El empresario Roberto Oliva Miranda -uno de los consentidos durante la minigubernatura- será incluido en la lista de las personas y organizaciones que son investigadas por el gobierno del estado por operar como empresas fantasmas, cuyos domicilios fiscales no existen.
Lo anterior según confirmó el gobernador Miguel Barbosa, quien dijo que se investigará la compra de un edificio y la creación de una empresa editorial durante el periodo de gobierno de Antonio Gali Fayad.
Este miércoles, el periodista Mario Alberto Mejía reveló que Roberto Oliva fue uno de los “súper empresarios” consentidos cercanos al exgobernador panista, y es uno de los primeros en implantar en Puebla el esquema de operaciones simuladas.
Varios morenovallistas recurrieron a sus servicios como presunto facturero para desviar recursos, de acuerdo con el periodista. Otro dato relevante que da conocer el quintacolumnista, es que en la época de la minigubernatura, Roberto Oliva abrió la revista Puebla 222, ubicada donde antes estaban las oficinas de una compañía telefónica en el Circuito Juan Pablo II, edificio que fue adquirido por el empresario “en menos de lo que se enfría un café soluble”, según el periodista.
Cuestionado al respecto durante la conferencia matutina de este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa indicó que Oliva Miranda se suma a la lista de empresarios que están bajo la mira del gobierno estatal por su presunta actividad ilícita.
“También entró a la lista de lo que deben ser revisaditos, entró a la lista. Créanme que yo a esos hampones, yo no los conozco, pero hay que saber quién son, no sé quién es, ni si compró un edificio, si vendió un edificio, no sé si tenía una compañía de una revista, y que era uno de los sobrinos del gran tío y todo lo demás”, expresó Barbosa Huerta.
El mandatario expresó su hartazgo por los temas que tiene que ver con la confabulación entre empresarios y el gobierno que se dio en gobiernos pasados, como lo señala en su columna el director general de esta casa editorial.
“Esa porquería a mí me provoca náuseas, náuseas”, soltó el gobernador.
En junio de este año, el gobernador dio a conocer que su gobierno tenía identificadas a varias personas y organizaciones que operaban como empresas fantasma, cuyos domicilios fiscales no existen.
Refirió que a través de empresas, constituidas como comercializadoras, se adquirían facturas sobre supuestos servicios o compras realizadas, cuando en realidad o no ocurría o se entregaba ningún bien o servicio.
“Sí tengo información de que se está haciendo una investigación de fondo de todo lo que se está haciendo en todos lados, por donde sea rásquenle y hay factureritos, esas empresas comercializadoras (…) que son utilizadas para dar facturas falsas, hoy hay una investigación abierta contra ese tipo de acciones. Todo va a ir avanzando, no va a ir retrocediendo en favor de la ilegalidad”, apuntó.
Lo anterior, en el contexto de la investigación que su administración mantiene abierta por el uso de empresas fantasma que involucra al diputado Ignacio Mier Velazco, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a través de ese tipo de firmas, y cuyo principal operador, Daniel Tavera, fue capturado el pasado 3 de octubre.
Entre los funcionarios que beneficiaron con contratos a ese tipo de empresas está el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, quien fue uno de los 35 extitulares de dependencias de gobierno, instituciones educativas y líderes de partidos políticos que favorecieron a 13 de las 32 empresas creadas para expedir facturas que se presumen apócrifas, que tienen en común a Florentino Daniel Tavera Ramos, como apoderado legal.
Una de estas empresas, que forma parte de la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es Multisistema de Noticias Cambio, que edita Diario Cambio, cuyo director, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es, además, socio de Ignacio Mier.
