El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) chocaron por la propuesta que el gobernador Miguel Barbosa Huerta enviará para sancionar las omisiones de los alcaldes en el nombramiento de directores de seguridad en los municipios.
Mientras el coordinador de la bancada panista Eduardo Alcántara Montiel, consideró errónea la medida para castigar la llegada de directivos con antecedentes penales, el líder de la bancada tricolor, Jorge Estefan Chidiac, dijo que es viable la reforma.
El legislador panista expuso que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla es clara en los filtros establecidos para la contratación de personal y la designación de los directores de seguridad de los municipios, como la presentación de la carta de no antecedentes penales.
Alcántara Montiel manifestó que se debe buscar la manera de evitar que los grupos del crimen organizado se infiltre en las corporaciones policiacas de los municipios, la estatal y hasta en la Guardia Nacional.
Puntualizó que, en el caso de los Ayuntamientos, deben cumplir con las evaluaciones de control de confianza, pues en muchos casos no se tiene prevista la aplicación de estas evaluaciones o en otras no se tiene el recurso para el pago de estos exámenes, por lo que consideró que se debe considerar una exención fiscal para los municipios en estos procedimientos.
“Se tiene que buscar que también el gobierno del estado genere una exención fiscal, que los exámenes no cuesten para los municipios para que ese no sea el pretexto para que el municipio no evalúe a sus policías, porque hoy el pretexto es que muchos policías dicen que no tienen el dinero para pagar las evaluaciones de control de confianza”, expuso Alcántara Montiel.
Añadió que también se requiere que los municipios realicen una evaluación completa a la situación de fondo de cada uno de los municipios para elaborar estrategias específicas de actuación.
Por su parte, Estefan Chidiac consideró que es oportuna la reforma anunciada por el mandatario estatal, pues a su parecer no se trata de una situación de colusión de las corporaciones policiacas con el crimen organizado, sino de un incumplimiento de las reglas para la contratación en esta área del gobierno.
El coordinador de la bancada tricolor comentó que en muchos de los casos en los que se registra la ejecución de directores de seguridad, el comisario se encontraba en un ejercicio indebido de funciones por no cumplir con todos los requerimientos de control de confianza.
“Ha sido costumbre que muchos alcaldes para salir del paso contratan personas no autorizadas; me parece muy razonable que el gobernador lo haya planteado y es algo que sería buenísimo que todos los alcaldes se ajusten”, manifestó al mismo tiempo de considerar que se deben poner sanciones y procedimientos claros.
Agregó que debe ser un delito tanto para el alcalde que contrate a un comisario de seguridad sin cumplir con los requisitos, como para el director de seguridad que ejerza sus funciones de forma indebida.
