Tras la entrada en vigor de las reformas que despenalizan el aborto en Puebla, la Secretaría de Salud del estado permitirá que médicos que invoquen objeción de conciencia no practiquen la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en los hospitales preparados para ello.
La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, informó que hasta ahora en solo cinco hospitales se realizará esta práctica, tras la publicación del paquete de reformas a la ley que permiten a las mujeres abortar hasta antes de ese plazo sin ser castigadas.
Soria Córdoba detalló que hasta el momento avanza la capacitación al personal médico del sector salud público para atender a pacientes que decidan interrumpir el embarazo que no pase de las 12 semanas.
En entrevista, dijo que la capacitación del personal de salud y unidades médicas se dará de forma paulatina, y los médicos que se rehúsen a realizar este tipo de prácticas no participarán.
“Como instituciones, no están preparadas para esto, se está haciendo la capacitación a las unidades médicas de todo el sector, no nada más hablamos de la Secretaría de Salud, sino de Bienestar, del IMSS, del ISSSTEP, así también a las clínicas privadas”, comentó.
Reiteró que son cinco los hospitales ya capacitados donde ya se podría ejercer este derecho de la despenalización del aborto que son: El Hospital de la Mujer, de la Mujer en Tehuacán, el Hospital Regional del ISSSTE, y del ISSSTEP y el de la Margarita.
Araceli Soria argumentó que este número de clínicas aumentará en Puebla conforme se vaya capacitando al personal y añadió que las mujeres que requieren de este servicio, deberán acudir a una de estas clínicas, y pedir la despenalización del aborto.
El pasado jueves fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) las reformas al Código Penal del Estado aprobadas el 15 de julio por el Congreso del Estado, con lo que entraron en vigor el viernes las nuevas disposiciones.
En el documento se señala que el derecho a decidir otorga dignidad a las mujeres y personas gestantes, base de los derechos humanos, por tanto, el Estado debe garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, tales como el derecho a la educación sexual, el acceso a la interrupción del embarazo realizado por profesionales de forma segura y gratuita, y en condiciones de calidad; entre otros.
