte de las inversiones que anunció el gobernador para todos los penales en el estado, por lo que el proyecto se encuentra avanzado y se prevé que en los próximos meses inicien los trabajos.
“Se hizo un estudio para poder determinar las mejores condiciones para las mujeres, bajo este espacio las internas deben contar con mayores circunstancias al momento de estar cumpliendo con su sentencia o con la medida cautelar que tengan, por ello es que ya se le presentó al gobernador”, comentó Daniel Iván Cruz Luna.
