Un tribunal federal sentenció en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraídos a la Fundación Jenkins. El fallo del Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a Juan Carlos Jenkins de Landa y al abogado Carlos Román Hernández, ordenando a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) archivar la carpeta de investigación.
Este revés judicial para la Fiscalía General de la República (FGR) se basa en la consideración de que la reapertura del caso fue realizada de manera legalmente cuestionable y con desprecio al Estado de derecho.
Esta decisión implica la cancelación de la vinculación a proceso dictada contra Jenkins y Hernández por el delito de lavado de dinero, quienes han estado llevando su procedimiento en libertad desde enero pasado.
Además, se anularán las órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas al caso, incluyendo a Roberto y María Elodia Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes estaban prófugos de la justicia.
El fallo del tribunal, emitido por unanimidad, invalida la decisión de reabrir el caso tomada por el entonces Subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos López, quien ordenó la reapertura basándose en una solicitud del denunciante que buscaba ser reconocido como víctima u ofendido en el asunto ya cerrado.
Según la sentencia, la razón para echar por tierra el caso sucede porque sólo la víctima podía pedir ante un juez de control y no ante la FGR la reapertura de la investigación.
“Desde este enfoque sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la plasmada situación preexistente a favor de los peticionarios fue arbitrariamente revocada por la autoridad responsable con la posterior emisión del dictamen de 12 de junio de 2020”, dicta la sentencia.
El conflicto por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins remonta décadas atrás, pero fue en la administración de Luis Miguel Barbosa cuando explotó, luego de que Guillermo Jenkins de Landa levantó acusaciones contra sus propios familiares por presuntamente apropiarse del patrimonio de la Fundación Jenkins, establecida en 1954 con fines filantrópicos.
Los eventos se remontan al año 2014, cuando la Fundación Jenkins donó su patrimonio valuado en 720 millones de dólares a otra organización llamada “Bienestar para la Filantropía”.
Este acto desencadenó una serie de acciones legales, ya que Guillermo Jenkins de Landa, como primogénito y heredero, presentó denuncias tanto en la Junta de Puebla como ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el año siguiente, en 2015, un despacho de abogados vinculado a la familia estableció la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá, la cual se beneficiaría del dinero transferido desde la Fundación Jenkins.
La situación tomó un nuevo giro en mayo de 2018, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de acción penal en la investigación contra los Jenkins. Sin embargo, en junio de 2020, bajo la gestión de Alejandro Gertz como titular de la FGR, el Subprocurador Juan Ramos López reabrió la carpeta de investigación.
Finalmente, en febrero de 2021, la FGR llevó el caso ante el juez de Almoloya, quien ordenó la aprehensión de los Jenkins por presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la gestión del patrimonio de la Fundación Jenkins.
