A cinco días de que el escándalo por el despido de al menos 30 docentes de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) inundó las redes sociales, la rectora Cecilia Anaya Berrios ha guardado un silencio sepulcral sobre el tema. No existe a la fecha algún comunicado o pronunciamiento oficial que explique el motivo de las bajas.
Lo que sí hubo fue una serie de críticas dirigidas hacia la rectoría de la universidad cholulteca por parte del movimiento #UdlapLibre, cuyos integrantes denunciaron a través de Twitter que los directivos han sido opacos en el manejo de la información y no se han explicado los criterios para despedir al personal de forma masiva.
De hecho, en la cuenta @YoSoyUdlap revelaron que los despidos no son exclusivos hacia el personal que imparte las clases; también el personal administrativo sufrió recortes. Según los denunciantes anónimos, la situación es a causa de la crisis económica que atraviesa la universidad tras la pandemia y el receso de clases durante ocho meses.
Los estudiantes de la institución reportaron además el cobro de cuotas excesivas por el uso del estacionamiento en comparación con otras universidades de la entidad que cobran tarifas más bajas o incluso no cobran por este servicio. Los alumnos además son obligados a vender boletos para el sorteo Udlap, lo que reprocharon pues, no es atribuible con el despido del personal.
“La calidad académica una vez más se pone en duda, el no declarar nada al respecto genera una profunda desconfianza en la comunidad. A pesar de esto, se nos ha comunicado que al parecer se han respetado los derechos laborales de los profesores. En el caso de administrativos, la situación es distinta. Al parecer se han cometido abusos y se han atropellado los derechos laborales de quienes formaban parte de la universidad. Se encuentran en un clima de intranquilidad, no saben seguro ninguno de sus empleos”, manifestaron a través de Twitter.
A la par del silencio de la Udlap, los que han callado sobre el tema son el Consorcio Universitario integrado por los rectores de las universidades Ibero Puebla, UPAEP, Anáhuac, UMAD y Tec de Monterrey, así como los representantes de las cámaras empresariales, quienes durante el cierre de la universidad durante ocho meses se dijeron solidarios con la comunidad estudiantil, pero no han hecho ninguna petición a la universidad vecina para transparentar los despidos de personal.
Pero no todos se han hecho de la vista gorda. El excandidato independiente Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que el evitar explicar el despido de profesores y administrativos agrava la situación que atraviesa la universidad, luego de que hace no más de tres meses fue entregado el campus en manos de la misma rectora Anaya Berrios.
“El despido de profesores y administrativos de la @udlap sin explicación clara solo agrava la difícil situación por la que ha atravesado la universidad, y es injusto con ellos. Si hay dificultades económicas, es el momento en que el Patronato de la Fundación debe apoyarla”, manifestó.
El movimiento #UdlapLibre fue utilizado durante 8 meses como ariete por la familia Jenkins de Landa y sus voceros para atacar al gobierno del estado, al acusar el secuestro de la universidad, aunque el fondo era desviar la atención de las ordenes de aprehensión giradas en su contra por el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares.
LLUEVEN CRÍTICAS
Aunque el movimiento estudiantil apoyó durante la pugna a la rectoría y a la familia Jenkins, la respuesta a tres meses de la entrega del campus fue el despido de personal, lo que ha generado críticas de todo tipo.
