El gobernador Miguel Barbosa Huerta responsabilizó a los jueces y a los abogados de provocar un retraso en la aplicación de la ley, lo que hace que exista un índice menor de efectividad en la aplicación de penas, pero sentenció que en Puebla no hay impunidad.
Tras darse a conocer diversas mediciones sobre el deficiente trabajo que desempeña el Poder Judicial, a cargo de Héctor Sánchez Sánchez, el mandatario se pronunció por abreviar el procedimiento para que una conducta delictiva reciba una sanción.
En muchas ocasiones son los propios abogados litigantes quienes recurren a toda clase de argucia legal para retrasar el procedimiento, cuando en otros tiempos hasta ellos mismos se cuidaban de no llevar asuntos de delincuentes mediáticamente señalados como peligros.
Acusó que en la actualidad los abogados “no tienen freno”, “se atreven a todo” y se vinculan a todos los asuntos ya sean de peligrosidad o no, por lo que es la práctica de la abogacía la que en muchas ocasiones retarda la aplicación de una sentencia condenatoria.
“Es grave y es hasta ilegal el retardo en los asuntos, no tiene que ver con la falta de actividad procesal generada por los juzgadores, no, por la estrategia de defensa de los abogados. Plagan los procedimientos de impugnaciones, de amparos”, puntualizó Miguel Barbosa.
Esta situación no es particular del estado, pues a nivel federal se vive un momento muy complicado en materia de amparos, resoluciones y procedimientos legales, ya que existe un rezago importante de asuntos por desahogar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En Puebla no hay impunidad, aquí todos los delitos que se cometen se sancionan, hay un retardo en la aplicación de la ley, debían ser más breves y aquí tiene que ver con la actuación de los juzgadores y la actuación de los abogados”, apuntó.
Se pronunció por recuperar el sentido ético y moral en el desempeño del servicio profesional, principalmente el de la abogacía, pues los litigantes “hacen todo, no tiene límite en el ejercicio de la profesión, trampas, ya no es la ley lo que se aplica, es como evitar el cumplimiento de la ley”, consideró Miguel Barbosa.
Refirió que la sociedad se duele de los actos de injusticia que se cometen en el Poder Judicial, ya que “ver salir de la cárcel a un delincuente a todos nos duele, y luego poner argumentos, dicen los jueves: `es un asunto de argumentación, es un asunto de argumentación´, decir que son argumentaciones”, señaló.
Añadió que se debe tener fe en el Derecho como el mejor instrumento de la convivencia humana, como reza uno de los mandamientos del abogado, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, pero sobre todo hay que tener fe en la libertad, sin la cual no hay ni derecho, ni justicia ni paz.
Por ello, dijo que su gobierno se ha enfocado a fortalecer al Poder Judicial para que los jueces y magistrados desempeñen mejor su trabajo, además de que contarán con diez casas de justicia en todo el estado y se pronunció porque reciban un mejor salario.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sostiene que, de los 46 mil 114 asuntos ingresados por el TSJ, sólo 15 mil 712 fueron concluidos por la autoridad, es decir, apenas el 34 por ciento del total.
En tanto que organizaciones internacionales como World Justice Proyect apuntan al mismo panorama y es que, en cuanto a la evaluación del índice de estado de derecho, Puebla se encuentra en la penúltima posición nacional al momento de revisar aspectos como la corrupción, gobierno abierto, justicia civil y penal, entre otros.
