La hoy líder moral de un séquito de exempleados municipales, Claudia Rivera Vivanco, no deja de dar nota. La última andanza detectada por la nueva administración capitalina ha sido la detección de compras de pánico de último momento, en particular, la adquisición de cámaras corporales.
Fue hasta el último día de la gestión morenista cuando la empresa que ganó la asignación entregó los artefactos por los que recibió 5.6 millones de pesos sin que hasta el momento hayan sido utilizados.
Eduardo Rivera Pérez dijo que la entrega tardía de las 255 cámaras corporales para elementos de la SSC retrasó la revisión de los artefactos para conocer si son funcionales.
“Sucedió una cosa muy curiosa, las cámaras corporales fueron entregadas hasta el último día de la administración, sino es que hasta días posteriores. Estaban ahí malabareando para poder entregar estas cámaras corporales, es por eso que nosotros seguimos en revisión para poder hacer uso de las mismas”, reveló el munícipe.
De acuerdo con el contrato, la pasada Comuna le pagó a la empresa Cecom Mayoristas la cantidad de 5 millones 667 mil pesos por 225 cámaras corporales para sus uniformados de seguridad pública municipal y tenían hasta el 14 de octubre para entregar los bienes, pero fue hasta la fecha límite -y días después- cuando llegaron.
Diario Cambio evidenció en septiembre pasado que las videocámaras corporales fueron adquiridas además con sobrecosto pues, de tener un precio en el mercado de entre mil 500 y 6 mil 113 pesos, Claudia Rivera las adquirió por un costo unitario de 22 mil pesos.
LAS OTRAS ANOMALÍAS
Ésta no es la única anomalía detectada en procesos de adjudicación dentro de la SSC que estaba a cargo de María de Lourdes Rosales, una de las mujeres más cercanas a Claudia Rivera. En junio pasado, el periodista Mario Alberto Mejía dio a conocer que la dependencia hizo ganar a una empresa sin experiencia una licitación para la adquisición de pistolas paralizadoras eléctricas por 30 millones de pesos.
La empresa Comercializadora Chitoobe, SA de CV tenía como objeto social la “compra-venta de ropa, productos farmacéuticos, abarrotes, juguetes, instrumental médico y de laboratorio, calzado, y artículos de papelería para uso escolar y de oficina”, un giro muy diferente para el que había sido contratada por la Comuna.
Ese mismo año, Lourdes Rosales entregó una licitación amañada para la compra de chalecos y cascos balísticos a favor de la empresa Grupo Comercial Vakart, consentida de Lourdes Rosales.
Para beneficiar a esta compañía, el excoordinador de Presidencia y procesado por hostigamiento sexual y mano derecha de Claudia Rivera, Andrés García Viveros, recibió en un clúster de Angelópolis a uno de los accionistas: Arturo González Jaimes, con quien tenía apalabrado el contrato amañado.
El gobierno de Claudia Rivera, bajo el beneplácito de Andrés García Viveros, aceptó el registro de dos empresas en la misma licitación a fin de simular competencia, a pesar de que se trataba de firmas hermanas a Vakart: ABS Seguridad Privada, Fercom de Puebla y Gon-Jai Group.
La dependencia encargada de la seguridad en la Angelópolis también falseó los costos sobre la aplicación “Seguridad Incluyente” para denunciar hechos delictivos. Mientras Lourdes Rosales y su jefa anunciaban que costó sólo 4 millones de pesos, en realidad el precio fue por 36.6 millones de pesos, información respaldada en contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
