El Congreso de Puebla vivirá una jornada histórica este lunes, cuando la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación sea el centro de una discusión que lleva postergándose casi 20 años, desde que se presentó la primera iniciativa de reforma.
En caso de que el Pleno del Poder Legislativo apruebe la reforma al Código Penal de Puebla, la entidad se convertirá en la décimo segunda en despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación y la cuarta en reducir la pena hasta un año de prisión, en caso de que es la interrupción del embarazo se lleve a cabo después del periodo permitido.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó con cinco votos a favor y uno en abstención el proyecto de dictamen para reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado para eliminar la sanción por abortar antes de las 12 semanas de gestación y reducir las penas a un máximo de un año de cárcel.
La minuta de decreto está enlistada en el punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de este día y establece que se someterá a votación en la sesión ordinaria del Pleno refiere que, ahora, el aborto quedará definido como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
Impone de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo.
Con la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, Puebla se sumaría a Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz como las entidades del país que ya modificaron sus códigos penales para quitar la sanción de cárcel por esa actividad.
No obstante, junto con Aguascalientes e Hidalgo permanecerá entre las entidades que todavía sancionan el aborto después de las 12 semanas de embarazo con prisión de seis meses hasta un año.
En Baja California, la menor sanción sería de tres meses de cárcel o de 50 a 200 días de trabajo en favor de la comunidad; en Baja California Sur, la máxima sanción es de dos meses de trabajo comunitario; para Ciudad de México, la pena quedó fijada de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad
En Colima, las sanciones van de uno a tres meses de tratamiento en libertad, consistentes en la aplicación de medidas integrales de salud y psicológica; en el caso de Guerrero, la sanción es de seis meses a dos años de prisión; Oaxaca estipuló en su Código Penal tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad; mientras que, en Quintana Roo, el castigo es de seis meses a dos años de prisión.
As
imismo, en el estado de Sinaloa las sanciones quedaron establecidas de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar a la autoridad judicial y podrán ser en materias de salud, educación o de cualquier índole, y en Veracruz se fijó en 15 días a dos meses de tratamiento en libertad. En los estados de Jalisco y Coahuila hubo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional sancionar el aborto, aunque todavía no modifican sus respectivos códigos.
Durante la discusión en comisión, el diputado del PAN, Miguel Espinosa de los Monteros Gil, reprochó que se le haya celeridad a la discusión de este tema cuando hay más de mil iniciativas en la congeladora que no se han revisado en esta legislatura.
Refirió que alrededor de mil iniciativas quedaron en la congeladora legislativa debido a que no hubo siquiera una revisión en sus respectivas comisiones para analizar la conformación de un proyecto de dictamen, por lo que acusó que en esta legislatura sólo se analizan temas por conveniencia.
“Podemos decir que no legislamos todo lo que se presenta, sino que únicamente aquello que algunas y algunos cuantos les interesa, la realidad es que el próximo lunes se piensa hacer lo mismo, dictaminar por dictaminar un tema sumamente importante para las y los poblanos como lo es el tema del aborto, pero lo peor de ello es que no se piensa hacer de manera correcta, escuchando a la sociedad”, externó.
A su vez, el morenista Fernando Sánchez señaló que con esta reforma se abre la posibilidad de que proliferen clínicas clandestinas que lleven a cabo procedimientos de aborto con costos más bajos.
También cuestionó que el permitir los abortos sin penas puede generar repercusiones físicas y psicológicas en las personas restantes que se lo practiquen.
El presidente de la comisión, Eduardo Alcántara señaló que el estudio de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) esta legislatura ha sido la de mayor apertura al diálogo con las organizaciones civiles y ciudadanos.
“La propia UPAEP en su estudio, cuando analiza a la LXI Legislatura, dice que esta legislatura ha sido la más responsable y que faltan cosas por hacer, y así lo dice en sus hojas iniciales del análisis, razón por la cual ahora es de extrañarse que señalaron que no hay diálogo, cuando reconocen que esta legislatura ha cumplido con el diálogo, con la apertura y hemos cumplido con todos y cada uno de los extremos del reglamento”, expuso.
